La polémica por el ático de 6,3 millones de euros adquirido por la Comunidad de Madrid suma un nuevo capítulo. La empresaria y escritora Astrid Gil-Casares, propietaria del inmueble vendido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha autorizado por escrito que se hagan públicos los detalles de la operación. Así lo ha adelantado este viernes 'El País', una información que también ha sido corroborada por David Fernández, biógrafo no autorizado de Ayuso, en ‘Mañaneros 360’ de TVE y que ya había sido adelantada por el periodista Ernesto Ekaizer.
El permiso de la vendedora abre ahora la puerta a que la información sobre la compra pueda ser facilitada por Transparencia. Hasta el momento, Planifica Madrid, la empresa pública encargada de gestionar la adquisición, había rechazado entregar el expediente y otros documentos vinculados a la operación al considerar que afectaban a “terceros” y que era necesario contar con su autorización.
El silencio que rodeaba a la operación estaba vinculado a un compromiso de confidencialidad que la empresaria asumió al cerrar la venta con la Comunidad de Madrid. Ahora, al haber autorizado expresamente la difusión de la información, se abre la posibilidad de acceder a una documentación que hasta este momento no había podido ser entregada por Transparencia.
La existencia de este acuerdo ya había salido a la luz tras la publicación de la compra. Gil-Casares explicó entonces que las condiciones pactadas le impedían pronunciarse sobre “las circunstancias de la operación”. La empresaria también marcó distancias con la explicación sobre el uso que tendría el inmueble y afirmó: “En cualquier caso, desconozco por completo el destino que se pretendía dar a dicho inmueble”.
Los requisitos que la Comunidad trasladó para buscar el inmueble
La autorización de la vendedora llega además después de que se conocieran los requisitos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid trasladó a la inmobiliaria durante la búsqueda del espacio. Según la información publicada por 'El País', la comunidad solicitó: “Entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza”.
Estos requisitos ponen en duda el relato del Gobierno de Ayuso que ha defendido que el inmueble se adquirió para albergar las "oficinas" del Ejecutivo mientras se desarrollan las obras de la Real Casa de Correos. La operación, valorada en 6,3 millones de euros y gestionada a través de Planifica Madrid, se encuentra así nuevamente bajo el foco mientras la autorización de la vendedora puede permitir acceder a documentación hasta ahora reservada.
Mientras tanto, Ayuso continúa sin ofrecer explicaciones detalladas sobre la adquisición del ático y, preguntada por la polémica, se ha limitado a responder: “Está vendida. Chao pescao”.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
