El Gobierno de España ha respondido al Gobierno de Italia por su iniciativa ante la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de personas en el territorio español. En este sentido, han instado al país de Georgia Meloni a llevar a cabo, en dos días, este domingo, a la suspensión del 'espacio Schengen', de lo contrario, aseguran desde el Ejecutivo, "España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos".
España ha exigido que se "ponga fin a los controles y trate a los espñoles como al resto de ciudadanos europeos" que han afectado, desde el 1 de agosto "a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica".
De la misma forma, han manifestado que dichas restricciones se han realizado "sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad", calificándo la actuación del Gobierno de Meloni de "injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria".
Además, le han recordado a Italia, uno de los países con más cruces irregulares de migrantes, que practicamente todas las personas que entraron en el territorio español, "ya han retornado a Marruecos".
El espacio Schengen
La normativa que regula el espacio Schengen no contempla la posibilidad de expulsar a un Estado miembro de la zona de libre circulación. De este modo, España mantiene intacta su condición de integrante del acuerdo, a pesar de que durante la crisis migratoria de Ceuta varios gobiernos europeos reclamaron que se adoptaran medidas en ese sentido.
Lo que sí prevé el Código de fronteras Schengen es que cada Estado pueda restablecer de manera temporal los controles en sus fronteras interiores, ya sea en todo su territorio o en una parte de él. Para ello, debe existir una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, tratarse de una medida excepcional y aplicarse respetando los criterios de necesidad y proporcionalidad.
Entre los supuestos recogidos por la legislación figuran los atentados terroristas, la delincuencia organizada de especial gravedad, las crisis sanitarias, la celebración de grandes eventos internacionales o la llegada repentina y masiva de ciudadanos de terceros países cuando esta situación pueda comprometer el funcionamiento del espacio Schengen.
Si la amenaza surge de forma inesperada y requiere una actuación urgente, los controles pueden implantarse durante un periodo inicial de un mes, prorrogable hasta un máximo de tres. En cambio, cuando el riesgo es previsible, la normativa permite mantenerlos durante seis meses en un primer momento, con la posibilidad de ampliarlos hasta dos años y, de manera extraordinaria, prolongarlos hasta un límite de tres años.
Además, tanto la Comisión Europea como cualquiera de los Estados miembros tienen la facultad de poner en duda si esos controles cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad. En ese caso, debe abrirse un proceso de consultas con el país que los haya restablecido, aunque la decisión de activarlos corresponde, en primera instancia, al Gobierno del Estado afectado, tal y como recoge el Código de fronteras Schengen.
"No ha sido violentado"
El pasado martes tuvo lugar una reunión del Consejo extraordinario de ministros de Interior de la Unión Europea a la que acudió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Posteriormente, en la rueda de prensa al finalizar el encuentro, el ministro reconoció la entrada de 72.000 personas de forma irregular en Ceuta y que 70.00 ya habían regresado a Marruecos.
Por otro lado, aseguró que el tono de sus homólogos europeos había sido "absolutamente constructivo" y aseveró: "Se ha reconocido el trabajo extraordinario y la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas". En esta misma línea, trasladó que "ha quedado claro que el espacio Schegen no ha sido violentado".
Marlaska reiteró ante los medios de comunicación su "confianza absoluta" en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pero ha reiterado que no huno "ningún informe" que alertara de la crisis en Ceuta. Además, ha aasegurado que el Gobierno ya trabajaba días antes en la ainstalación de unja barrera neumática y boyas tras el fallo del Tribunal Supremo.
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