La Comisión Europea ha dado este viernes un primer paso concreto para reforzar su respuesta a la crisis de Ceuta. Una misión técnica comunitaria viajará la próxima semana a la ciudad autónoma para conocer la situación sobre el terreno y precisar qué medios europeos necesita España después de la entrada irregular de más de 70.000 personas desde Marruecos a finales de julio.
El viaje se ha acordado tras una conversación entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner. Interior ha asegurado que el responsable comunitario ha recibido información sobre la evolución de la crisis, el ritmo del triaje, la tramitación de las solicitudes de asilo y las medidas previstas para devolver a quienes carezcan de derecho a permanecer en España.
"He tenido una buena conversación telefónica con el ministro Grande-Marlaska sobre la situación en evolución en Ceuta", ha explicado Brunner. El comisario también ha destacado los esfuerzos españoles para mejorar la seguridad y ha confirmado "avances importantes" en la petición de asistencia financiera y operativa presentada ante Bruselas.
I had a good phone call with Minister Grande-Marlaska on the evolving situation in Ceuta. He updated me on Spain’s response and the next steps concerning the return of those who remain illegally, as well as efforts to improve security on the ground.
— Magnus Brunner (@magnusbrunner) September 4, 2026
Una misión para concretar la ayuda europea
La delegación permitirá a los expertos comunitarios comprobar las necesidades de Ceuta y definir el posible refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. La financiación de emergencia continúa en fase de evaluación y requerirá una decisión posterior de la Comisión.
El anuncio llega después de que Bruselas reconociera este jueves que todavía tenía "preguntas abiertas importantes" sobre las peticiones españolas. El portavoz europeo de Interior y Migración, Markus Lammert, evitó concretar esas dudas y las vinculó con la forma de desplegar sobre el terreno los recursos económicos y operativos solicitados.
La llamada entre Grande-Marlaska y Brunner ha acercado posiciones, aunque todavía quedan aspectos por cerrar. La Comisión mantiene el expediente entre sus prioridades y la misión servirá precisamente para convertir las peticiones generales en necesidades identificadas, lugares de despliegue y actuaciones concretas.
El Ministerio del Interior ha solicitado 32 millones de euros para financiar 14 medidas relacionadas con la gestión de la emergencia. El paquete contempla recursos para el triaje y la tramitación de expedientes, personal de la Agencia de Asilo para realizar entrevistas y labores de interpretación y más apoyo comunitario en la gestión de la frontera.
Frontex ya trabaja en el puerto de Ceuta. El Gobierno quiere ampliar esa intervención con una presencia permanente tanto en el puerto como en el espigón fronterizo, una posibilidad que ahora deberá analizarse con la propia agencia. Sánchez también ha pedido a Europol una misión específica para seguir los movimientos migratorios irregulares y combatir a las redes dedicadas al tráfico de personas.
La respuesta europea tendrá que cubrir igualmente los procedimientos de retorno. Bruselas ha insistido en la devolución de quienes permanezcan en situación irregular, una vez resueltos sus expedientes y respetadas las garantías previstas para quienes soliciten protección internacional. Según los datos presentados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más del 90% de quienes cruzaron durante las primeras horas regresaron a Marruecos en los tres días siguientes.
El salto político hacia una mayor integración
El despliegue operativo constituye la parte inmediata de la negociación. El Ejecutivo ha abierto al mismo tiempo un debate de mayor recorrido para que Ceuta y Melilla ganen peso dentro de la arquitectura comunitaria. Sánchez anunció este jueves que España pedirá su entrada en la unión aduanera, una representación estable en el Comité Europeo de las Regiones y el reconocimiento como regiones ultraperiféricas.
La Unión Europea cuenta actualmente con nueve territorios bajo ese estatuto, entre ellos Canarias, Madeira, las Azores y seis regiones francesas. Su singularidad geográfica permite adaptar normas comunitarias sobre fiscalidad, aduanas, ayudas públicas, agricultura o pesca, además de facilitar asignaciones específicas procedentes de fondos europeos.
El reconocimiento proporcionaría a Ceuta y Melilla un respaldo económico e institucional más estable, pero exige una negociación compleja. El cambio requiere alterar su encaje en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consultar al Parlamento Europeo y obtener la unanimidad de los Veintisiete. El Gobierno deberá convencer además a sus socios de que la posición geográfica y económica de ambas ciudades justifica incorporarlas a un régimen reservado a territorios con condicionantes estructurales permanentes.
La integración en la unión aduanera cuenta con un camino previsto desde la adhesión de España a las comunidades europeas. También necesita una propuesta de la Comisión y el respaldo unánime de los Estados miembros. En el Comité de las Regiones, España dispone de 21 representantes y puede reorganizar su delegación para dar entrada a las ciudades autónomas, con la posterior aprobación formal del Consejo.
La misión técnica coincidirá con la visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a Bruselas el próximo martes. El dirigente ceutí se reunirá con Brunner y con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y acudirá al Parlamento Europeo para abordar la situación de la ciudad junto al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Javier Zarzalejos.
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