Cinco países europeos preparan un plan para trasladar a migrantes con el asilo rechazado a centros de deportación en Ruanda a partir de 2027

Autralia, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos buscan acelerar las expulsiones fuera de la Unión Europea, una medida que ha generado críticas por sus posibles consecuencias sobre los derechos humanos

16 de noviembre de 2026 a las 18:57h
Bandera de la Unión Europea junto a varias banderas de los países pertenecientes, durante la reunión informal ministerial. Foto de archivo: Eduardo Sanz / Europa Press
Bandera de la Unión Europea junto a varias banderas de los países pertenecientes, durante la reunión informal ministerial. Foto de archivo: Eduardo Sanz / Europa Press

Cinco países europeos han acordado con Ruanda la creación de un centro de deportación para trasladar a personas migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas en la Unión Europea. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han anunciado este lunes el proyecto en Viena, una iniciativa que pretende acelerar las expulsiones de personas que no pueden ser devueltas a sus países de origen.

El acuerdo contempla la apertura del primer centro en 2027 y supone un paso más en la estrategia de externalización de las políticas migratorias europeas. Con este sistema, los gobiernos participantes pretenden trasladar a un tercer país a personas que ya no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario y cuyo retorno a su país de origen no ha podido completarse.

El canciller austríaco, Christian Stocker, ha calificado el proyecto como un "cambio de paradigma verdaderamente histórico" en la política migratoria europea. Según ha defendido, el objetivo es reducir la presión sobre los sistemas de acogida y combatir las redes de tráfico de personas, además de evitar nuevas muertes en las rutas migratorias.

Bruselas respalda la iniciativa mientras España y Francia muestran sus reservas

La decisión cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, que ha celebrado los trabajos preparatorios de los cinco gobiernos y ha destacado la necesidad de mejorar la eficacia del sistema de retornos. El portavoz comunitario de Interior y Migración, Markus Lammert, ha asegurado que Bruselas valora los esfuerzos realizados para garantizar el respeto de los derechos humanos y la cooperación con los organismos de Naciones Unidas.

La Comisión también ha recordado que la nueva normativa europea sobre retornos permite a los Estados miembros establecer centros de este tipo en terceros países. No obstante, Bruselas todavía debe estudiar los detalles del proyecto y determinar si puede financiar algunas de sus actuaciones con fondos comunitarios. Sin embargo, no todos los gobiernos europeos comparten esta estrategia. España y Francia se han situado entre los países más críticos con la creación de centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias, debido a las dudas sobre su encaje legal y las garantías que se ofrecerían a las personas trasladadas.

La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria de la UE, que busca aumentar las expulsiones de personas sin derecho de residencia. El debate sobre estos centros también ha ganado protagonismo en el Parlamento Europeo, donde las nuevas normas de retorno han generado divisiones entre los grupos políticos.

Las ONG alertan del riesgo para los derechos de los migrantes

El acuerdo ha despertado las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que cuestionan tanto el traslado de personas a países con los que no tienen vínculos como las garantías de protección que podrán recibir una vez fuera de Europa. Desde Human Rights Watch, la investigadora especializada en África y Ruanda, Clementine de Montjoye, ha advertido de que estos centros pueden suponer una forma de trasladar las responsabilidades europeas a terceros países y ha alertado sobre los posibles daños para las personas deportadas.

En la misma línea, la organización PICUM, dedicada a defender los derechos de las personas migrantes, ha cuestionado que los gobiernos utilicen expresiones como "centros de retorno" o "centros de acogida" para definir estas instalaciones. Su responsable de incidencia política, Chiara Catelli, considera que enviar a personas a un país desconocido, lejos de sus familias y redes de apoyo, supone una ruptura con la vida que han construido en Europa. Ruanda, por su parte, ha defendido su participación en el proyecto y ha presentado el acuerdo como una oportunidad para ofrecer una segunda posibilidad a las personas trasladadas. El país africano ya había firmado en 2025 un acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 250 migrantes y solicitantes de asilo deportados.

La iniciativa europea también recuerda al controvertido plan impulsado por el anterior Gobierno conservador británico en 2022 para enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Sin embargo, aquel proyecto fue bloqueado por la Justicia británica, que consideró que el país no podía ser considerado un destino seguro para las personas deportadas. Con este nuevo acuerdo, los cinco gobiernos europeos pretenden poner en marcha un modelo que podría marcar el futuro de la política migratoria comunitaria y abrir un nuevo debate sobre los límites de las deportaciones fuera de la Unión Europea.

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Carlota Pastor, redactora de ElConstitucional.es
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