Daniel Ortega ha decidido prescindir de la última apariencia democrática que conservaba Nicaragua. El mandatario ha anunciado que el país no volverá a celebrar elecciones que permitan a la oposición disputar el poder, una decisión con la que pretende asegurar la continuidad del régimen que comparte con su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
"Aquí no volverá a haber elecciones", sentenció durante el acto celebrado en Managua por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista. Ortega acusó a sus adversarios de intentar "atrapar el Gobierno" mediante las urnas y prometió impulsar nuevas leyes para impedir que los partidos opositores vuelvan a competir.
El anuncio carece por ahora de un desarrollo jurídico concreto, pero su intención política resulta inequívoca. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, será utilizada para levantar el "muro" legal anunciado contra quienes el régimen califica de "golpistas" y "vendepatrias".
Nicaragua debía volver a las urnas en noviembre de 2027 después de que una reforma constitucional prolongara el mandato presidencial. La declaración de Ortega coloca ahora incluso esa convocatoria bajo una seria amenaza y deja a los ciudadanos sin un mecanismo institucional para sustituir a sus gobernantes.
Una dictadura que ya había vaciado las elecciones
Las palabras de Ortega suponen un salto especialmente grave, aunque la competencia electoral llevaba años desmantelada. En los comicios de 2021, el régimen detuvo a los principales aspirantes presidenciales, ilegalizó partidos y persiguió a empresarios, periodistas y dirigentes sociales antes de atribuir al presidente más del 75% de los votos.
La oposición con posibilidades reales de disputar el poder quedó fuera de la papeleta. Estados Unidos calificó aquellas elecciones de "pantomima" y la comunidad internacional cuestionó su legitimidad ante la ausencia de garantías, observación independiente y pluralismo político.
El nuevo anuncio elimina incluso esa representación formal. Ortega ya no se limita a organizar elecciones sin adversarios capaces de derrotarlo, sino que admite públicamente que considera inaceptable cualquier votación que pueda provocar un cambio de Gobierno. "Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis y los somocistas vuelvan a llegar al poder. Jamás, jamás, jamás", proclamó ante sus simpatizantes. La voluntad ciudadana queda así subordinada a la decisión de una familia que identifica su permanencia con la continuidad del propio Estado.
La oposición Renacer considera que el régimen ha dejado de fingir que gobierna con el consentimiento de la población. Para este movimiento, el anuncio confirma que las elecciones han sido reducidas a una herramienta de legitimación y que Ortega solo contempla procesos cuyo resultado esté decidido de antemano.
El poder compartido con Rosario Murillo
Ortega, de 80 años, regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha ido desmontando los límites constitucionales que impedían su permanencia indefinida. El control del Ejecutivo se ha extendido sobre el Parlamento, la Justicia, el órgano electoral, la Policía, las Fuerzas Armadas y buena parte de la vida económica y social del país.
Rosario Murillo comenzó a ejercer como vicepresidenta en 2017 y fue elevada a copresidenta mediante la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025. La modificación amplió los mandatos a seis años, desdibujó la separación de poderes y colocó al resto de instituciones bajo la coordinación de la Presidencia.
Naciones Unidas advirtió entonces de que el cambio otorgaba facultades prácticamente ilimitadas a la pareja. Los expertos internacionales describieron una estructura en la que las instituciones estatales funcionan para conservar el poder, vigilar a la población y neutralizar cualquier voz crítica.
La copresidencia también prepara una posible sucesión dinástica. Murillo concentra la gestión cotidiana del Gobierno, controla la comunicación oficial y ha situado a varios familiares en posiciones relevantes dentro del aparato político, mediático y empresarial.
La supresión de la competencia electoral permitiría resolver esa sucesión dentro del propio régimen, sin someterla al voto ciudadano. El modelo que termine aprobándose puede conservar votaciones simbólicas o sustituirlas por designaciones internas, pero Ortega ya ha dejado claro que ninguna de ellas podrá amenazar la continuidad familiar.
De la revolución contra Somoza a una nueva dictadura
La escena contiene una de las mayores contradicciones de la historia reciente de Nicaragua. Ortega participó en la revolución que derrocó en 1979 a la dictadura de Anastasio Somoza, cuya familia había controlado el país durante más de cuatro décadas.
El líder sandinista aceptó entonces un sistema electoral y perdió la Presidencia en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro. Aquel relevo pacífico demostró precisamente que una fuerza revolucionaria podía abandonar el Gobierno y continuar formando parte de la vida política.
Ortega regresó mediante las urnas diecisiete años después. Desde la Presidencia reformó las reglas, sometió las instituciones y fue apartando a sus adversarios hasta impedir que una derrota como la de 1990 pudiera repetirse.
La represión se endureció después de las protestas de 2018. Más de 300 personas murieron durante la respuesta de las fuerzas de seguridad y de grupos armados afines al Gobierno, según organismos internacionales. Las autoridades justificaron la violencia mediante la acusación de un intento de golpe de Estado promovido desde el extranjero.
Desde entonces, la persecución ha alcanzado a opositores, estudiantes, defensores de derechos humanos, sacerdotes, empresarios, universidades, organizaciones sociales y medios independientes. Muchos de sus integrantes han terminado detenidos, despojados de sus bienes o empujados al exilio.
Cárcel, destierro y retirada de la nacionalidad
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha documentado un sistema sostenido de vigilancia, detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, confiscaciones y desapariciones forzadas. Su último informe acusa al Gobierno de financiar la represión mediante el desvío ilegal de fondos públicos y de perseguir a los exiliados fuera de las fronteras nicaragüenses.
Las autoridades han retirado arbitrariamente la nacionalidad a 452 personas y han dejado a miles de exiliados en una situación de apatridia de facto al negarles pasaportes, documentos o el regreso al país. Las represalias se extienden también a familiares que permanecen en Nicaragua, sometidos a vigilancia, amenazas, pérdida de empleo o confiscación de propiedades.
Miles de organizaciones sin ánimo de lucro han sido clausuradas desde 2018. El cierre ha afectado a entidades humanitarias, asociaciones profesionales, universidades, organizaciones religiosas y grupos dedicados al desarrollo comunitario.
La prensa independiente ha sufrido igualmente el cierre de redacciones, la incautación de instalaciones y el encarcelamiento de periodistas. Buena parte de los medios nicaragüenses trabaja ahora desde Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países de acogida.
Los expertos de la ONU sostienen que varias de estas prácticas pueden constituir crímenes de lesa humanidad. El aparato represivo ya opera más allá del territorio nacional mediante redes de vigilancia y hostigamiento contra quienes lograron escapar.
Rubio denuncia el "miedo" de Ortega a las urnas
Estados Unidos ha encabezado la primera gran respuesta internacional al anuncio. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha acusado a Ortega de mostrar "su verdadera naturaleza autoritaria" y ha definido el sistema nicaragüense como una dictadura familiar.
"El compromiso de Ortega de abolir las elecciones demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense", ha escrito Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense considera que Ortega y Murillo han abandonado incluso la apariencia de contar con respaldo ciudadano.
The Trump Administration and the international community will not stand by as the Murillo-Ortega dictatorship deepens repression at home and manufactures instability that threatens U.S. national security. Ortega’s pledge to abolish elections in Nicaragua proves his cowardice and…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 21, 2026
Rubio ha reclamado a la comunidad internacional que actúe y ha advertido de que Nicaragua no puede mantener unas relaciones normales mientras destruye los principios democráticos del continente. Washington vincula además el endurecimiento del régimen con una amenaza para la estabilidad regional y para su propia seguridad nacional.
Estados Unidos ha impuesto durante los últimos años sanciones financieras y restricciones de visado contra funcionarios, familiares y entidades vinculadas al aparato represivo. La Administración Trump ha prometido mantener la presión, aunque todavía no ha anunciado medidas concretas en respuesta a la supresión electoral.
La Unión Europea, la ONU, la Organización de Estados Americanos y numerosos gobiernos latinoamericanos ya habían condenado la reforma constitucional de 2025 y la persecución de la oposición. La reacción coordinada que reclama Rubio deberá determinar ahora si aquellas censuras se traducen en nuevas sanciones, aislamiento diplomático o iniciativas internacionales de rendición de cuentas.
Un país estable a costa del miedo
El régimen conserva el control interno gracias a una combinación de represión, vigilancia y estabilidad económica. Nicaragua ha evitado algunas de las crisis fiscales sufridas por otros países de la región y mantiene el flujo de remesas enviadas por cientos de miles de ciudadanos que viven en el extranjero.
Esa estabilidad convive con una sociedad civil desarticulada y con una enorme diáspora. Centenares de miles de nicaragüenses han salido del país desde 2018, principalmente hacia Costa Rica, Estados Unidos y España, por motivos políticos, económicos o de seguridad.
La ausencia de protestas masivas tampoco implica aceptación. Los controles policiales, el castigo a familiares y la posibilidad de perder el trabajo, la vivienda o la nacionalidad reducen cualquier espacio para expresar disidencia dentro del país.
El anuncio de Ortega busca transformar esa situación de hecho en una regla permanente. La oposición quedaría confinada al exilio, el Frente Sandinista controlaría los mecanismos de sucesión y el voto dejaría de ofrecer incluso una expectativa futura de cambio.
La siguiente decisión corresponderá a la Asamblea Nacional, que deberá convertir la amenaza presidencial en una reforma legal o constitucional. Ortega no ha presentado todavía el texto ni ha aclarado si desaparecerán todas las elecciones, pero ya ha ordenado que ninguna urna pueda apartar del poder a su familia.
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