El Parlamento Europeo ha expresado este jueves su "pleno apoyo y solidaridad" con Ceuta y ha declarado "incuestionables" la soberanía española y la integridad territorial de la ciudad autónoma. La resolución ha salido adelante en Estrasburgo con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, aunque el contenido ha abierto una profunda división entre los grupos.
El texto impulsado por el Partido Popular Europeo ha reunido a los conservadores, los liberales de Renew y los tres grupos de ultraderecha. Los socialistas, Los Verdes y las demás formaciones de izquierda han votado en contra. Entre los partidos españoles también se han desmarcado el PSOE y el PNV.
La diferencia no ha estado en el respaldo a Ceuta ni en la defensa de su españolidad. El principal choque ha llegado por el lenguaje utilizado y por las acusaciones incorporadas contra el Gobierno. La resolución califica la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio como una "invasión" y una forma de "guerra híbrida", vincula la regularización extraordinaria con un supuesto "efecto llamada" y responsabiliza al Ejecutivo de haber reaccionado tarde.
La resolución carece de efectos vinculantes, pero eleva la presión política sobre Marruecos y consolida la crisis de Ceuta dentro de la agenda europea. También reclama utilizar los 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia concedidos por la Comisión Europea para reforzar la seguridad, mejorar la atención a las personas afectadas y recuperar la normalidad.
Europa eleva la presión sobre Marruecos
La Eurocámara exige a Rabat que cumpla sus compromisos sobre control fronterizo, cooperación migratoria y readmisión. El texto considera incompatible con la relación entre la Unión Europea y Marruecos cualquier declaración que cuestione la soberanía española sobre Ceuta.
La resolución también abre la puerta a suspender y recuperar fondos europeos entregados a países terceros cuando exista falta de cooperación o estén amenazados los intereses de un Estado miembro. La medida procede de una enmienda de Vox, aunque el pleno rechazó su propuesta más extrema para cortar inmediatamente toda la financiación destinada a Marruecos.
El documento pide acelerar el retorno de quienes carezcan de derecho a permanecer en territorio comunitario. La referencia incluye a los menores no acompañados, aunque cualquier devolución deberá cumplir la legislación europea, estudiar individualmente cada expediente y garantizar el interés superior del menor y una recepción segura en el país de destino.
El pleno ha mostrado además su "profundo pesar" por la muerte de 141 personas que intentaron alcanzar Ceuta a nado durante aquellos dos días. La resolución reclama a España y Marruecos mayor cooperación para impedir que vuelva a producirse una tragedia semejante.
El Partido Popular ha celebrado el resultado como un respaldo europeo a la posición que viene defendiendo desde julio. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "Europa ha estado con Ceuta y con España" y ha reclamado una respuesta conjunta para proteger la frontera exterior.
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha afirmado que la votación deja un mensaje claro. "Ceuta no se vende. Se defiende", ha señalado antes de exigir a Rabat que readmita a las personas que puedan ser retornadas conforme a la ley.
La izquierda rechaza el relato de la "invasión"
Los socialistas han justificado su voto contrario por la incorporación del término "invasión" y por unas conclusiones que atribuyen al Gobierno decisiones que habrían agravado la crisis. También rechazan que se dé por acreditado un vínculo entre la regularización extraordinaria y las entradas masivas sin pruebas concluyentes que lo demuestren.
La resolución sostiene que las autoridades españolas desatendieron advertencias previas y solicitaron con retraso la ayuda de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. El Gobierno mantiene que el mensaje conocido del Centro Nacional de Inteligencia formaba parte de una comunicación informal, carecía de información nueva y tampoco anticipó las dimensiones de lo ocurrido.
El Ejecutivo ha defendido este jueves ante el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, su disposición a acelerar los procedimientos de retorno y protección internacional cuando se produzcan crisis excepcionales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que cualquier cambio mantenga las garantías legales y permita responder con mayor rapidez.
La ultraderecha Vox ha presentado el resultado como una victoria de sus posiciones y ha destacado la posibilidad de condicionar los fondos entregados a terceros países. Su jefe de filas en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha anunciado además que solicitará la creación de una comisión especial para investigar la planificación, la ejecución y las responsabilidades de la entrada masiva.
El Gobierno continuará ahora la negociación iniciada en Bruselas para conseguir una presencia permanente de Frontex, un asiento estable para Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, su entrada en la Unión Aduanera y una financiación que reconozca las particularidades de la frontera sur.
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