El Gobierno de España ha felicitado a Líbano por la aprobación parlamentaria, este 11 de agosto, de la ley que elimina la pena de muerte para todos los delitos y consolida su abolición en el ordenamiento jurídico del país.
Exteriores considera que esta decisión supone “un hito fundamental para la protección de los derechos humanos en la región” y destaca que las condenas a muerte ya dictadas serán conmutadas por penas de cadena perpetua.
España expresa su felicitación a la República Libanesa por la histórica aprobación parlamentaria de la Ley para la abolición de la pena de muerte en el Líbano, que consagra la plena abolición de la pena de muerte en su ordenamiento jurídico.
— Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) August 11, 2026
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La nueva legislación pone fin legalmente a una moratoria de facto que Líbano mantenía desde 2004. Para España, el paso dado refuerza la protección del derecho a la vida y demuestra que es posible avanzar en derechos humanos incluso ante contextos de seguridad complejos.
Con esta medida, Líbano se convierte en el 114º país del mundo en abolir la pena de muerte para todo tipo de delitos. El Gobierno español ha destacado la “determinación y el coraje” de las instituciones libanesas y ha calificado su decisión de “liderazgo inspirador” en el mundo árabe.
España ha aprovechado además el anuncio para reiterar su rechazo a la pena capital, que considera “un trato cruel, inhumano y degradante”, y ha advertido de que cualquier posible error judicial tendría consecuencias irreversibles.
En este sentido, el Ejecutivo reclama a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte que establezcan moratorias inmediatas de las ejecuciones como paso previo a su eliminación definitiva. También pide evitar cualquier intento de reinstaurarla, especialmente cuando pueda aplicarse de forma discriminatoria.
Por último, España ha reafirmado su “profunda amistad con el pueblo y las autoridades de Líbano” y su voluntad de seguir cooperando con el país en el fortalecimiento institucional, la reforma judicial, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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