El pulso entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Giorgia Meloni por el espacio Schengen ya tiene una primera cifra en España. La Policía Nacional identificó a 1.033 viajeros extracomunitarios llegados desde Italia entre la madrugada del sábado y el mediodía del lunes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior.
Las comprobaciones se realizaron en 58 vuelos y movilizaron a 109 agentes en siete aeropuertos. El dispositivo entró en funcionamiento después de que Roma rechazara retirar los controles impuestos a las llegadas desde España tras la crisis migratoria de Ceuta. La respuesta española permanecerá activa hasta el 7 de septiembre, aunque podrá levantarse antes si cambian las circunstancias.
La orden publicada por Interior en el BOE permite comprobar la documentación de todos los pasajeros procedentes de puertos y aeropuertos italianos. El régimen aplicado depende de la nacionalidad y la situación jurídica de cada viajero. Los ciudadanos comunitarios conservan su derecho a la libre circulación, mientras las verificaciones más exhaustivas se centran en nacionales de terceros países y comprueban sus visados o permisos de residencia.
El Gobierno presenta políticamente la medida como una respuesta proporcionada al Ejecutivo de Meloni. La justificación jurídica incluida en el BOE apunta a la presión migratoria que soporta Italia en la ruta del Mediterráneo central, los movimientos posteriores hacia otros países europeos y la actividad de redes dedicadas al tráfico de personas y la falsificación de documentos.
Barcelona concentra más de la mitad de los controles
El aeropuerto de Barcelona-El Prat reunió 552 de los 1.033 viajeros identificados, más de la mitad del balance nacional. Las comprobaciones se repartieron entre 18 vuelos y requirieron la participación de 29 funcionarios.
Madrid-Barajas ocupó el segundo lugar, con 223 pasajeros de cinco vuelos y 17 agentes desplegados. A continuación aparecen Valencia, donde se controló a 65 personas de tres vuelos; Alicante, con 61 viajeros de 14 conexiones; Sevilla, con 49 pasajeros de ocho aviones; Málaga, con 43 de cinco vuelos, y Bilbao, con otros 40 procedentes de cinco conexiones.
Los primeros datos todavía dejan fuera los cruceros, los enlaces marítimos y las operaciones realizadas en Canarias y Baleares. Interior incorporará esas cifras en sus próximos balances, por lo que el número total de pasajeros sometidos a comprobaciones seguirá aumentando mientras permanezca vigente el dispositivo.
Los controles son aleatorios y deben desarrollarse sin interrumpir el tránsito ordinario en los aeropuertos. La orden prohíbe expresamente cualquier decisión basada únicamente en la nacionalidad, el origen étnico, la religión o la apariencia física y obliga a limitar los tiempos de espera.
Meloni mantiene abierto el choque por Schengen
La crisis comenzó después de la entrada masiva de alrededor de 72.000 migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. El Gobierno de Meloni decidió restablecer desde el 1 de agosto los controles para pasajeros procedentes de España, con especial atención a los ciudadanos extracomunitarios.
Madrid reclamó su retirada y recordó que la mayoría de las personas que entraron en Ceuta regresaron a Marruecos. El Ejecutivo también ha insistido en que la ciudad autónoma queda fuera del espacio Schengen y que nadie puede llegar desde allí a la Península sin atravesar previamente un control policial.
La posición española recibió el respaldo de los ministros europeos de Interior. Durante una reunión extraordinaria, los Veintisiete valoraron la respuesta de las autoridades ante la crisis y el comisario europeo Magnus Brunner dio por superado el episodio. Incluso Finlandia, que inicialmente había apoyado la posibilidad de imponer restricciones a España, consideró después innecesario recuperar los controles internos. La Comisión Europea recuerda que estas medidas deben utilizarse como último recurso y limitarse al tiempo imprescindible.
Italia mantiene una posición diferente. Su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha defendido que los controles continuarán al menos hasta el 15 de agosto por el supuesto riesgo de otra entrada masiva en Ceuta y la posibilidad de que se infiltren personas vinculadas al terrorismo. Roma ha detectado hasta ahora una veintena de viajeros con irregularidades documentales o antecedentes, aunque ninguno había pasado previamente por Ceuta.
Tajani también ha calificado de "incomprensible y completamente inaceptable" la respuesta española. El vicepresidente italiano Matteo Salvini ha acusado al Gobierno de Sánchez de "rozar el ridículo" y ha vuelto a relacionar la regularización extraordinaria de migrantes con la crisis fronteriza.
José Manuel Albares considera las restricciones italianas "injustas e injustificables" y las ha descrito como un "torpedo en la línea de flotación de la unidad europea". El ministro de Exteriores sostiene que los movimientos secundarios desde España hacia Italia son prácticamente inexistentes y mantiene abierta la vía diplomática para intentar cerrar el conflicto.
El PP ha aprovechado el choque para cargar contra Sánchez. Elías Bendodo ha reprochado al Gobierno que se "envalentone" con Italia mientras evita enfrentarse a Marruecos. Isabel Díaz Ayuso también se ha situado junto a Meloni y ha asegurado que la política migratoria del Ejecutivo español "ataca también a la Unión Europea".
Roma ha fijado el 15 de agosto como primera fecha para revisar sus restricciones. España mantendrá las identificaciones en puertos y aeropuertos hasta que Italia retire las suyas o, como máximo, hasta el 7 de septiembre.
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