La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado su primer visto bueno al envío de una misión a Ceuta para examinar las consecuencias de la entrada irregular de más de 70.000 migrantes registrada a finales de julio. La delegación llegará entre el 22 y el 25 de febrero de 2027, casi siete meses después de una crisis que continúa condicionando la vida de la ciudad autónoma.
El acuerdo fue adoptado este jueves por los coordinadores de la comisión, pero todavía debe recibir la autorización formal de la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara. La composición de la delegación también queda pendiente y los nombres de los eurodiputados participantes se conocerán más adelante.
Durante su visita, los parlamentarios recabarán información de las autoridades españolas y ceutíes, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y personas afectadas. El trabajo desembocará en un informe político con las conclusiones de la misión, una vez celebradas las reuniones y examinada la documentación disponible.
La fecha elegida rebaja considerablemente la inmediatez de la respuesta. Cuando los eurodiputados lleguen a Ceuta habrá transcurrido más de medio año desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La ciudad afronta desde entonces una emergencia migratoria y humanitaria que ha desbordado sus recursos de acogida y mantiene a miles de personas pendientes de identificación, traslado o protección.
Mientras la visita queda aplazada hasta febrero, la Comisión Europea ya ha desbloqueado más de 114 millones de euros en ayudas para España y ha confirmado la disponibilidad de Frontex para reforzar el apoyo operativo solicitado por el Ejecutivo. Bruselas adoptó estas medidas después de varias semanas de contactos técnicos con el Gobierno para concretar las necesidades sobre el terreno.
La Comisión de Peticiones ha recibido cinco reclamaciones relacionadas con Ceuta. La situación también será debatida el próximo 28 de septiembre, antes de una misión respaldada por el Partido Popular y por distintos grupos situados en la derecha y la ultraderecha europea, entre ellos aquellos en los que se integra Vox.
La ultraderecha Vox dicta su conclusión antes de que empiece la misión
Vox se ha apresurado a atribuirse la iniciativa, pese a que el Partido Popular también reivindica su impulso, y ya ha fijado el resultado político que espera obtener. La formación ultraderechista anuncia que exigirá esclarecer "qué responsabilidades debe asumir el Gobierno de Sánchez por la desprotección de Ceuta", cuando la delegación todavía carece de integrantes confirmados y ni siquiera dispone de una agenda definitiva.
El partido pretende orientar la visita hacia reuniones con el sindicato policial JUPOL, asociaciones vecinales, residentes y mujeres que hayan sufrido violencia sexual. La escucha de las víctimas forma parte de cualquier examen serio de lo ocurrido, pero utilizar sus testimonios para alimentar una campaña partidista antes de que comience el trabajo parlamentario vaciaría de credibilidad la misión. La protección de su intimidad deberá ocupar un lugar central durante las comparecencias.
La investigación europea tendrá un campo bastante más amplio que el relato preparado por Vox. Entre las cuestiones planteadas figuran la actuación de las autoridades españolas, la posible permisividad o coordinación de las fuerzas marroquíes, la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos en el control fronterizo y la aplicación de los mecanismos europeos de identificación, retorno y solidaridad.
La Eurocámara deberá autorizar ahora el viaje, designar a sus integrantes y cerrar las reuniones. Hasta entonces, Vox seguirá presentando como una investigación contra el Gobierno una misión parlamentaria que también deberá examinar el papel de Marruecos y la respuesta de las instituciones europeas. Ceuta tendrá que esperar hasta febrero para recibir a la delegación y todavía más para conocer su informe.
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