El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a poner el foco sobre España por el uso abusivo de la temporalidad en el sector público. En una sentencia emitida este martes, el tribunal con sede en Luxemburgo considera que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para sancionar este abuso ni para reparar adecuadamente a los trabajadores afectados.
En concreto, el TJUE señala que las herramientas actuales, como la conversión en indefinido no fijo, las indemnizaciones o los procesos selectivos, “no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”. Esta afirmación supone un serio cuestionamiento del marco legal español en materia de empleo público.
El fallo responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España y deja en manos de este tribunal determinar si la normativa española cumple con la directiva europea sobre empleo temporal. No obstante, Luxemburgo marca claramente los límites y abre la puerta a medidas más contundentes.
Entre ellas, destaca la posibilidad, aunque no obligatoria, de convertir en fijos a trabajadores temporales que hayan sufrido abuso en la concatenación de contratos. Se trata de una reivindicación histórica de miles de interinos que han llevado sus casos a los tribunales en los últimos años.
El TJUE también rechaza que la figura del indefinido no fijo sea una solución suficiente. Según la sentencia, este modelo “mantiene al afectado en situación de precariedad” y no garantiza la estabilidad en el empleo, considerada un elemento esencial en la protección de los trabajadores dentro del marco europeo.
Los jueces europeos critican igualmente los procesos de estabilización impulsados en España, al considerar que no compensan adecuadamente a las víctimas del abuso. En particular, cuestionan que se valore la experiencia previa sin limitarla a quienes han sufrido encadenamiento irregular de contratos, lo que diluye el carácter sancionador de estas medidas.
El impacto potencial de esta sentencia es elevado: en España aún hay entre 500.000 y 800.000 trabajadores públicos temporales, pese a los procesos de estabilización realizados en los últimos años. De ellos, unos 125.000 estarían en situación de abuso prolongado, según estimaciones del sindicato CSIF.
Además, la temporalidad en las administraciones públicas sigue siendo muy alta, afectando aproximadamente al 32% del total de empleados, especialmente en el ámbito autonómico y local. Esta cifra sitúa a España por encima de los estándares europeos y explica la reiterada intervención de las instituciones comunitarias.
Por su parte, el Gobierno ha restado importancia al alcance del fallo. Desde el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, aseguran que se trata de una sentencia “meramente aclaratoria” que “no obliga a cambiar la legislación” ni impone la conversión automática de temporales en fijos, una opción que además ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional.
La cuestión tiene también implicaciones económicas. La falta de una solución adecuada ya provocó que la Comisión Europea congelara 626 millones de euros del plan de recuperación vinculados a esta reforma. Un bloqueo que podría mantenerse si España no adapta su normativa a las exigencias europeas en materia de empleo público.
