Cinco países de la Unión Europea han cerrado un acuerdo con Ruanda para levantar un centro de retorno fuera del territorio comunitario, una maniobra que pretende acelerar las expulsiones que hoy no llegan a ejecutarse y que ya ha provocado un choque abierto con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron.
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria anunciaron este lunes, en Viena, el inicio de las negociaciones con las autoridades ruandesas. El plan apunta a poner en marcha el proyecto en 2027 y, por ahora, prevé una instalación para alrededor de un centenar de personas.
El objetivo es trasladar a adultos cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que, además, hayan agotado las vías de recurso y cuenten con una orden de expulsión ejecutable, pero no puedan ser devueltos a sus países de origen. Los gobiernos impulsores presentan la iniciativa como una vía para cerrar la brecha entre las órdenes emitidas y los retornos que finalmente se materializan. Según Eurostat, en 2025 los Estados miembros emitieron 491.950 órdenes de retorno de ciudadanos extracomunitarios, pero solo se ejecutaron 135.460 deportaciones, alrededor del 28%. Esa diferencia es la que los promotores quieren reducir con un modelo que, de momento, sigue sin detallar su financiación, su supervisión y sus mecanismos de control.
A diferencia de otros acuerdos migratorios anteriores, el centro no estaría concebido como una instalación de detención. Las personas trasladadas podrían permanecer en Ruanda, integrarse en su sociedad y acceder al mercado laboral o solicitar regresar voluntariamente a sus países de origen, aunque los detalles sobre funcionamiento, financiación y supervisión todavía están pendientes de concretarse.
Sánchez y Macron rechazan un modelo que los promotores venden como disuasorio
Pedro Sánchez se desmarcó del plan con un mensaje rotundo. "No le veo ningún futuro ni humanidad a eso. No es la solución", dijo este lunes en una entrevista con Telecinco. Emmanuel Macron ya había expresado en junio un rechazo similar a los centros de retorno en terceros países. El presidente francés los consideró "ni eficaces ni acordes con nuestros valores" y advirtió de obstáculos jurídicos, técnicos, operativos y morales.
Frente a esas críticas, los gobiernos que empujan el acuerdo sostienen que el centro servirá para reforzar el control migratorio y desincentivar la entrada irregular en la Unión Europea. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lo definió como "un cambio de juego", mientras que el canciller austriaco, Christian Stocker, habló de un "cambio de paradigma histórico".
También el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, defendió que el plan se aplicará conforme a la legislación europea y alemana y con respeto a los derechos humanos. Esa promesa política, sin embargo, todavía no despeja cómo operará el dispositivo ni quién asumirá la vigilancia sobre el terreno.
DIRECTO #Canal24Horas | El modelo de deportación a Ruanda
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 17, 2026
🗣️Cecilia Estrada, RRII en U. Comillas y experta en migraciones: "Ningún país europeo debe desentenderse de esta obligación" pic.twitter.com/FeCWDGFtT2
Las garantías jurídicas quedan abiertas mientras crece la presión en Bruselas
El debate ya ha llegado al Parlamento Europeo. El eurodiputado sueco Charlie Weimers, de los Conservadores y Reformistas Europeos, respaldó la iniciativa y destacó su posible efecto disuasorio, mientras que la eurodiputada de Renew Europe Abir Al-Sahlani cuestionó por qué Ruanda podría ejecutar retornos que los propios países europeos no consiguen cerrar.
Desde Los Verdes, la francesa Mélissa Camara calificó el acuerdo de "vergüenza" y acusó a los gobiernos implicados de pactar con un régimen autoritario sin garantías suficientes para las personas trasladadas. Las ONG también han elevado las objeciones. Human Rights Watch sostiene que el acuerdo no cumple los requisitos europeos de protección y alerta del historial de represión política, detenciones arbitrarias y malos tratos atribuidos a las autoridades ruandesas.
La organización pide garantías concretas sobre la supervisión de las instalaciones y sobre el derecho de los afectados a recurrir los traslados. Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central, ha cuestionado además que sigan sin aclararse los mecanismos de vigilancia y el acceso de observadores internacionales.
Amnistía Internacional ha formulado críticas parecidas. Su experta en asilo y migración en Austria, Aimée Stuflesser, considera que el plan repite errores de anteriores intentos de externalización y advierte del riesgo de que las personas trasladadas queden fuera del escrutinio público.
ACNUR, por su parte, recuerda que cualquier acuerdo de este tipo debe respetar el derecho internacional y el principio de no devolución, que impide trasladar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o malos tratos. El proyecto se apoya en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, pero su aplicación depende todavía de acuerdos concretos con Ruanda y de garantías jurídicas que, por ahora, siguen sin cerrarse.
Las negociaciones continúan y el calendario apunta a 2027, pero antes deberán definirse las condiciones del traslado, la supervisión de la instalación y las vías de recurso para los afectados.
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