Este viernes entra en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en la Unión Europea, un amplio paquete legislativo que busca unificar la gestión de las llegadas de migrantes y solicitantes de protección internacional en los Veintisiete. Aunque las instituciones comunitarias presentan la reforma como una solución para lograr una migración "ordenada y solidaria", numerosas organizaciones humanitarias y expertos en derechos humanos alertan de que supone uno de los mayores retrocesos en materia de protección de personas refugiadas de las últimas décadas.
El acuerdo, aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024 y ratificado posteriormente por el Consejo de la UE, introduce nuevos mecanismos para reforzar el control de las fronteras exteriores, agilizar los procedimientos de asilo y facilitar la deportación de quienes no obtengan protección internacional.
Entre las principales novedades figura el Control Previo en las Fronteras a las personas que lleguen de forma irregular a territorio comunitario. Estos exámenes incluirán verificaciones de identidad, seguridad y salud antes de que puedan acceder al procedimiento de asilo. Además, la base de datos Eurodac amplía sus funciones para registrar de manera más exhaustiva a quienes entren en la Unión, permitiendo un seguimiento más detallado de los movimientos migratorios.
Otro de los puntos clave es la implantación de procedimientos acelerados en frontera para determinados solicitantes de asilo. Bruselas defiende que esta medida permitirá resolver expedientes con mayor rapidez, pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten de que podría dificultar el acceso efectivo a garantías jurídicas y aumentar el riesgo de rechazos injustificados.
La reforma también mantiene el principio de que los migrantes deben presentar su solicitud en el primer país de entrada a la UE y permanecer allí mientras se determina qué Estado es responsable de tramitar su expediente. Aunque el pacto incorpora un sistema de solidaridad entre países mediante reubicaciones o aportaciones económicas, varias ONG consideran que la carga seguirá recayendo principalmente sobre los Estados situados en las fronteras exteriores, como España, Italia o Grecia.
Las críticas se centran especialmente en el mayor peso que adquieren las políticas de control y retorno frente a los mecanismos de acogida. Diversas entidades denuncian que el nuevo marco prioriza la contención migratoria y la externalización de fronteras mediante acuerdos con terceros países para frenar las salidas irregulares, una estrategia que, según sostienen, puede exponer a miles de personas a situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, el pacto contempla una cooperación más estrecha con países de origen y tránsito para facilitar las readmisiones y combatir las redes de tráfico de personas. Paralelamente, la UE pretende impulsar vías legales de migración laboral a través de nuevos programas de contratación internacional y formación.
Pese a que las instituciones europeas defienden que el acuerdo aporta seguridad jurídica y una respuesta común a los desafíos migratorios, organizaciones sociales y colectivos de apoyo a refugiados sostienen que el texto endurece significativamente las condiciones de acceso al asilo y refuerza una visión centrada en la seguridad y el control de fronteras. Para estos grupos, la entrada en vigor del pacto marca un cambio de rumbo que podría limitar el ejercicio efectivo del derecho a solicitar protección internacional dentro de la Unión Europea.
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