Víctor de Aldama ha construido su nueva centralidad judicial y mediática sobre una paradoja: cuanto más se incrimina a sí mismo, más parece necesitar incriminar a otros. Su palabra es, estos días, una de las piezas más explosivas de las causas que rodean al llamado caso Koldo, pero también una de las más problemáticas. No porque no deba investigarse cada afirmación, sino precisamente porque debe investigarse con el máximo rigor: Aldama es un delincuente confeso, tiene incentivos procesales evidentes para mentir, ha obtenido ya una petición de pena muy inferior a la de los otros acusados en la trama de mascarillas y ha introducido acusaciones de enorme gravedad sin aportar pruebas equivalentes a la dimensión política de lo que sostiene. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, al que se aplica la atenuante de confesión por su colaboración.
La primera mentira —o, como mínimo, la primera gran sospecha metodológica— está en el propio sistema de incentivos. Aldama no declara en el vacío. Declara como investigado, acusado y confeso; declara después de haber estado en prisión preventiva por la trama de hidrocarburos, vinculada a un fraude superior a 200 millones en el IVA; y declara en un contexto en el que su colaboración puede traducirse en beneficios procesales. Su salida de prisión se produjo tras declarar en la Audiencia Nacional en el caso Koldo, y la Fiscalía Anticorrupción pactó con él para obtener pruebas o incriminaciones al entorno del Gobierno a cambio de esa salida.
Desde la teoría de juegos, la estructura es transparente: si el acusado obtiene una rebaja o expectativa de rebaja de su máximo desincentivo (la cárcel) por aportar información contra terceros de mayor valor político o penal, su incentivo no es solo decir la verdad, sino maximizar la utilidad de su relato. Y cuanto más arriba llegue ese relato, mayor será su valor negociador. En un esquema así, la palabra de Aldama no puede tratarse como una revelación autosuficiente, sino como una hipótesis interesada que requiere corroboración externa. La colaboración eficaz puede ser útil para destapar tramas, pero también puede producir narrativas oportunistas si el premio depende de escalar la acusación.
La segunda gran grieta está en su doble versión sobre Begoña Gómez y Air Europa. En sede judicial, Aldama ha intentado implicar a la esposa del presidente en el préstamo concedido a Air Europa por la SEPI. Sin embargo, audios conocidos del caso Koldo le sitúan diciendo lo contrario: que Begoña Gómez pudo tener relación con Wakalúa, pero que no presionó por Air Europa ni tuvo intervención en el préstamo. Decir una cosa y su contraria no prueba por sí solo cuál de las dos es falsa, pero sí prueba algo relevante: que una de las dos versiones no puede sostenerse simultáneamente a la otra.
Además, el propio objeto político de esa acusación ha sido deformado de forma interesada. Lo de Air Europa no fue una dádiva perdida, un “rescate” a la manera del bancario o el de autopistas del Gobierno de Rajoy, nunca recuperados, sino un préstamo público con estructura híbrida (préstamo convencional y participativo) de 475 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, concedido en plena crisis de la Covid-19, que la compañía devolvió anticipadamente, junto con los intereses y plusvalías correspondientes, un año antes del plazo previsto. La SEPI comunicó la cancelación total anticipada de ambos préstamos en noviembre de 2025.
La tercera contradicción es la del “número uno”. Aldama declaró ante el Supremo que, si había una jerarquía, Pedro Sánchez estaba en el “escalafón uno”, mientras él mismo se ubicaba en un nivel inferior (el cuarto) de la supuesta organización. Pero esa imputación al presidente no vino acompañada de prueba directa. Según las crónicas judiciales, Aldama intentó vincular a Sánchez sin aportar pruebas, y buena parte de sus afirmaciones fueron introducidas por iniciativa propia, no como respuesta a una línea probatoria sólida.
La famosa frase atribuida por Aldama a Sánchez en su fugaz encuentro tras un mitín —“sé lo que estás haciendo”— es, además, más débil de lo que pretende Aldama. Si alguien mantiene una relación operativa estable con otra persona dentro de una trama, no necesita deslizarle en un selfie con militantes una frase críptica de reconocimiento. Esa frase, si existió, encaja mucho mejor con el comentario genérico de quien ha oído hablar de alguien, quizá por su papel de intermediación internacional o por sus contactos con Venezuela, que con una prueba de pertenencia a una organización criminal. Convertir una frase ambigua de mitin en indicio de mando orgánico es un salto lógico descomunal.
La cuarta zona de sombra es la supuesta financiación irregular del PSOE. Aldama ha hablado de entregas de dinero, sobres, mochilas y donaciones camufladas. Pero, hasta ahora, el gran problema de esa acusación es la ausencia de rastro material proporcional a lo que afirma. El PSOE ha sostenido y probado que sus gastos e ingresos están declarados, bancarizados, auditados y sometidos al control del Tribunal de Cuentas; la UCO no acreditó financiación ilegal del partido y el PSOE negó la existencia de caja B o sobresueldos aportando las pruebas de ingresos y gastos bancarizados incluso en todas las disposiciones de caja.
La quinta contradicción es narrativa: Aldama pretende ser al mismo tiempo el corruptor confeso y el testigo purificador. En la trama de mascarillas ha reconocido delitos, mientras la Fiscalía le pide una pena sensiblemente inferior a la de los presuntos corrompidos. Esa arquitectura procesal no invalida automáticamente su testimonio, pero sí obliga a leerlo con cautela extrema. Un corruptor que confiesa puede aportar pruebas; lo que no puede pretender es que su palabra sustituya a las pruebas, especialmente cuando acusa hacia arriba y convierte su propia responsabilidad en moneda de cambio.
La sexta mentira probable está en el uso del escándalo sexualizado como mecanismo de credibilidad narrativa. Aldama no se limita a imputar hechos: adorna sus declaraciones con frases de dudoso gusto, como la atribuida a Koldo sobre María Jesús Montero, a quien dijo que “se le hacía el coño agua” cuando hablaba con Ábalos. La frase, además de grosera y sexista, cumple una función retórica: introducir morbo para reforzar una supuesta ascendencia personal de Ábalos sobre Montero y explicar así operaciones administrativas o patrimoniales.
Pero ahí aparece otra grieta: si esa supuesta ascendencia servía para abrir puertas, las puertas no se abrieron. Aldama vinculó esas insinuaciones a ofertas por edificios de la SEPI, pero el resultado conocido no prueba éxito corrupto alguno: las operaciones no prosperaron, a Aldama le dieron con la puerta en las narices. Un relato de influencia que termina en negativa administrativa puede ser muchas cosas —gestión fallida, fanfarronería, intento de intermediación—, pero no demuestra por sí mismo una trama eficaz ni una captura institucional. El sexo, en este caso, opera más como cortina de humo que como prueba.
La séptima contradicción es la inflación permanente de su relato. Aldama empezó siendo pieza de intermediación empresarial en contratos concretos y ha ido ampliando su mapa hasta convertirlo en una supuesta arquitectura nacional de poder: Ábalos, Koldo, el PSOE, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Begoña Gómez, María Jesús Montero y, finalmente, Pedro Sánchez. Esa expansión exige cada vez más corroboración. Sin embargo, las crónicas del Supremo subrayan que sus acusaciones más altas fueron formuladas sin pruebas directas.
La octava es la contradicción entre precisión escénica e imprecisión probatoria. Aldama ofrece detalles visuales —sobres, mochilas Montblanc, frases, jerarquías, encuentros—, pero los detalles literarios no son equivalentes a prueba judicial. Un relato puede ser vívido y falso; puede ser parcialmente cierto y estratégicamente adornado; o puede mezclar hechos reales con inferencias interesadas. La justicia no condena por color narrativo, sino por corroboración.
La novena zona problemática es su relación con los medios. Aldama ha entendido que cada declaración tiene una doble audiencia: la judicial y la mediática. Indudablemente, se ha convertido en una referencia mediática para sectores de la derecha española, precisamente porque sus acusaciones apuntan al corazón del Gobierno. Esa conversión del acusado en personaje político refuerza otro incentivo: mantener vivo el relato, elevar la apuesta y producir titulares, de forma escalada.
La décima contradicción es que Aldama niega pactos cuando el conjunto de consecuencias procesales apunta a una colaboración premiada. En sede judicial, negó que hubiera pacto con el Ministerio Público; pero las informaciones sobre su salida de prisión, la atenuante de confesión y la diferencia de penas solicitadas dibujan una realidad objetiva: su estrategia de colaboración le ha situado en una posición penal mucho más favorable que la de Ábalos y Koldo.
La undécima es el desplazamiento del foco desde los hechos acreditados hacia las insinuaciones políticas. La causa de mascarillas versa sobre contratos, comisiones, intermediaciones y responsabilidades concretas. Sin embargo, Aldama ha utilizado el escaparate del Supremo para introducir afirmaciones sobre Sánchez, Begoña Gómez y financiación del PSOE que, de momento, no aparecen respaldadas por prueba documental o pericial de igual potencia. Esa operación convierte el proceso en un artefacto político: cuando falta documento, se lanza relato.
La duodécima es la contradicción moral: Aldama pide crédito público mientras reconoce su propia corrupción. No es imposible que un corrupto diga la verdad; de hecho, muchas tramas se descubren gracias a confesiones interesadas. Pero la confesión no santifica al confesor. Al contrario: cuanto mayor es su interés en salvarse, mayor debe ser la exigencia de contraste. El problema no es que Aldama hable; el problema es que se pretenda convertir cada frase en verdad revelada.
Por eso, el caso Aldama exige una regla sencilla: investigar todo, no creer nada sin prueba. Si dice que hubo pagos, que aparezca el dinero o su rastro. Si dice que hubo financiación irregular, que aparezca la contabilidad paralela. Si dice que Sánchez era el “número uno”, que aparezcan comunicaciones, órdenes, intermediarios, agenda, contraprestaciones o testimonios independientes. Si dice que Begoña Gómez intervino en Air Europa, que explique por qué sus propios audios la desvinculaban de esa operación. Si dice que Montero actuó por una supuesta fascinación personal hacia Ábalos, que explique por qué la operación atribuida a esa influencia no prosperó.
Aldama puede ser una fuente útil para la justicia, pero no puede ser tratado como un oráculo. Su relato está atravesado por incentivos, contradicciones, obscenidades instrumentales, acusaciones sin prueba y cambios de versión. La diferencia entre un colaborador eficaz y un fabulador interesado está en la corroboración. Y, hasta ahora, en las acusaciones que apuntan al entorno del Gobierno, lo que más pesa no es la prueba: es el ruido.
La conclusión política es incómoda pero necesaria. Quien quiera combatir la corrupción debe exigir pruebas, no relatos convenientes. Y quien quiera utilizar a Aldama como ariete contra el Gobierno debe asumir también el reverso: está apoyando su ofensiva en la palabra de un delincuente confeso que tiene razones objetivas para mentir, exagerar o seleccionar la verdad que más le conviene. En el caso Aldama hay sexo verbalizado con zafiedad, mentiras o contradicciones palmarias y cintas de audio que desmienten versiones judiciales. Lo que aún falta, en lo esencial, son pruebas a la altura de sus acusaciones.
