La decisión del juez Juan Carlos Peinado de imponer medidas cautelares a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras dos años de investigación ha abierto un nuevo frente de controversia judicial, política e institucional. El magistrado acordó la apertura de juicio oral contra Gómez por cuatro presuntos delitos y decretó la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por ‘ElConstitucional.es’ consideran, desde un punto de vista estrictamente jurídico y con independencia de los delitos investigados, que resulta "cuanto menos discutible, sorprendente e inédito" que, tras dos años de instrucción sin medidas cautelares, estas se hayan adoptado en este momento.
En su análisis, recuerda que estas medidas tienen como finalidad asegurar la presencia de la investigada en el juicio, pero subraya que en este caso no ha habido "ningún indicio de ánimo de fuga", razón por la que hasta ahora no se le había retirado el pasaporte. Añade que, a su juicio, resulta llamativo que “de golpe aflora de la nada un riesgo de fuga” que justifique ahora estas medidas, algo que califica como “cuanto menos inédito judicialmente”.
La resolución ha llamado especialmente la atención por el argumento empleado por el instructor para justificar un posible riesgo de fuga. En su auto, Peinado sostiene que "no cabe duda" de que los integrantes de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". Estas afirmaciones han provocado una reacción inmediata desde distintos ámbitos del Estado.
Desde Moncloa se ha acusado al magistrado de incurrir en una "persecución política" y se ha cuestionado el fundamento jurídico de la resolución al considerar que "carece de sentido jurídico y atiende a motivos políticos". En esta línea se posicionó el ministro Óscar Puente quien apuntó a la "obsesión enfermiza" de Peinado.
La instrucción, de principio a fin, pone dos cosas de manifiesto:
— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 20, 2026
1.- Una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea.
2.- Unas enormes carencias técnicas.
¡Qué no habrá hecho este Sr. a lo largo de su carrera! https://t.co/kjng9OCxkV
Las críticas también han llegado desde organizaciones policiales, que han exigido una rectificación al juez por lo que califican como una "barbaridad" y un "injustificado descrédito" hacia los agentes encargados de la protección de autoridades. A estas protestas se ha sumado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien trasladó una queja formal a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. En su escrito, denunció el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y calificó las manifestaciones recogidas en el auto como "un hecho de máxima gravedad". Interior considera además que las "sospechas injustificadas" del magistrado afectan tanto a los escoltas como a sus superiores, al sugerir que podrían llegar a impartir órdenes contrarias a la legalidad.
La dimensión institucional del caso ha llevado al CGPJ a convocar este domingo una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente para analizar el contenido de la resolución y valorar posibles actuaciones. Entre las opciones que se estudian figura la apertura de un expediente disciplinario al magistrado.
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