La fórmula presentada por Isabel Díaz Ayuso para convertir el polémico ático de Chamberí en ayudas para los municipios afectados por los incendios tiene un obstáculo importante. El dinero de la venta no puede pasar directamente a las arcas de la Comunidad de Madrid porque el inmueble pertenece a Planifica Madrid, una sociedad mercantil pública con patrimonio y cuentas propias.
El importe obtenido permanecerá dentro de la empresa después de la operación. Según ha publicado 'elDiario.es', el propio Gobierno regional reconoce que la vía prevista para sacar esos fondos será un reparto de dividendos al cierre del ejercicio, siempre que las cuentas de Planifica Madrid arrojen beneficios y permitan realizarlo.
Ayuso aseguró este miércoles desde Villa del Prado que pretendía vender el ático y varios inmuebles de Gran Vía para destinar esos recursos a la reconstrucción de la Sierra Oeste. "No se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión", afirmó. La operación tardará meses y su resultado dependerá del precio que finalmente consiga Planifica Madrid.
El ático tiene que venderse con ganancias
La empresa pública compró el inmueble del paseo del General Martínez Campos el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros. A esa cantidad se sumaron otros 378.000 euros correspondientes al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La vivienda había salido al mercado por 6,6 millones y la inmobiliaria que gestionó la compraventa recibió una comisión del 3%, abonada por el vendedor.
El problema para las cuentas regionales resulta sencillo. Recuperar el dinero invertido en la adquisición no equivale a obtener un beneficio de la misma cuantía. Si Planifica Madrid vende el ático por un precio parecido al que pagó, la operación apenas mejorará el resultado del ejercicio. Si acepta una oferta inferior o asume nuevos gastos, puede reducir sus beneficios y rebajar el futuro dividendo.
Las cuentas oficiales de Planifica Madrid establecen que los dividendos solo pueden repartirse con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, después de cubrir las obligaciones legales y siempre que el patrimonio neto conserve los límites exigidos. La venta deberá producirse antes de acabar el año y dejar una plusvalía suficiente para aportar una cantidad significativa a la reconstrucción.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que el Ejecutivo recurrirá al reparto de dividendos, una fórmula que también utiliza con otras empresas públicas. El Gobierno calcula que conseguirá entre 20 y 22 millones de euros, aunque esa cifra agrupa el ático y las oficinas de Gran Vía 6, divididas en cuatro fincas registrales y valoradas en 11,7 millones. Estas últimas llevan en venta desde agosto de 2025 y su primera licitación terminó sin comprador.
Ayuso ha anunciado un plan de reconstrucción de unos 100 millones de euros con bonificaciones en el recibo del agua, deducciones para empresarios y autónomos, ayudas al alquiler y a la reparación de viviendas, atención domiciliaria e inversiones en infraestructuras. Su Ejecutivo habla ahora de destinar una cantidad "equivalente" a lo recaudado por los inmuebles, pero todavía debe completar la venta, cerrar las cuentas, acordar el dividendo e incorporar después esos ingresos al presupuesto autonómico.
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La operación llega a la Fiscalía
La nueva dificultad económica aparece cuando la compra ya ha abierto dos frentes de investigación. Este jueves, 'ElConstitucional.es' ha revelado que la Fiscalía Provincial de Madrid ha recibido una denuncia que solicita comprobar si la adquisición y la posterior venta pudieron ocasionar un perjuicio a las arcas públicas.
El escrito menciona provisionalmente posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, aunque no atribuye por ahora responsabilidad penal a ninguna persona concreta. Reclama los expedientes completos, las actas del Consejo de Administración de Planifica Madrid, las tasaciones, los informes jurídicos y económicos y la documentación que permita determinar quién impulsó y autorizó la operación.
Otra denuncia presentada por el abogado Javier Flores ante el Tribunal de Cuentas ya advertía de que el importe de la venta permanecería en el patrimonio de Planifica Madrid. Para dedicarlo a gasto público hacía falta un procedimiento societario y presupuestario formal, como el reparto de dividendos que ahora reconoce el Ejecutivo madrileño.
García Martín sostiene que las explicaciones están "sobradamente dadas" y acusa a la oposición de buscar "un fantasma". A 6 de agosto, el ático continúa en manos de Planifica Madrid, no consta que exista un comprador y ningún ingreso procedente de su venta ha llegado a la reconstrucción de la Sierra Oeste.
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