Hay historias judiciales que empiezan pequeñas y acaban enseñando una grieta enorme. El Caso Togas nació de una condena menor por un supuesto atropello en Elche. Dos décadas después, esa causa ha terminado convertida en una ofensiva judicial de un grupo de empresarios multimillonarios contra magistrados del Tribunal Supremo, una denuncia de bloqueo institucional y un expediente casi desconocido que cuestiona, desde dentro del propio sistema, qué ocurre cuando un ciudadano intenta llevar ante los tribunales a quienes están en la cima de la carrera judicial.
ElConstitucional.es ha tenido acceso a documentación inédita del procedimiento, a escritos presentados ante el Tribunal Supremo, a resoluciones del Ministerio de Justicia, comunicaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, dictámenes de insostenibilidad, escritos de Fiscalía, autos del Tribunal Constitucional y documentación del Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid.
El protagonista de esta batalla es José Manuel Martínez Pomares, empresario alicantino que sostiene que fue condenado por un atropello que no cometió. Su tesis se apoya en una discordancia documental que lleva años intentando que sea revisada: la denuncia del lesionado situaba el accidente el 22 de noviembre de 2003, pero el parte sanitario que invoca Martínez Pomares recoge asistencia médica el 21 de noviembre de 2003, es decir, el día anterior.
Lo que en origen parecía una discusión probatoria sobre una vieja condena de faltas se ha convertido en algo mucho más amplio: una cadena de recursos, amparos, querellas e inadmisiones que ha terminado señalando a la presidenta del Supremo y del CGPJ, María Isabel Perelló, a magistrados de la Sala Segunda, a miembros de la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ, al ICAM, a la Fiscalía del Supremo y a la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita.
Martínez Pomares lo resume con una frase que explica la dimensión que él atribuye al caso: “Cuando te metes con los jueces, tienes que cubrirte”. Según su relato, por eso decidió acudir al Colegio de Abogados de Madrid. No solo para conseguir abogado de oficio, sino para dejar rastro institucional de una pretensión explosiva: querellarse contra magistrados del Supremo.
“Me voy al Colegio de Abogados de Madrid y les doy una documentación muy concreta”, explica Martínez Pomares en conversación con este medio. Su tesis es que el Colegio debía servir de garantía frente al poder del propio Supremo. “Va al Colegio de Abogados porque si no, me meten en la cárcel”, sostiene al describir su estrategia procesal.
La secuencia documental arranca con la negativa del Supremo a autorizar un recurso extraordinario de revisión. El 11 de noviembre de 2019, una Sala integrada por Manuel Marchena Gómez, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Ana María Ferrer García, con ponencia de esta última, rechazó permitir la revisión de la sentencia que había condenado a Martínez Pomares por el supuesto atropello.
El Supremo no negó sin más la existencia de la diferencia de fechas. Su razonamiento fue otro: entendió que esa cuestión ya constaba o pudo haberse discutido en el procedimiento original y que el documento sanitario obtenido años después no era una prueba nueva e inequívocamente concluyente para quebrar la firmeza de la sentencia.
Martínez Pomares lo leyó al revés: si el sistema sanitario certificaba que la fecha de entrada en urgencias no podía modificarse, la prueba demostraba que el lesionado ya había sido atendido antes del supuesto atropello. Para él, el Auto del Supremo no cerraba un recurso: cerraba la posibilidad de que se reconociera una condena injusta.
Salto cualitativo y querella por prevaricación contra el Supremo
A partir de ahí llegó el salto cualitativo. Martínez Pomares intentó promover una querella por prevaricación contra los tres magistrados de la Sala Segunda. El asunto entró en el circuito de justicia gratuita y ahí se produjo uno de los episodios más delicados del caso.
El abogado designado de oficio consideró insostenible la pretensión. Después, el ICAM emitió dictamen en el mismo sentido. Más tarde, la Fiscalía del Tribunal Supremo avaló la insostenibilidad. Finalmente, la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita desestimó la solicitud.
El expediente administrativo es especialmente sensible porque no se trataba de una querella cualquiera: era una acción penal contra magistrados del Supremo. En la documentación figura que la pretensión de Martínez Pomares era formular querella ante la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano llamado a examinar causas de especial relevancia que afectan a miembros del propio Alto Tribunal.
El resultado fue que la vía de justicia gratuita quedó cerrada. Para las instituciones intervinientes, la pretensión no tenía base penal suficiente. Para Martínez Pomares, aquel circuito funcionó como un cierre corporativo: abogado de oficio, Colegio, Fiscalía y Justicia Gratuita habrían operado, según su tesis, como filtros sucesivos que impidieron llevar hasta el final una querella contra jueces del Supremo.
Pero el caso no terminó ahí. Tras la inadmisión de su recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, Martínez Pomares promovió también una querella contra la abogada de oficio que había intervenido en esa fase. Alegó deslealtad profesional y sostuvo que la inadmisión se debió a una insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional.
Ese procedimiento tuvo una evolución significativa: el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid admitió inicialmente la querella y abrió diligencias previas. Después, en 2024, acordó el sobreseimiento provisional y archivo al no apreciar indicios de delito. Esa doble resolución es clave: la denuncia no fue rechazada de plano, pero tampoco prosperó penalmente.
Reapertura del caso y extensión a toda la cúpula judicial
La última fase del Caso Togas eleva todavía más el alcance de la controversia. En 2026 se presentó por LexNET un escrito de reapertura y ampliación ante la Sala Especial del artículo 61 LOPJ, dentro del Procedimiento Especial A61/18/2024. Esa ampliación ya no se limita al atropello de Elche ni a los tres magistrados de la Sala Segunda. Plantea una denuncia estructural sobre archivos, inadmisiones, falta de investigación efectiva y desprotección de ciudadanos frente a actuaciones judiciales.
En esa documentación aparecen nombres de primer nivel de la cúpula judicial: María Isabel Perelló Doménech, Julián Sánchez Melgar, Rafael Sarazá Jimena, Francisco Marín Castán, Jacobo Barja de Quiroga, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Rosa María Virolés, Andrés Martínez Arrieta, Eduardo Espín Templado, Fernando Pignatelli Meca, Ignacio Sancho Gargallo, Ignacio García-Perrote, Esperanza Córdoba Castroverde, Ricardo Cuesta del Castillo, Antonio García Martínez, Manuel Marchena Gómez, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Ana María Ferrer García, Ángel Blasco Pellicer, Clara Martínez de Careaga y García y Antonio V. Sempere Navarro.
Conviene precisar la cifra, porque el expediente ha tenido varias fases. Primero hubo una ofensiva contra tres magistrados de la Sala Segunda. Después, una querella o línea de actuación que alcanzaba a 18 magistrados. Finalmente, la ampliación de 2026 enumera a 21 miembros de la cúpula judicial, mientras otros documentos gráficos incorporan también a una fiscal del Supremo como figura separada.
El relato de Martínez Pomares incorpora, además, un elemento político-empresarial. Según afirma, no estaría solo. Habla de “un conjunto de empresarios” que, asegura, están “hartos” de determinadas actuaciones judiciales y fiscales. En sus propias palabras, se trataría de “empresarios de los más gordos” que habrían decidido apoyar una estrategia para documentar, dividir y presentar casos que, a su juicio, revelarían un patrón de actuación.
Esa afirmación, por ahora, debe tratarse como lo que es: una declaración de parte. Pero ayuda a entender la ambición de la ofensiva. Martínez Pomares no quiere presentar su caso como una simple lucha individual por una condena antigua. Pretende convertirlo en un caso estructural sobre la posibilidad de investigar a jueces, fiscales y operadores jurídicos cuando los denunciados pertenecen a la parte más alta del sistema.
Es importante precisar que la documentación que obra en poder de 'ElConstitucional.es' no permite afirmar que exista una trama judicial, ni que los magistrados hayan prevaricado, ni que Fiscalía o el ICAM hayan encubierto delitos. Lo que sí permite afirmar es otra cosa, no menos relevante: existe un expediente documentado, que aún no ha saltado a la opinión pública, que muestra cómo una reclamación nacida de una condena menor ha escalado hasta formular denuncias contra magistrados del Supremo y ha obligado a intervenir, sucesivamente, al Supremo, al Constitucional, al ICAM, a Fiscalía, a Justicia Gratuita y a un juzgado de instrucción de Madrid.
El Caso Togas plantea una pregunta incómoda: ¿qué recorrido real tiene una denuncia contra magistrados del Supremo cuando los órganos llamados a filtrarla, examinarla o inadmitirla forman parte del mismo ecosistema institucional?
Esa es la verdadera exclusiva. Aún no es una sentencia firme contra nadie. Aún no supone una conspiración judicial acreditada. Sino la existencia de una batalla documental muy incómoda para el sistema que ha puesto negro sobre blanco el choque entre un ciudadano que dice haber sido condenado injustamente y un sistema que, resolución tras resolución, ha considerado que no había base suficiente para reabrir su caso ni para perseguir penalmente a quienes lo cerraron.
Martínez Pomares insiste en que el pueblo debe conocer estos documentos porque, según él, “quizás también a ellos se les estén haciendo estas cosas, no solo a empresarios importantes como nosotros”. Esa frase resume el sentido político de la historia: el Caso Togas ya no va solo de un supuesto atropello. Va de la confianza en la Justicia, del poder de las togas y de los límites del ciudadano cuando intenta discutir, desde abajo, una decisión adoptada arriba del todo.
En los próximos días, iremos desgranando los documentos clave de este caso protagonizado por un hombre que se enfrenta a toda la cúpula del sistema judicial.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
