La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio tiene al frente a una magistrada cuya trayectoria ha estado vinculada en el pasado a las instituciones gobernadas por el Partido Popular. María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y ejerció como teniente de alcalde durante cuatro años (1999-2003) en el mandato del popular José María Álvarez del Manzano.
Tardón asumió las primeras diligencias sobre la crisis ceutí después de que Iustitia Europa presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional. La magistrada, que se encontraba de guardia, abrió las diligencias previas el 31 de julio y encargó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central), a través del CENIF, un informe para determinar, entre otras cuestiones, cómo se produjo la entrada masiva desde Marruecos, quiénes participaron y si detrás de los hechos pudo existir una actuación concertada o la intervención de una organización criminal. El pasado 7 de septiembre se declaró competente para continuar con la instrucción, con el respaldo de la Fiscalía.
La causa ha situado bajo el foco a la propia magistrada después de que trascendiera su trayectoria política. En abril de 1999, el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, anunció que Tardón concurriría como independiente en la candidatura popular al Ayuntamiento de Madrid. Ocupó el quinto puesto de la lista encabezada por Álvarez del Manzano, que logró la mayoría absoluta en las elecciones municipales de aquel año.
Su paso por el Consistorio no fue testimonial. Tardón ejerció como cuarta teniente de alcalde y posteriormente, desde mayo de 2000, como tercera teniente de alcalde. Durante esa etapa asumió competencias de especial peso, entre ellas Policía Municipal, Movilidad Urbana, Protección Civil y Atención Social. Su entrada en la política municipal estuvo impulsada por Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez, entonces responsable de Cultura y Obras y una persona próxima a José María Aznar y Ana Botella.
Para incorporarse al Ayuntamiento, Tardón pasó a una situación de excedencia voluntaria en la carrera judicial. Tras abandonar la política municipal, regresó a la judicatura y continuó desarrollando una trayectoria que la llevaría años después hasta la Audiencia Nacional.
De la política municipal a la Audiencia Nacional
Su relación con administraciones del PP no terminó con su salida del Ayuntamiento. En 2004, durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, fue nombrada vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, un puesto que mantuvo hasta la desaparición de este órgano en 2011. Dos años después de su nombramiento, en 2006, el Gobierno regional llegó a valorar su nombre para el cargo del Defensor del Menor, aunque finalmente el puesto recayó en Arturo Canalda González.
Otro episodio de su trayectoria institucional adquirió relevancia años después. Entre julio de 2003 y marzo de 2005, tras dejar el Ayuntamiento, Tardón fue consejera general de la Asamblea de Caja Madrid, a propuesta del Consistorio madrileño. Su paso por la entidad acabaría teniendo consecuencias en 2014, cuando fue recusada durante el procedimiento contra el exjuez Elpidio Silva, precisamente por haber formado parte de Caja Madrid durante la presidencia de Miguel Blesa, cuya gestión había sido investigada por Silva.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó entonces la recusación al considerar que existía una “apariencia o sospecha de pérdida de imparcialidad” que podía afectar a la confianza en la justicia.
La magistrada ingresó en la carrera judicial en 1987 y ha pasado por diferentes destinos antes de llegar a la Audiencia Nacional. Ejerció en los juzgados de La Carolina, Palma de Mallorca y Madrid y presidió la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer. Desde octubre de 2018 está al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y, desde 2006, forma parte además del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Un perfil judicial de orientación conservadora
Su trayectoria asociativa también ha contribuido a situarla dentro del sector conservador de la judicatura. Entre 1995 y 1999 ejerció como portavoz nacional de la conservadora Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, de la que había formado parte prácticamente desde su acceso a la judicatura.
A lo largo de los últimos años también ha optado a distintos puestos de responsabilidad que finalmente no consiguió. En 2018 concurrió como candidata de Francisco de Vitoria al Consejo General del Poder Judicial, aunque no resultó elegida. Un año después aspiró a una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin éxito. En 2024 se presentó a la Presidencia de la Audiencia Nacional, que tampoco obtuvo, y en mayo de 2026 optó a formar parte de la Comisión de Ética Judicial del CGPJ: quedó tercera y pasó a ser primera sustituta.
Su nombre aparece asimismo en otras investigaciones de relevancia política. En la Operación Borraska, centrada en una presunta organización dedicada a ciberataques y a la comercialización de datos, la jueza investiga a Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En esa causa, Tardón lo considera presuntamente el “coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural” de la organización.
No obstante, su pasado como cargo electo en una lista del PP no permite concluir por sí mismo que exista una falta de imparcialidad en la instrucción de la causa, del mismo modo que el hecho de haber investigado a personas vinculadas al partido tampoco acredita una actuación favorable o contraria a sus intereses.
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