La juez María Tardón ha declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva e irregular de personas en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La magistrada considera, de forma provisional, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal.
En su auto de admisión, respaldado por un informe favorable de la Fiscalía, Tardón sostiene que “nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.
La resolución recoge un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), según el cual la entrada masiva no habría sido un episodio espontáneo o aislado. La juez señala que, en los días previos, se registró un incremento sostenido de las entradas en Ceuta y que las redes sociales desempeñaron un papel relevante en la difusión de las convocatorias. El 29 de julio, el CENIF emitió una alerta de riesgo extremo ante la previsión de entradas coordinadas a nado y mediante el salto de la valla.
La Audiencia Nacional acuerda investigar la entrada masiva irregular en Ceuta al ser un ataque grave contra la integridad territorial de España y afectar a la paz o independencia del Estado
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) September 7, 2026
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Durante los días 30 y 31 de julio se sucedieron, según el auto, oleadas de distinta intensidad que llegaron a desbordar la capacidad de respuesta del sistema español de control fronterizo. La magistrada considera que esta movilización supuso una vulneración masiva de la soberanía territorial española y apunta además a consecuencias posteriores en ámbitos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales y la defensa, así como a posibles efectos internacionales y políticos.
Tardón también pone el foco en las condiciones en las que muchas personas realizaron el trayecto marítimo. El auto habla de un “absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables” y señala que algunas fueron conducidas al mar sin preparación suficiente, con ropa inadecuada y medios de flotación precarios. La investigación contempla 83 fallecimientos acreditados hasta el momento en aguas españolas, que la juez vincula provisionalmente con posibles delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes.
Otro de los elementos destacados por la instructora es la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la zona de Fnideq y Castillejos. Según recoge el auto: "Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”. La resolución apunta a una posible actitud de permisividad e incluso de “guiado activo” de quienes trataban de acceder a España.
La juez considera asimismo que los hechos podrían encajar en un delito que compromete la paz o la independencia del Estado, al entender que habría existido una actuación dirigida contra la integridad territorial española. En este contexto, relaciona el uso de flujos migratorios masivos con las estrategias conocidas como “guerra híbrida” o “zona gris”, que pueden combinar movilización a través de internet, redes sociales y desinformación. La Audiencia Nacional asumiría la investigación al tratarse, según el auto, de hechos presuntamente cometidos en el extranjero.
Por último, el auto aprecia indicios de una posible organización criminal y describe una estructura de al menos cinco niveles: las personas que entraron en Ceuta, los dinamizadores de los mensajes en redes sociales, los organizadores sobre el terreno, quienes habrían participado en la planificación y, finalmente, los responsables de la dirección. “Esa distribución funcional de tareas, la permanencia temporal del fenómeno, la coordinación observada y la capacidad de movilización acreditada constituyen circunstancias que, al menos indiciariamente, justifican la investigación de una posible estructura criminal compleja.” La investigación deberá determinar ahora las posibles responsabilidades penales, incluidas las actuaciones desarrolladas en territorio español y la respuesta ofrecida ante las alertas previas.
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