La jueza María Tardón ya tiene sobre su mesa el segundo informe policial que había solicitado para esclarecer lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado este viernes un oficio que confirma la existencia de comunicaciones previas sobre posibles llegadas, aunque ninguna permitió anticipar una movilización de decenas de miles de personas ni el posterior colapso de la frontera.
El documento, de cinco páginas, responde a las preguntas concretas formuladas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Tardón había pedido conocer la información disponible antes de la crisis, el dispositivo desplegado, las operaciones de salvamento y los datos reunidos sobre las personas fallecidas y supervivientes.
Su contenido resulta especialmente relevante en plena disputa política sobre qué sabía el Estado. El escrito obliga a diferenciar entre las señales generales sobre posibles entradas a nado, relativamente habituales en determinados momentos del año, y una alerta capaz de anticipar la dimensión extraordinaria que alcanzaron los hechos.
Avisos previos incapaces de anticipar el colapso
La Guardia Civil explica que durante los días anteriores circuló información obtenida en redes sociales a través de los canales habituales de cooperación con otros cuerpos, agencias y servicios de información españoles y extranjeros. Esas comunicaciones apuntaban a una posible afluencia de personas hacia la frontera, pero su contenido y alcance quedaron muy lejos de reflejar lo que terminó ocurriendo.
El oficio no identifica expresamente a los organismos que participaron en esos intercambios. Fuentes conocedoras de la investigación citadas por distintos medios sitúan al Centro Nacional de Inteligencia entre ellos, aunque el documento se refiere de manera genérica a agencias y servicios de información. La precisión importa ante las versiones que presentan cualquier aviso previo como la prueba de que el Gobierno conocía de antemano la magnitud de la crisis.
El informe de la Policía Nacional ya recogía dos comunicaciones emitidas por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras los días 28 y 29 de julio. Ambas advertían de una probabilidad "alta" de entradas a nado en Ceuta y Melilla después de detectar movimiento en redes sociales, aunque también señalaban que resultaba imposible asegurar que llegaran a materializarse.
El nuevo documento sitúa así el debate en un terreno más preciso. Margarita Robles acertó al afirmar que existió información previa, mientras que la posición defendida por Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska encuentra respaldo en otro extremo esencial: ninguna comunicación describió un escenario cercano al cruce simultáneo de decenas de miles de personas.
La Guardia Civil también ha aportado información sobre su despliegue y las labores desarrolladas en el mar. El instituto armado cifra en 82 los fallecidos confirmados durante aquellos días, principalmente por ahogamiento y aplastamiento. La vinculación con la entrada masiva de otros cuerpos recuperados posteriormente permanece pendiente de confirmación.
Dos informes distintos sobre una misma crisis
El oficio de la Guardia Civil tiene un objeto diferente al documento de 55 páginas presentado por la Policía Nacional. A los agentes del CENIF, Tardón les encargó analizar si la entrada pudo responder a una acción concertada, identificar a sus posibles organizadores y estudiar el material gráfico disponible. De ese trabajo surgieron los indicios sobre una planificación y el supuesto "guiado activo" de personas por parte de efectivos marroquíes.
A la Guardia Civil se le reclamó información operativa sobre los avisos, el dispositivo fronterizo, los rescates y las víctimas. La ausencia de referencias al papel de Marruecos responde al alcance del encargo judicial, por lo que la brevedad del oficio tampoco permite medir su importancia frente al informe policial. Cada cuerpo ha contestado a preguntas distintas dentro de las mismas diligencias.
La entrega ha coincidido con el respaldo de la Fiscalía para que la Audiencia Nacional investigue los hechos. El fiscal jefe, Jesús Alonso, aprecia indicios de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización criminal. También sitúa en territorio marroquí parte de la posible planificación, movilización y coordinación logística.
El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la posible desclasificación de los documentos relacionados con Ceuta. El objetivo anunciado por Sánchez es publicar la información policial y de inteligencia disponible antes y después de la crisis, preservando los datos que puedan perjudicar al CNI o a la cooperación con servicios extranjeros. El oficio remitido por la Guardia Civil formará parte de ese dosier.
Con los informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía ya incorporados a las diligencias, Tardón deberá decidir si la Audiencia Nacional asume definitivamente la investigación, admite a trámite la denuncia que originó el procedimiento y decreta el secreto parcial solicitado por el Ministerio Público.
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