La entrada de más de 70.000 personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio estuvo precedida por una planificación y contó con una dirección estratégica sobre el terreno. Esa es la principal conclusión del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.
'ElConstitucional.es' ha tenido acceso al contenido del documento, titulado 'Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta'. Sus 55 páginas analizan fotografías, vídeos, mensajes difundidos en redes sociales y los avisos manejados por la Policía antes de una crisis que desbordó durante horas la frontera española.
El CENIF rechaza que aquella concentración surgiera de manera accidental o espontánea. Los investigadores aprecian una "planificación previa", una autoría intelectual anterior a los hechos y otra material que actuó durante su desarrollo mediante funciones de seguimiento, control y orientación.
La conclusión más delicada afecta directamente a las Fuerzas de Seguridad marroquíes. El informe destaca su escasa presencia en la frontera durante las horas decisivas y señala un "guiado activo" de los migrantes hacia los lugares de paso por parte de agentes de Marruecos.
El anexo gráfico incluye imágenes de gendarmes uniformados que aparentemente indican por dónde avanzar y dirigen a grupos hacia la costa. También aparecen personas vestidas de paisano cuyo comportamiento lleva a los analistas a plantear que podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia marroquíes.
Esta identificación parte del análisis de material difundido en redes sociales y medios de comunicación. El CENIF carece de agentes desplegados en Marruecos y el documento tampoco atribuye expresamente al Gobierno de Rabat una orden concreta para organizar la operación. La posible implicación de agentes marroquíes constituye una conclusión policial pendiente de comprobación judicial, no una responsabilidad política o penal ya acreditada.
Un plan para bloquear la respuesta española
La elección de Ceuta, los puntos utilizados para entrar, las horas escogidas y la incorporación sucesiva de distintos perfiles forman, para los investigadores, una combinación imposible de explicar por la simple coincidencia. El informe aprecia una ejecución dividida en fases y adaptada a la respuesta de las autoridades españolas.
El objetivo identificado iba más allá de cruzar la frontera. La primera fase habría buscado colapsar el sistema de gestión fronteriza obligando a concentrar efectivos en labores de salvamento. La segunda pretendía "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España" mientras continuaban las entradas por otros puntos.
El comportamiento posterior de la mayoría de las personas que cruzaron aparece como otro elemento relevante. El informe calcula que solo permaneció en territorio español alrededor del 10% y describe el regreso a Marruecos como una salida relativamente ordenada y de gran volumen. El CENIF sostiene a partir de ese dato que la finalidad migratoria actuó como "cobertura formal" de un proceso con otros objetivos.
Esa lectura coincide con las cifras ofrecidas por el Gobierno pocos días después de la crisis. Interior calculó que unas 72.000 personas habían entrado en Ceuta y que cerca de 70.000 regresaron a Marruecos durante las jornadas siguientes.
Los analistas también detectan una especialización que sitúan fuera del alcance de las organizaciones dedicadas habitualmente a la inmigración irregular en esa zona. La concentración simultánea de miles de personas, su traslado hasta puntos concretos y la adaptación de las convocatorias requerían, a juicio del CENIF, coordinación, conocimiento del terreno y seguimiento en tiempo real.
El informe deja sin identificar a la autoría intelectual y tampoco determina qué estructura habría dirigido todo el proceso. Descarta la capacidad de las mafias radicadas en Ceuta para desplegar una operación de esas dimensiones, aunque mantiene abierta la posible intervención de otras organizaciones. Israel, señalado durante los primeros días en algunas hipótesis políticas, ni siquiera aparece mencionado.
Las redes sociales tuvieron un papel decisivo. El documento recopila convocatorias difundidas antes del 30 de julio en Facebook, Instagram, TikTok y servicios de mensajería. Algunas anunciaban un "asalto" a Ceuta, indicaban la fecha y animaban a avanzar en grupos reducidos.
Cuando comenzaron las entradas, aparecieron simultáneamente mensajes que afirmaban que la frontera estaba abierta y llamaban a más personas a desplazarse hasta ella. La activación y desaparición de perfiles, la repetición de contenidos y su difusión coordinada llevan a la Policía a apreciar un patrón preparado para multiplicar el alcance de las convocatorias.
Uno de los mensajes más extendidos tergiversaba la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de quienes llegan a nado. Su contenido quedó reducido a una frase sencilla y falsa en esos términos, "si entras nadando, no pueden devolverte", que ofrecía a los potenciales participantes una aparente garantía legal.
También circularon mensajes sobre el proceso extraordinario de regularización impulsado en España y sobre una supuesta falta de vigilancia coincidiendo con la Fiesta del Trono. La celebración principal se desarrollaba en la residencia real de M'Diq, situada a poco más de 20 kilómetros de Ceuta, y parte de las fuerzas marroquíes estaba destinada a proteger a la familia real.
La Policía considera que esa coincidencia alimentó la percepción de que existía un "consentimiento tácito" para avanzar hacia la frontera. El contraste llegó el 15 de agosto, cuando un amplio despliegue marroquí mantuvo controlado el límite con Ceuta durante más de 48 horas y evitó una nueva entrada masiva.
El informe que Interior desconocía
El documento incorpora nueve alertas y notas informativas remitidas por el CENIF a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y a las jefaturas superiores de Ceuta y Andalucía Occidental. Dos fueron elaboradas durante los días anteriores a la crisis.
Una de ellas, fechada el 29 de julio, advertía de un riesgo elevado de entradas por mar o mediante un salto de la valla. El aviso contemplaba la posibilidad de un intento de acceso, aunque carecía de una estimación sobre su magnitud y tampoco anticipaba que decenas de miles de personas cruzarían al día siguiente.
La jueza María Tardón había ordenado al equipo investigador que no compartiera con sus superiores la elaboración ni el contenido del informe. El documento fue entregado directamente en la Audiencia Nacional y Francisco Pardo, director general de la Policía, sostiene que desconoció su existencia hasta que la magistrada autorizó este miércoles su consulta interna.
Después de examinarlo, Pardo comunicó a Fernando Grande-Marlaska que "no existe informe policial alguno" que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta. La literalidad del documento conocido horas después ha abierto una evidente grieta con esa explicación.
El informe separa ambos planos. Habla de una planificación previa y de una dirección estratégica sin identificar formalmente a sus responsables, mientras atribuye a miembros de las fuerzas marroquíes el guiado de personas hacia los puntos de entrada. No sostiene que esos agentes diseñaran toda la operación, pero sí les asigna una participación activa durante su ejecución.
Interior también ha rebajado el documento del 29 de julio a una alerta habitual que no preveía una entrada masiva al día siguiente. El CENIF, sin embargo, incorpora ese aviso dentro de la secuencia de informaciones anteriores a la crisis y construye sus conclusiones mediante el análisis posterior de todo lo ocurrido.
Félix Bolaños ha pedido "máxima cautela" y ha defendido que el Gobierno no ocultó información. El ministro de Justicia ha explicado que el Ejecutivo conoció la existencia del informe a través de las informaciones publicadas y que debía estudiar su contenido antes de extraer conclusiones sobre Marruecos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza ahora el documento para decidir si los hechos encajan en delitos de organización criminal, contra los derechos de los migrantes o contra altos organismos de la nación. También deberá pronunciarse sobre la competencia de este tribunal para investigar la denuncia presentada por Iustitia Europa.
Las imágenes y mensajes han permitido al CENIF reconstruir una operación coordinada y situar a agentes marroquíes en puntos donde se orientaba a los migrantes. La Audiencia Nacional deberá determinar quién organizó aquella movilización, qué órdenes recibieron esas personas y hasta dónde llegó la participación de las autoridades de Marruecos.
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