El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su preocupación por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón de impedir que el equipo policial que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta informara a sus superiores sobre sus pesquisas.
Marlaska ha remitido una carta a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, después de conocer que la magistrada había prohibido a los investigadores trasladar información sobre el contenido y la elaboración del informe policial incorporado a la causa. Ese documento llegó a la Audiencia Nacional sin conocimiento previo del ministro ni de los responsables políticos encargados de gestionar la crisis.
La misiva mantiene un escrupuloso respeto hacia las competencias de Tardón, aunque cuestiona que la reserva impuesta sobre la investigación pudiera extenderse hasta dejar al Gobierno sin datos relevantes para afrontar la emergencia fronteriza. Marlaska ha recordado su doble condición de ministro y magistrado para defender la independencia judicial y la dependencia funcional de la Policía Judicial respecto a jueces, tribunales y Ministerio Fiscal.
El responsable de Interior considera, al mismo tiempo, que ambas obligaciones pueden convivir. A su juicio, "no debería ser incompatible" atender todos los requerimientos de la Audiencia Nacional y poner en conocimiento de los superiores policiales y políticos aquellas circunstancias necesarias para adoptar decisiones sobre seguridad pública y nacional.
Una crisis declarada de interés para la seguridad nacional
La reclamación se apoya en la dimensión alcanzada por la crisis de Ceuta tras la entrada irregular de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. El Gobierno declaró el pasado 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional al amparo de la Ley 36/2015, lo que activó mecanismos extraordinarios de coordinación entre administraciones y organismos estatales.
Interior sostiene que la información en manos de la Policía Nacional resulta de "gran interés" para que el Ejecutivo ejerza sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado. La falta de acceso a esos datos afectaría directamente a la capacidad del Gobierno para valorar riesgos, ordenar refuerzos o coordinar la respuesta ante una crisis de esta magnitud.
Marlaska plantea que la Policía Judicial pueda comunicar a los órganos judiciales todo aquello relacionado con la investigación y facilitar paralelamente al Ejecutivo los elementos indispensables para proteger el interés general. Esa transmisión tendría que realizarse sin comprometer las pesquisas ni interferir en las decisiones de la magistrada.
La carta dirigida a Perelló abre ahora un debate dentro del Poder Judicial sobre los límites de la reserva ordenada por Tardón y su relación con las competencias constitucionales del Gobierno cuando existe una amenaza que afecta a una frontera exterior española y europea.
El informe que Interior conoció por la prensa
El conflicto surgió alrededor del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y enviado a la jueza Tardón. El documento analiza imágenes, comunicaciones y otros materiales recopilados tras la entrada masiva y apunta a una intervención activa de agentes marroquíes para facilitar y dirigir los desplazamientos hacia la frontera ceutí.
La existencia y parte de las conclusiones del informe trascendieron en los medios antes de que Marlaska recibiera una explicación de la cúpula policial. El director general de la Policía, Francisco Pardo, sostuvo que los agentes tenían instrucciones judiciales de guardar silencio ante sus superiores y que Tardón únicamente autorizó este miércoles la entrega del documento.
El ministro pidió entonces explicaciones a Pardo por el fallo en la cadena de información. La polémica se agravó al tratarse de unos datos directamente relacionados con las posibles responsabilidades de Marruecos y con las alertas policiales previas a los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
Con su escrito al CGPJ, Marlaska ha trasladado la controversia desde el ámbito interno de la Policía hasta el máximo órgano de gobierno de los jueces. Interior reclama que una investigación judicial reservada permita al Ejecutivo conocer los datos imprescindibles para responder ante una crisis que el propio Estado ha situado formalmente en el terreno de la seguridad nacional.
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