La crisis migratoria de Ceuta ha dado este viernes un paso decisivo hacia los tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respaldado que este órgano investigue la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio y ha situado en territorio marroquí una parte de su posible planificación, movilización y coordinación.
El informe ha sido firmado por el fiscal jefe, Jesús Alonso, quien asumió personalmente el asunto por su relevancia. El Ministerio Público aprecia indicios de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal. También ha solicitado que una parte de las actuaciones permanezca secreta por las especiales circunstancias del caso.
La posición de la Fiscalía todavía tiene carácter provisional. La magistrada María Tardón deberá resolver si la Audiencia Nacional es competente y qué diligencias ordena para esclarecer lo sucedido. La identificación de los responsables, incluida cualquier eventual participación de estructuras estatales marroquíes, queda en manos de la investigación.
Una posible planificación en territorio marroquí
El escrito sostiene que una parte relevante de la preparación pudo desarrollarse al otro lado de la frontera. Allí se habrían producido, según los indicios reunidos hasta ahora, la movilización de personas, la coordinación logística, la difusión de mensajes en redes sociales y una eventual dirección estratégica. La ejecución y las consecuencias más graves recayeron sobre Ceuta, territorio español, lo que permite a la jurisdicción española investigar el conjunto de los hechos.
Este planteamiento se apoya especialmente en el informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Los agentes describieron un movimiento planificado y señalaron la supuesta participación de efectivos marroquíes en el "guiado activo" de personas hacia distintos puntos de paso. El documento también destacó la permisividad observada durante varias horas en la frontera, aunque dejó pendiente determinar quién impartió las instrucciones y desde qué nivel.
La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional dispone de los medios necesarios para afrontar una investigación de carácter transfronterizo y potencialmente organizada. Además de los delitos apreciados inicialmente, la instrucción deberá comprobar si las conductas investigadas pudieron afectar al orden público o a bienes colectivos como la paz o la independencia del Estado.
Tardón ya cuenta también con el informe solicitado a la Guardia Civil. El documento recoge las comunicaciones mantenidas antes de la llegada masiva, los efectivos desplegados, las operaciones de salvamento y los fallecimientos conocidos. Según fuentes próximas a la investigación, existieron avisos y contactos previos con organismos estatales, aunque ninguno anticipó la dimensión que alcanzaría la crisis.
Tardón decidirá tras el choque con Interior
El pronunciamiento de la Fiscalía llega después del enfrentamiento entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la magistrada. El ministro trasladó al Consejo General del Poder Judicial su preocupación porque los policías encargados del informe debían mantener la reserva y tenían prohibido comunicar sus conclusiones a sus superiores políticos.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha respaldado por unanimidad la actuación de Tardón y ha recordado que la Policía Judicial depende funcionalmente de jueces y fiscales cuando desarrolla una investigación penal. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, también pidió respeto a la independencia de la magistrada.
Pedro Sánchez defendió el jueves ante el Congreso que hasta ahora faltan pruebas concluyentes que permitan atribuir al Gobierno marroquí la organización de la entrada masiva. El criterio de la Fiscalía parte de un nivel distinto: la existencia de indicios suficientes para investigar. El escrito sitúa parte de la posible preparación en Marruecos, mientras reserva la atribución de responsabilidades para las diligencias que pueda acordar la jueza.
El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Vivas, ha acordado personarse como acusación particular para reclamar los perjuicios causados a los servicios públicos, la seguridad ciudadana y el sistema de protección de menores. Tardón deberá resolver ahora si mantiene la causa en la Audiencia Nacional, decreta el secreto parcial solicitado y ordena las primeras actuaciones para identificar a quienes pudieron organizar y dirigir el cruce.
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