El Gobierno de Ceuta ha decidido llevar hasta el final la investigación sobre la entrada masiva registrada en la frontera del Tarajal. El Consejo de Gobierno, reunido este jueves con carácter extraordinario, ha acordado personarse como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional por los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio.
La Ciudad sostiene que aquel episodio afectó de forma "directa y grave" a sus bienes e intereses públicos. Durante aquellas jornadas, la llegada de miles de personas puso bajo una enorme presión a los servicios esenciales, alteró la seguridad y la tranquilidad ciudadanas y desbordó el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados, cuya tutela corresponde a la administración ceutí.
El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas pretende que el procedimiento permita determinar el alcance de esos perjuicios y reclamar, si la investigación acredita la existencia de delitos, las responsabilidades penales y civiles correspondientes. La institución considera que debe intervenir para defender sus intereses y los derechos de quienes presenta como las víctimas de lo ocurrido, "en este caso el pueblo de Ceuta".
Si la Audiencia Nacional acepta su personación, el Gobierno autonómico podrá participar en la causa, aportar la documentación que considere relevante y trasladar al órgano judicial su valoración de los daños soportados por la ciudad y por sus servicios públicos.
Una investigación que apunta hacia Marruecos
La causa está dirigida por la magistrada María Tardón, que abrió diligencias tras una denuncia de 'Iustitia Europa' y encargó varios informes antes de resolver si la Audiencia Nacional es competente para continuar con la investigación. El fiscal jefe de este órgano, Jesús Alonso, ha asumido personalmente el asunto debido a su "singularidad y trascendencia".
Entre la documentación remitida al juzgado figura un informe policial que recoge testimonios e imágenes sobre el supuesto "guiado activo" de migrantes por parte de agentes marroquíes. El documento cuestiona que una movilización de semejante magnitud pudiera ser organizada únicamente por las redes de tráfico de personas, aunque sus conclusiones deberán ser examinadas dentro del procedimiento y todavía no existe una resolución judicial que atribuya responsabilidades.
La decisión de Ceuta llega después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para defender que, por ahora, no existen pruebas concluyentes de que Marruecos diseñara o ejecutara la operación. El presidente destacó la posterior colaboración de Rabat en los retornos y anunció que el Gobierno hará públicos los informes disponibles. Vivas calificó sus explicaciones de "penosas" y le reprochó que evitara señalar al país vecino.
Con su entrada en la causa, el Ejecutivo ceutí busca que los interrogantes sobre aquellos dos días se resuelvan en sede judicial y que los responsables de los daños sufridos por la ciudad respondan por ellos si finalmente pueden ser identificados.
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