El Gobierno dará este martes un paso decisivo para arrojar luz sobre la información que manejaron los servicios del Estado antes de la crisis migratoria de Ceuta. El Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los informes y avisos elaborados en los días previos y posteriores a la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, una documentación que podrá consultarse públicamente a partir del miércoles.
La decisión llega después de que Pedro Sánchez se comprometiera en el Congreso a hacer públicos todos los documentos que recibió el Ejecutivo durante aquellos días. El presidente defendió que la publicación de estos informes permitirá comprobar qué información estaba en manos del Estado y sostuvo que ninguno de los servicios de inteligencia o seguridad anticipó un episodio de las dimensiones que finalmente se produjo.
La medida alcanzará a los informes procedentes de los servicios policiales y militares, así como a la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Precisamente los documentos de este último organismo son los que presentan mayores dificultades al encontrarse sometidos a la legislación sobre secretos oficiales, por lo que su apertura requiere un acuerdo expreso del Consejo de Ministros.
Los avisos previos, en el centro de la polémica
La desclasificación pretende poner fin a una de las principales controversias surgidas tras la crisis: si el Gobierno recibió o no información suficiente para prever la llegada masiva de personas a Ceuta. Sánchez aseguró ante la Cámara Baja que el Ejecutivo había revisado las notas elaboradas por el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que ninguna de ellas alertaba de una entrada de esa magnitud.
Los documentos conocidos hasta ahora sí reflejan un aumento progresivo de los cruces y un riesgo potencial, pero, según la explicación ofrecida por el presidente, las previsiones contemplaban escenarios de impacto bajo o medio. La Policía, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, emitió además distintos avisos entre el 29 de julio y el 4 de agosto.
El debate se intensificó tras el informe de 55 páginas encargado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que apuntó a una posible participación de agentes marroquíes en el denominado "guiado activo" de personas hacia territorio español y describió una permisividad inusual en la frontera durante las horas más críticas del 30 de julio. El documento, no obstante, no determina quién habría organizado la operación ni atribuye órdenes concretas al Gobierno de Marruecos.
La polémica también alcanzó al Ministerio del Interior después de que Fernando Grande-Marlaska trasladara a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, su preocupación por el acceso a la información contenida en las actuaciones judiciales. Perelló defendió la actuación de la magistrada y recordó que el órgano de gobierno de los jueces no puede intervenir para corregir sus decisiones.
Con la publicación de los informes, Moncloa busca respaldar su versión sobre la gestión de la crisis y despejar las dudas planteadas por la oposición y por el Gobierno de Ceuta. Sánchez ya reconoció en el Congreso que la respuesta desplegada hasta entonces "no ha sido suficiente" para recuperar la normalidad, aunque defendió que más del 90% de las personas que entraron regresaron a Marruecos durante las primeras 72 horas. Desde el 10 de agosto, el Ejecutivo cifra además en unos 4.000 los retornos voluntarios y las repatriaciones efectuadas.
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