El Ministerio de Hacienda ha conseguido este viernes sacar adelante su propuesta para reformar la financiación autonómica, pendiente de renovación desde 2014. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado su aval al nuevo modelo con los votos favorables de Cataluña y Canarias, suficientes para que el proyecto continúe su tramitación.
La reunión ha terminado con el rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y de las dos autonomías socialistas incluidas en el régimen común, Asturias y Castilla-La Mancha. La Comunidad de Madrid ha sido la única ausente. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había intentado extender el plantón a los demás ejecutivos populares para impedir que el Consejo alcanzara el cuórum, pero ninguno ha secundado su maniobra.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha calificado de "histórico" el avance de una reforma que busca sustituir al modelo aprobado en 2009. También ha admitido que la propuesta puede mejorarse durante su paso por las Cortes. "Pido a los grupos parlamentarios que en la negociación alejen el ruido y la furia y que acuerden", ha señalado al finalizar un encuentro de más de tres horas.
Ayuso se queda sola en su plantón
El Ejecutivo madrileño anunció el jueves que su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, no acudiría a la reunión. Su objetivo declarado consistía en convencer al resto de comunidades del PP para impedir la constitución del Consejo. La estrategia ha fracasado y Madrid ha renunciado a defender su posición dentro del órgano mientras los demás territorios han participado y votado en contra.
Algunos representantes populares han marcado distancias con la fórmula elegida por Ayuso. El consejero valenciano, José Antonio Rovira, ha asegurado que la ausencia de Madrid carecía de "ningún tipo de utilidad". La responsable extremeña, Elena Manzano, ha reivindicado la "máxima lealtad institucional" para justificar su presencia, mientras Galicia ha explicado que prefería mostrar su rechazo desde dentro.
Madrid ni siquiera notificó formalmente su ausencia al Ministerio. El asiento reservado a Rocío Albert quedó vacío y sobre la mesa apareció un ejemplar de El dolor de los demás, del escritor Miguel Ángel Hernández, colocado como cortesía por Arcadi España. La silla desocupada terminó convertida en la imagen del aislamiento del Gobierno regional.
La posición de Ayuso también choca con las cifras territoriales de la reforma. La Comunidad de Madrid recibiría 2.555 millones de euros adicionales en 2027, lo que la situaría como la cuarta autonomía más beneficiada en términos absolutos. El modelo contempla además una adhesión voluntaria, de manera que cada territorio podrá permanecer en el sistema vigente si prefiere renunciar al incremento previsto.
Más recursos para los servicios públicos
La propuesta de Hacienda incorporaría 20.975 millones de euros adicionales al sistema durante su primer año de aplicación. Los recursos totales para las comunidades de régimen común alcanzarían los 224.507 millones en 2027, con una aportación estatal cercana a los 19.000 millones y una mayor participación autonómica en los principales impuestos.
Las comunidades pasarían a gestionar el 55% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), frente al 50% actual, y el 56,5% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). También se introducen nuevos criterios para calcular la población ajustada, atendiendo a factores como el envejecimiento, la población en edad escolar, la dispersión, la insularidad y los costes derivados del cambio climático.
Andalucía sería la principal beneficiaria en términos absolutos, con 4.846 millones adicionales cada año. Cataluña recibiría 4.686 millones; la Comunitat Valenciana, 3.669 millones; y Madrid, los citados 2.555 millones. El mecanismo de nivelación busca reducir las diferencias de financiación por habitante y reforzar los fondos destinados a sanidad, educación y políticas sociales.
El respaldo del CPFF tampoco despeja todas las dificultades. Los gobiernos autonómicos del PP, Asturias y Castilla-La Mancha sostienen que el proyecto nació de la negociación entre el Ejecutivo y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y reclaman comenzar de nuevo el proceso. Hacienda defiende que el texto ha sido debatido con todas las comunidades y recuerda que ningún territorio recibiría menos dinero con el nuevo sistema.
El proyecto pasará ahora por el Consejo de Ministros antes de iniciar su recorrido parlamentario. Al tratarse de una reforma mediante ley orgánica, el Gobierno necesitará una mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso. Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad y reclama un concierto económico para Cataluña, por lo que su aprobación definitiva continúa abierta. El Ejecutivo mantiene el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.
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