La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso dejó este jueves un compromiso que prolongará el debate sobre Ceuta durante los próximos días. El presidente ordenó preparar un dosier con todos los informes y alertas que recibió el Estado antes y después de la entrada de unas 70.000 personas por la frontera del Tarajal. El Gobierno afronta ahora la tarea de encontrar una fórmula que permita publicar también la documentación del Centro Nacional de Inteligencia sin perjudicar su funcionamiento ni la colaboración con servicios extranjeros.
El asunto podría llegar al Consejo de Ministros del próximo martes. Los documentos policiales y militares plantean menos dificultades, pero los informes del CNI están protegidos por la legislación sobre secretos oficiales y su desclasificación exige un acuerdo del Ejecutivo. Sánchez insistió en que se divulgarán "TODOS" los avisos y análisis disponibles, una decisión con la que Moncloa pretende despejar las dudas sobre la información que manejó durante los días previos a la crisis.
El presidente reconoció que la reacción desplegada hasta ahora "no ha sido suficiente" para devolver la normalidad a Ceuta, aunque defendió que más del 90% de quienes entraron regresaron a Marruecos durante las primeras 72 horas. Desde el 10 de agosto se produjeron, además, alrededor de 3.300 retornos voluntarios y repatriaciones. El Ejecutivo mantiene que ningún informe anticipó una llegada de semejante magnitud, una versión cuestionada por buena parte de la oposición y por el Gobierno ceutí.
Los documentos que deberá aclarar el Gobierno
El CNI elaboró dos informes de situación en los que detectó un aumento de los cruces y recomendó extremar la vigilancia. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía también emitió varios avisos entre el 29 de julio y el 4 de agosto. Según detalló Sánchez, aquellos análisis hablaban de un "incremento paulatino" y de un "riesgo potencial", pero situaban los escenarios previstos en niveles de impacto bajo o medio.
La controversia creció tras conocerse el informe de 55 páginas encargado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. El documento recoge indicios de que gendarmes marroquíes participaron en el "guiado activo" de personas hacia Ceuta y describe una permisividad inusual durante las horas más críticas del 30 de julio. Aun así, el informe no identifica a los autores intelectuales de la operación ni atribuye órdenes concretas al Gobierno de Marruecos.
La magistrada pidió a los policías que mantuvieran la máxima reserva y que evitaran compartir el contenido con sus superiores. Fernando Grande-Marlaska trasladó su preocupación a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, al considerar que una crisis declarada de interés para la seguridad nacional requería que los responsables políticos dispusieran de la información relevante. Perelló defendió la actuación constitucional de la jueza y recordó que el órgano de gobierno de los jueces carece de facultades para censurar o corregir sus decisiones.
La investigación continúa pendiente del informe de la Guardia Civil y del criterio de la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional. El fiscal jefe, Jesús Alonso, asumió personalmente el asunto debido a su "singularidad y trascendencia". De forma paralela, Interior investiga por qué algunas alertas no ascendieron por la cadena de mando y cómo se gestionó la información durante aquellas jornadas.
Los 309 millones comienzan a llegar a Ceuta
Mientras avanza el esclarecimiento de los hechos, el Ejecutivo ha iniciado la aplicación del paquete de 309 millones aprobado para sostener la economía, los servicios públicos y el dispositivo migratorio de Ceuta hasta final de año. La cantidad equivale a cerca del 16% del producto interior bruto de la ciudad autónoma.
El plan reserva 36,6 millones en ayudas directas para autónomos y empresas. Las solicitudes podrán presentarse desde el 14 de septiembre y los primeros pagos están previstos para comienzos de octubre. También incluye expedientes temporales de empleo con exoneraciones completas de las cotizaciones empresariales y eleva del 50% al 75% la bonificación para los contratos indefinidos en Ceuta y Melilla.
Otros 229 millones se destinarán a seguridad, atención humanitaria y servicios públicos. El despliegue estatal alcanza ya los 1.600 policías nacionales y guardias civiles, junto a un centenar de profesionales sanitarios adicionales. La capacidad de acogida pasó de 500 a 3.500 plazas en menos de un mes y el Gobierno prepara nuevos espacios provisionales que permitirán duplicarla durante las próximas semanas.
Interior solicitó a la Unión Europea más de 32 millones de ayuda de emergencia y pidió el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo. La petición incluye diez agentes adicionales para identificar a las personas que permanecen en Ceuta, intérpretes, asistencia en los procedimientos de protección internacional y colaboración en los retornos que puedan realizarse legalmente. El Ejecutivo también quiere una presencia permanente de Frontex en el puerto y los espigones.
Marruecos abre sus propias pesquisas y aumenta la presión política
El ministro marroquí de Exteriores, Naser Bourita, comunicó a José Manuel Albares que Rabat abrió una investigación sobre lo ocurrido a finales de julio. Marruecos todavía no ha explicado qué organismo dirige esas pesquisas, qué plazo maneja ni cuándo ofrecerá sus conclusiones. Sánchez sostuvo en el Congreso que la gendarmería marroquí permitió durante diez horas decisivas el paso de miles de personas, aunque dejó abierta la cuestión de si se debió a una incapacidad operativa o a una decisión deliberada.
El Gobierno quiere revisar con Rabat los mecanismos de alerta fronteriza e incorporar garantías adicionales. La relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Exteriores convocó el 21 de agosto al encargado de negocios de la Embajada marroquí para protestar por unas declaraciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, mientras el Ejecutivo mantiene que la cooperación migratoria futura deberá desarrollarse bajo condiciones distintas.
La gestión también tensó las relaciones con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. El dirigente popular calificó de "penosas" las explicaciones de Sánchez, acusó al Gobierno de haber llegado tarde y advirtió de que la ampliación de plazas debe ser provisional porque "no se puede convertir a todo Ceuta en un CETI". El Consejo de Gobierno de la ciudad decidió horas después personarse como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional para defender los intereses del pueblo ceutí y reclamar las responsabilidades penales y civiles que puedan determinarse.
Sánchez vinculó cualquier respuesta diplomática más severa a la aparición de pruebas concluyentes sobre una intervención directa de las autoridades marroquíes. "Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia", aseguró ante el Congreso.
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