La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón después de que Fernando Grande-Marlaska trasladara al CGPJ su preocupación por la reserva impuesta a la Policía durante la investigación de la crisis de Ceuta.
Perelló ha defendido que la magistrada de la Audiencia Nacional actuó en el "ejercicio de sus funciones constitucionales" al impedir que los agentes que preparaban el informe sobre la entrada masiva de personas informaran a sus superiores. En su respuesta al ministro del Interior, la presidenta del Poder Judicial ha reclamado "el máximo respeto" por las decisiones adoptadas durante la instrucción.
La magistrada también ha recordado a Marlaska que los órganos de gobierno de los jueces tienen "constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales". El CGPJ, por tanto, carece de competencias para revisar la orden dictada por Tardón o pronunciarse sobre su conveniencia.
Perelló ha incidido además en el deber de colaboración con los órganos judiciales. Una obligación que alcanza a todos los ciudadanos y que resulta especialmente exigente para la Policía Judicial, con independencia del cuerpo al que pertenezcan sus integrantes y de su dependencia administrativa.
La respuesta comparte la preocupación de Interior por la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, aunque sitúa la actuación de la jueza dentro de sus atribuciones. "La actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", ha escrito Perelló.
El choque se ha producido por un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional que analiza la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El documento recoge indicios de una operación organizada y atribuye a gendarmes marroquíes un "guiado activo" de personas hacia Ceuta, aunque tampoco identifica a quienes pudieron diseñar o dirigir la operación.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó a Marlaska que desconocía el contenido del documento porque Tardón ordenó a los investigadores mantener la información dentro de las diligencias judiciales. También sostuvo que ningún informe policial atribuye a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido.
Marlaska reclamó información para gestionar la crisis
El ministro del Interior había explicado en su carta que respeta "escrupulosamente" la independencia judicial y la dependencia de la Policía Judicial respecto de jueces, tribunales y fiscales. Su queja se centraba en que la orden de reserva impidió que una información potencialmente relevante llegara a los responsables políticos encargados de gestionar la crisis.
Marlaska considera que la colaboración con la Justicia puede convivir con el deber de informar al Gobierno cuando están en juego la seguridad pública, la política exterior y la defensa del Estado. La entrada masiva llevó al Ejecutivo a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, por lo que Interior sostiene que necesitaba conocer cualquier dato útil para adoptar decisiones.
La magistrada ha remitido el informe a la Fiscalía para que determine si la Audiencia Nacional es competente para seguir investigando los hechos. El fiscal jefe de este órgano, Jesús Alonso, ha asumido personalmente el asunto debido a su "singularidad y trascendencia".
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