Las autoridades de Marruecos han comunicado este jueves al Gobierno de España que han abierto una investigación sobre la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Bourita, ha trasladado la apertura de las pesquisas a su homólogo español, José Manuel Albares.
El movimiento de Rabat llega en el momento de mayor presión política y judicial por lo ocurrido en la frontera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado ante el Congreso que España actuará "con total contundencia" si aparecen pruebas sólidas que acrediten una responsabilidad de Marruecos en la crisis.
Sánchez ha mantenido, al mismo tiempo, que ninguna institución española, europea o internacional ha entregado al Ejecutivo evidencias concluyentes de que las autoridades marroquíes planificaran la operación. El anuncio de Bourita abre ahora una vía propia para esclarecer lo sucedido desde el otro lado de la frontera.
El Gobierno marroquí no ha detallado por el momento qué organismo dirigirá la investigación, qué hechos concretos examinará ni cuándo compartirá sus conclusiones con España. La comunicación trasladada a Albares se limita a confirmar que las pesquisas ya están en marcha.
Un informe que apunta a agentes marroquíes
La investigación anunciada por Rabat coincide con la polémica provocada por el documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. El informe, de 55 páginas, analiza vídeos, fotografías, mensajes publicados en redes sociales, entrevistas a migrantes y datos de telefonía móvil relacionados con el cruce.
Los agentes consideran incompatible lo ocurrido con una movilización espontánea y descartan que las redes de tráfico conocidas en la zona dispusieran de capacidad para concentrar y desplazar a decenas de miles de personas. El documento describe una actuación organizada sobre el terreno y recoge imágenes de gendarmes marroquíes dando indicaciones para superar obstáculos y alcanzar los puntos de entrada.
También señala la presencia de personas de paisano que caminaban en sentido contrario al flujo, vigilaban el avance de los grupos y parecían impartir instrucciones a los uniformados. Los investigadores hablan de una elevada permisividad durante las horas decisivas de la crisis, aunque el informe no identifica quién pudo ordenar la operación ni atribuye su autoría al Gobierno de Marruecos.
Tardón solicitó este análisis para determinar si la entrada masiva fue una actuación concertada o dirigida por una organización. La magistrada espera ahora el informe encargado a la Guardia Civil y el criterio de la Fiscalía antes de decidir si la Audiencia Nacional tiene competencia para abrir una investigación por hechos que podrían afectar a la seguridad nacional.
Sánchez pide pruebas antes de señalar a Rabat
Durante su comparecencia en el Congreso, Sánchez ha reconocido que los agentes marroquíes permitieron el paso durante unas diez horas el 30 de julio, cuando se produjo el momento más crítico de la entrada. El Gobierno sostiene que todavía debe aclararse si aquella falta de respuesta obedeció a una decisión deliberada o a la incapacidad para contener la multitud.
El presidente también ha revelado que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora de Marruecos en España por las declaraciones de dos ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla. Sánchez ha calificado aquellas palabras de "inaceptables" y ha defendido la prudencia mantenida por el Gobierno para evitar una escalada diplomática mientras avanzan las investigaciones.
Rabat había rechazado hasta ahora las acusaciones de permisividad y atribuido la movilización a las mafias, las convocatorias difundidas en redes sociales y una interpretación falsa de una sentencia española sobre las devoluciones en caliente. El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, aseguró en agosto que las fuerzas de seguridad evitaron frenar por la fuerza a la multitud para impedir un derramamiento de sangre.
El Ministerio del Interior marroquí anunció días después la detención de varias personas acusadas de promover nuevas convocatorias de cruces colectivos hacia Ceuta y Melilla. En España, la próxima decisión corresponderá a Tardón cuando reciba los informes pendientes de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
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