La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por el enfrentamiento directo con el Gobierno en la batalla por la nueva financiación autonómica. Madrid no acudirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, para abordar y votar la reforma del sistema. El Ejecutivo madrileño había llamado además al resto de comunidades gobernadas por el PP a secundar el plantón con el objetivo de impedir que el órgano pudiera constituirse por falta de cuórum. Sin embargo, ninguna otra autonomía popular ha seguido finalmente la estrategia de Ayuso.
La maniobra de la presidenta madrileña buscaba frenar el avance de la reforma desde el propio Consejo. Según el reglamento del CPFF, para que la reunión pueda constituirse válidamente debe contar con la asistencia de al menos la mitad de sus miembros. El Gobierno de Ayuso comunicó su ausencia y trató de convencer al resto de ejecutivos autonómicos del PP de que hicieran lo mismo, pero el resto de territorios ha optado por acudir y expresar allí su rechazo al modelo.
Ayuso intenta convertir la financiación en otro frente contra Sánchez
El Ejecutivo madrileño sostiene que la propuesta rompe la igualdad entre españoles y cuestiona que el nuevo sistema tenga su origen en las negociaciones mantenidas entre el Gobierno central y Cataluña. Madrid también ha cargado contra lo que considera un trato privilegiado a la Generalitat y ha definido la reforma como un "blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas".
La estrategia de Ayuso no ha conseguido, sin embargo, arrastrar al resto de comunidades populares al boicot. Los gobiernos autonómicos del PP acudirán al Consejo para votar en contra de la propuesta, de modo que Madrid queda aislada en su decisión de no participar en la reunión. Cataluña y Canarias son las autonomías que han anunciado su respaldo al modelo planteado por Hacienda.
Hacienda defiende una reforma con más recursos
Frente al rechazo de buena parte de las comunidades, el Gobierno sostiene que su propuesta permitirá aumentar los recursos disponibles para las autonomías en casi 21.000 millones de euros y reducir las diferencias de financiación entre territorios. El propio Arcadi España ha reclamado a las comunidades que afronten la votación y ha resumido el debate como una elección entre un sistema que aporta más recursos y otro que mantiene las desigualdades actuales.
"Ya no valen excusas. Es momento de decidir si apostamos por un modelo que da más recursos y reduce las diferencias de financiación entre territorios o no. Esta es la pregunta que debemos responder", ha señalado el ministro.
La propuesta supone además un aumento de la participación de las comunidades en determinados impuestos. El nuevo modelo eleva la cesión del IRPF hasta el 55% y del IVA hasta el 56,5%, frente al 50% actual, al tiempo que introduce modificaciones en los criterios utilizados para calcular las necesidades de financiación, incluida una nueva definición de población ajustada.
El rechazo al modelo no impedirá que siga adelante
El escenario de este viernes no supone, en cualquier caso, la aprobación definitiva del nuevo sistema. El CPFF constituye un paso previo dentro de un recorrido que debe continuar posteriormente en el Consejo de Ministros y en el Congreso de los Diputados, donde la reforma tendrá que superar su correspondiente tramitación parlamentaria. El Gobierno mantiene el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.
La votación refleja así una fotografía especialmente complicada para Hacienda: la mayoría de comunidades rechaza la propuesta, mientras el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para avanzar en esta fase. La ausencia de Madrid no ha logrado paralizar el procedimiento y deja a Ayuso ante una nueva batalla política en la que su estrategia de bloqueo no ha encontrado el respaldo territorial que buscaba.
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