Hoy, la analista política Sarah Santaolalla ha publicado en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con el brazo en cabestrillo y en la que afirma haber sido víctima de una presunta agresión por parte de Vito Quiles y sus acompañantes. En dicha publicación, sostiene que la violencia que, según denuncia, venía sufriendo ya no sería únicamente verbal, sino que habría alcanzado carácter físico.
Cabe recordar que Santaolalla ya había interpuesto varias denuncias contra Quiles por presuntos delitos de acoso. A esta nueva denuncia se ha sumado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al haberse producido el altercado a la salida de un acto al que la analista había sido invitada por dicha formación política.
Desde el punto de vista jurídico-penal, y a la espera de lo que determinen las investigaciones judiciales, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de dos delitos que corresponderá esclarecer a la justicia española.
En primer lugar, podría apreciarse un presunto acoso, regulado en el artículo 172 y siguientes del Código Penal. Este tipo penal exige:
a) Una conducta violenta, ya sea mediante fuerza física (vis física) o intimidación (vis compulsiva), ejercida directa o indirectamente sobre la víctima. En este contexto, la denunciante refiere, por un lado, una supuesta agresión física que habría requerido asistencia médica —circunstancia que se evidenciaría en el uso de cabestrillo— y, por otro, situaciones de intimidación reiteradas, como seguimientos en la vía pública o hasta su domicilio, así como la insistencia en obtener declaraciones pese a su negativa.
b) Una finalidad consistente en impedir a la víctima hacer lo que la ley no prohíbe u obligarla a realizar lo que no desea, sea justo o injusto. Según lo manifestado, la supuesta finalidad habría sido forzar la grabación de un vídeo con declaraciones que Santaolalla no quería realizar, lo que, de acreditarse, podría integrar este elemento del tipo.
En segundo lugar, los hechos también podrían ser constitutivos de un presunto delito de lesiones, previsto en el artículo 147.1 del Código Penal. De confirmarse que las lesiones requirieron, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, el delito podría calificarse como menos grave, castigado con penas de prisión de hasta tres años o multa de hasta doce meses.
En todo caso, corresponderá a los órganos judiciales determinar como se han producido los hechos denunciados y, en su caso, la eventual responsabilidad penal que pudiera derivarse de los mismos.
