El 20 de octubre de 2011, las televisiones de toda España difundieron una noticia que periodistas, políticos y ciudadanos llevaban más de cuatro décadas esperando: ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. La organización terrorista empleaba así un eufemismo para referirse al abandono de los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y los atentados con los que había intentado imponer su proyecto político mediante la violencia.
La noticia llegó en un país que todavía sufría los efectos de una profunda crisis económica, cuyas consecuencias acaparaban buena parte de la atención pública. Sin embargo, aquel comunicado marcaba un punto de inflexión en la historia reciente de España: después de más de medio siglo de existencia, ETA reconocía el final de su campaña terrorista, aunque su disolución definitiva aún tardaría varios años.
ETA: una historia criminal
ETA son las siglas de Euskadi Ta Askatasuna, expresión traducida habitualmente como «País Vasco y Libertad». La organización nació en julio de 1959, fundada por jóvenes nacionalistas vascos procedentes de Ekin, un grupo surgido en el entorno del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
En sus primeros años, ETA se presentó como una organización de liberación nacional que luchaba contra la dictadura franquista. Sin embargo, su evolución hacia el terrorismo marcaría una trayectoria caracterizada por el asesinato de personas de distintas ideologías, miembros de las fuerzas de seguridad, militares, representantes políticos, empresarios y ciudadanos sin vinculación con el conflicto político.
Su primer asesinato fue el del guardia civil José Antonio Pardines, el 7 de junio de 1968, cuando regulaba el tráfico en una carretera de Guipúzcoa. Dos meses después, ETA asesinó a Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa y conocido por su participación en la represión policial durante el franquismo.
En diciembre de 1970, el proceso de Burgos contra varios miembros de la organización contribuyó a proyectar internacionalmente la imagen de ETA como movimiento de oposición a la dictadura. No obstante, el rechazo al franquismo no puede confundirse con una justificación de sus crímenes: la organización mantendría la violencia incluso después de la llegada de la democracia.
En diciembre de 1973 perpetró uno de los atentados más trascendentales de su historia: el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y principal colaborador de Francisco Franco. Los terroristas excavaron un túnel bajo la calle Claudio Coello de Madrid y colocaron explosivos que hicieron saltar por los aires el vehículo oficial en el que viajaba.
El atentado tuvo una enorme repercusión política, al tratarse del asesinato de un mandatario de primer nivel.
Según contaría Santiago Carrillo años después, se le contactó desde Madrid para preguntarle si estaba implicado en ese atentado. El PCE se desvincularía de toda acción criminal de ETA y prohibiría a sus abogados actuar de defensa en implicados en actos de ETA.
Pero la violencia de ETA no se limitó a objetivos vinculados directamente con el aparato del Estado. El 13 de septiembre de 1974, una bomba colocada en la cafetería Rolando, junto a la Dirección General de Seguridad de Madrid, causó trece muertos y decenas de heridos. Fue su primer atentado masivo e indiscriminado contra la población civil. La mayoría de las víctimas no eran policías, pese a que el establecimiento era frecuentado por funcionarios del organismo policial cercano.
La masacre provocó una profunda crisis interna en la organización y contribuyó a la división entre ETA político-militar y ETA militar. La primera terminaría desapareciendo en 1982, mientras que la segunda continuaría defendiendo el terrorismo como instrumento para alcanzar sus objetivos independentistas.
La estrategia de ETA se apoyaba, entre otros elementos, en una dinámica de «acción-reacción»: provocar una respuesta del Estado que pudiera alimentar el rechazo a las instituciones españolas y justificar nuevos actos de violencia. La represión franquista y los abusos policiales contribuyeron a crear simpatías hacia la organización en determinados sectores, pero la continuidad de sus asesinatos durante la democracia acabaría erosionando progresivamente esa legitimidad que pretendía atribuirse.
Los años ochenta: la época del plomo
La década de 1980 fue especialmente sangrienta. En 1980, el año más mortífero de su historia, ETA asesinó a más de cien personas. El terrorismo se convirtió en una de las principales preocupaciones de la joven democracia española, todavía marcada por la inestabilidad política y el temor a una involución autoritaria.
En determinados sectores de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad crecía la frustración ante la persistencia de los atentados. Este clima de tensión formó parte del contexto en el que se produjo el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, aunque sus causas fueron más amplias y no pueden reducirse al terrorismo.
La violencia alcanzó niveles especialmente dramáticos en la segunda mitad de la década. En 1986, ETA asesinó a doce guardias civiles mediante un coche bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid.
Un año después, el 19 de junio de 1987, perpetró el atentado de Hipercor, en Barcelona. Una bomba colocada en un centro comercial causó 21 muertos y numerosos heridos, convirtiéndose en el atentado más mortífero de la organización.
En diciembre de ese mismo año, otra bomba destruyó la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Murieron once personas, entre ellas seis menores de edad.
Estos crímenes evidenciaron que la violencia de ETA ya no podía explicarse como una lucha contra una dictadura desaparecida. La democracia había sido restablecida, el País Vasco contaba con instituciones autonómicas propias y, aun así, la organización seguía asesinando para imponer sus objetivos políticos.
Los GAL: La lucha sucia contra ETA
En medio de la vorágina terrorista de ETA, entre 1983 y 1987 operaron los llamados Grupos antiterroristas de liberación, un grupo terrorista cuya intención era eliminar a los terroristas de ETA, causando en total 27 asesinados, de los cuales se estima que nueve no tenían nada que ver con ETA.
Los tribunales de justicia, declarar un probado que los GAL fueron financiados por altos cargos del ministerio del interior, siendo condenado por ello el minissiendo condenado por ello el ministro José Barrionuevo en 1998, pese acá el dirigente socialista siempre mantendría su inocencia.
Los años noventa: el aislamiento social y el espíritu de Ermua
Durante los años noventa, ETA continuó recurriendo a los coches bomba, los atentados selectivos, los secuestros y los asesinatos de representantes políticos.
En 1991, un atentado en Madrid contra la funcionarios de policía dejó gravemente herida a Irene Villa, que perdió las dos piernas, mientras que su madre sufrió también la amputación de una pierna. El caso se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de las consecuencias humanas del terrorismo.
En 1992, la detención de la cúpula de ETA en Bidart, Francia, supuso un duro golpe para su estructura dirigente. Sin embargo, la organización consiguió reorganizarse y continuó atentando.
La movilización ciudadana contra el terrorismo fue creciendo. El asesinato de Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, en febrero de 1996, provocó una multitudinaria respuesta social. La indignación atravesaba las diferencias ideológicas y reflejaba un rechazo cada vez más amplio a la violencia.
Ese mismo año, ETA secuestró a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones al que mantuvo cautivo durante 532 días en un zulo de Mondragón. La Guardia Civil consiguió liberarlo el 1 de julio de 1997.
Pocos días después, la organización secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, y exigió el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. El Gobierno no aceptó el ultimátum y el concejal fue asesinado el 13 de julio de 1997, después de permanecer secuestrado durante casi dos días.
Su muerte desencadenó una movilización popular sin precedentes recientes, conocida como el Espíritu de Ermua. Miles de ciudadanos salieron a las calles, también en el País Vasco, para condenar el asesinato y denunciar la violencia. Las protestas señalaron asimismo a Herri Batasuna, el entorno político de la izquierda abertzale que no se había desmarcado de manera inequívoca de ETA.
La sociedad vasca comenzó a mostrar con mayor contundencia su rechazo al terrorismo. El miedo, que durante años había dificultado la protesta pública, empezó a ceder terreno ante la movilización ciudadana.
Sin embargo, ETA no abandonó su estrategia. En 1998 asesinó en Sevilla al concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa, Ascensión García Ortiz.
La tregua de 1998: una esperanza frustrada
El 16 de septiembre de 1998, ETA anunció una tregua unilateral e indefinida que entraría en vigor dos días después. Era la primera vez que declaraba un alto el fuego de estas características, y el anuncio abrió una etapa de expectativas sobre la posibilidad de poner fin al terrorismo.
La declaración se produjo cuatro días después de la firma de la Declaración de Lizarra, un acuerdo impulsado por fuerzas nacionalistas vascas y otras organizaciones para promover una solución política al conflicto. El Gobierno de José María Aznar, por su parte, autorizó contactos con representantes de ETA para comprobar si existía una voluntad real de abandonar las armas.
En mayo de 1999 se celebró un encuentro entre representantes del Ejecutivo y de la organización terrorista en Suiza. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron. Las discrepancias sobre el alcance de la negociación y las exigencias políticas de ETA impidieron alcanzar un acuerdo.
El 28 de noviembre de 1999, la banda anunció que daba por terminada la tregua, que se hizo efectiva el 3 de diciembre. Apenas unas semanas después, el 21 de enero de 2000, asesinó en Madrid al teniente coronel Pedro Antonio Blanco mediante un coche bomba.
La vuelta a los asesinatos confirmó el fracaso de aquel alto el fuego. La tregua había generado esperanzas, pero no había conducido al abandono definitivo de la violencia.
La violencia continuaba, pero el contexto político y social era cada vez menos favorable a la organización.
En los años siguientes, ETA volvió a asesinar a políticos, periodistas, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Entre sus víctimas estuvieron Fernando Buesa, dirigente socialista vasco, y su escolta Jorge Díez, asesinados en febrero de 2000; el periodista José Luis López de Lacalle, en mayo; o el ex ministro socialista Ernest Lluch en noviembre de 2000.
Batasuna: la ilegalización de su brazo político
La relación entre ETA y su entorno político fue uno de los grandes debates de la democracia española. Herri Batasuna, coalición surgida en 1978, se convirtió en la principal expresión electoral de la izquierda abertzale vinculada al entorno de la organización terrorista. Posteriormente adoptó otras denominaciones, entre ellas Euskal Herritarrok y Batasuna.
Durante años, estos partidos defendieron la independencia del País Vasco, pero su trayectoria quedó marcada por su relación con ETA y por su negativa a condenar de manera inequívoca numerosos atentados.
En 2002, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que estableció mecanismos judiciales para ilegalizar formaciones que vulnerasen de forma grave y reiterada los principios democráticos contemplados en la ley.
En marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegales y ordenó la disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. La decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Constitucional y años más tarde por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia consideró acreditada la vinculación de estas formaciones con la estrategia de ETA y su contribución al blanqueamiento político y normalización de la violencia.
La tregua de 2006: el último intento fallido
El 22 de marzo de 2006, ETA anunció un nuevo alto el fuego permanente. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió una vía de diálogo con la organización, con la intención de comprobar si el anuncio podía conducir al final definitivo del terrorismo.
En esta ocasión, el Partido Popular ejerció una dura oposición contra el gobierno socialista, al oponerse a los contactos con la organización terrorista.
El 30 de diciembre de 2006, la organización hizo estallar una bomba en el aparcamiento de la terminal T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. La explosión destruyó parte de las instalaciones y causó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.
El atentado supuso el golpe definitivo al proceso de diálogo. Aunque ETA no anunció formalmente la ruptura de la tregua hasta junio de 2007, el ataque de Barajas había demostrado la nula a disposición de ETA al diálogo.
En los meses siguientes, la organización retomó plenamente su actividad terrorista. En diciembre de 2007 asesinó en Francia a los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno, y en marzo de 2008 mató en Mondragón al exconcejal socialista Isaías Carrasco.
El fracaso de la tregua de 2006 reforzó el escepticismo ante las declaraciones de alto el fuego de ETA. Tras las experiencias de 1998 y 2006, la sociedad española había comprobado que los anuncios de tregua no equivalían necesariamente a una decisión irreversible de abandonar las armas.
El principio del fin
A partir de finales de la década de 2000, ETA se encontraba cada vez más debilitada por la cooperación policial y judicial entre España y Francia, las detenciones de sus dirigentes, la incautación de armas y explosivos y el aislamiento social y político de la organización.
La presión policial redujo su capacidad operativa, mientras que la condena social del terrorismo se había extendido de forma considerable. Al mismo tiempo, sectores de la izquierda abertzale comenzaron a defender la necesidad de abandonar definitivamente la violencia para poder desarrollar su proyecto político por vías exclusivamente democráticas.
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. El comunicado llegó tres días después de la Conferencia Internacional de Paz de Aiete, celebrada en San Sebastián, en la que personalidades internacionales habían reclamado el final de la violencia.
En abril de 2017, ETA anunció que había culminado su desarme, proceso que se desarrolló con la participación de mediadores y representantes de la sociedad civil. Finalmente, el 3 de mayo de 2018, la organización comunicó su disolución definitiva.
Quince años después: la memoria de las víctimas
Quince años después del cese definitivo de la actividad terrorista, ETA pertenece a la historia, pero las consecuencias de sus crímenes siguen presentes en la sociedad española.
La organización asesinó a más de 850 personas, dejó miles de heridos y provocó el sufrimiento de innumerables familias. Sus víctimas fueron militares, policías, guardias civiles, políticos de distintas ideologías, empresarios, periodistas, niños y ciudadanos anónimos que perdieron la vida por encontrarse en el lugar equivocado o por representar aquello que ETA pretendía combatir.
La derrota de la organización terrorista fue el resultado de décadas de resistencia democrática, del trabajo de las fuerzas de seguridad, de la cooperación internacional, de la actuación de los tribunales y de la movilización de una sociedad que fue perdiendo el miedo a denunciar los asesinatos.
Según asociaciones de víctimas, se estima que quedan más de trescientos asesinatos sin esclarecer y que no han derivado en sentencia judicial.
En la actualidad, se están trasladando paulatinamente presos de ETA a cárceles del País Vasco, puesto que durante el período criminal de ETA y por motivos de seguridad se decidió que la dispersión era la mejor opción para mantenerlos aislados entre sí.
