Como cada 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, o de la Hispanidad, surgen debates especialmente entre colectivos decoloniales sobre la conveniencia de que el Día Nacional de España sea el 12 de octubre, día que celebra la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, después de que partiera el 3 de agosto de 1492 del Puerto de Palos, con una tripulación de 92 marinos embarcados en la nao Santa María y las carabelas la niña y la pinta.
Hablar pues, de la presencia española en América continúa siendo, cinco siglos después, una cuestión capaz de levantar pasiones. Para algunos, la llegada de los españoles al Nuevo Mundo constituye poco menos que el comienzo de una empresa de explotación y destrucción sistemática de pueblos indígenas. Para otros, por el contrario, la conquista fue una gesta civilizadora sin sombras que debería contemplarse únicamente desde la épica.
La historia, sin embargo, rara vez admite semejantes simplificaciones.
La llamada leyenda negra española nació y se desarrolló a partir de relatos que presentaron a España como una potencia particularmente cruel, fanática y exterminadora. Aquellas representaciones tuvieron una enorme difusión en Europa, especialmente entre las potencias rivales de la Monarquía Hispánica. Pero combatir la leyenda negra no exige negar los abusos cometidos por españoles en América. Al contrario: exige contemplarlos dentro de su contexto histórico y, sobre todo, distinguir entre lo que ordenaba la Corona y aquello que hicieron determinados conquistadores, encomenderos y funcionarios incumpliendo las propias normas de la Monarquía.
Y precisamente ahí aparece uno de los elementos más singulares de la historia hispánica: la existencia, desde fechas muy tempranas, de una preocupación jurídica por la condición de los pueblos indígenas.
Isabel la Católica y la protección de los indígrnas
Para comprender esta cuestión hay que retroceder incluso antes de las grandes conquistas continentales.
En el codicilo de su testamento, otorgado en 1504, Isabel la Católica dejó expresamente establecido que los habitantes de las Indias debían ser tratados justamente y que sus sucesores debían evitar que recibieran agravios en sus personas y bienes. La reina recordaba que la finalidad de la presencia castellana en aquellas tierras estaba vinculada también a su evangelización y ordenaba que cualquier agravio sufrido fuese reparado,
aunque bien es cierto que estos extremos no siempre se cumplieron y fue necesaria la promulgación de legislación específica sobre el asunto, y que esta se pudiera hacer cumplir .
La cuestión no era solamente moral. También era jurídica. Las bulas alejandrinas de 1493, concedidas por el papa Alejandro VI, proporcionaron a los Reyes Católicos un marco de legitimación para la expansión castellana y establecieron entre sus objetivos la propagación de la fe cristiana. Las bulas deben entenderse dentro de la concepción política y religiosa propia de la Europa medieval y moderna, y no como una especie de escritura contemporáne
Desde muy pronto se desarrolló un intenso debate sobre la legitimidad de la conquista, la naturaleza de los pueblos americanos y los límites del poder de los españoles.
Ese debate sería extraordinariamente importante para la historia del derecho.
Las Leyes de Burgos de 1512: cuando la Corona intentó regular la conquista
En 1512, apenas dos décadas después del descubrimiento de América, la Monarquía promulgó las Leyes de Burgos.
Su existencia resulta especialmente relevante porque demuestra que la Corona no dejó completamente al margen la cuestión del trato a los indígenas. Las disposiciones intentaban regular las relaciones laborales, la evangelización y las condiciones de vida de los indígenas dentro del sistema de encomienda, que sin embargo, unseguía siendo una institución profundamente desigual y permitía a los encomenderos obtener tributos y servicios de los indígenas. Pero existía una diferencia fundamental entre reconocer jurídicamente obligaciones hacia los indígenas y considerar legítima cualquier forma de explotación sin límite.
La Corona establecía obligaciones concretas y, al mismo tiempo, intentaba controlar los abusos.
La cuestión volvería a estallar con mucha mayor intensidad durante el reinado de Carlos I.
Las Leyes Nuevas y la defensa del indígena
Las denuncias de los abusos cometidos en América, protagonizadas entre otros por religiosos como Bartolomé de las Casas, alimentaron un enorme debate en la Monarquía Hispánica.
El resultado fueron las Leyes Nuevas de 1542, promulgadas por Carlos I.
Su lenguaje resulta revelador. La legislación afirmaba que los indígenas debían ser tratados como personas libres y vasallos de la Corona y prohibía que fueran esclavizados. También ordenaba a las autoridades prestar especial atención a los malos tratos y castigar los excesos cometidos contra ellos.
Las Leyes Nuevas intentaron además limitar el poder de los encomenderos y establecer que las encomiendas no pudieran transmitirse indefinidamente.
Pero aquí encontramos también una realidad incómoda que no debe ocultarse.
Sin embargo la legislación no siempre se cumplió, pues los intereses económicos de los colonos y encomenderos eran enormes y las distancias entre América y la Corte hacían difícil la aplicación efectiva de las órdenes reales. La resistencia llegó a ser tan intensa que en 1545 Carlos V tuvo que modificar la disposición que impedía la transmisión hereditaria de las encomiendas.
Hubo abusos, violencia, explotación, esclavización ilegal y apropiaciones injustas. Hubo conquistadores y encomenderos que actuaron movidos por la riqueza y el poder y que, en ocasiones, desobedecieron las órdenes de la Corona, megarlo sería falsear la historia.
Pero tampoco resulta correcto convertir cada uno de esos abusos en la expresión de una política española diseñada deliberadamente para exterminar a los pueblos americanos. De hecho, es falso existiera una intención genocida por parte de la corona española, primeramente por la motivación de la conquista que teóricamente era evangelizadora, y segundo por una cuestión más práctica: la mano de obra. Si España hubiera quedado ejecutar un genocidio, esto es, eexterminar a los indígenas por el hecho de serlo, no tendría sentido el interés evnagelizador y cultural .
España juzgó moralmente su propia conquista
Existe, además, un hecho que debería ocupar un lugar mucho mayor en las explicaciones habituales sobre la conquista de América: los españoles discutieron apasionadamente sobre la legitimidad de lo que estaban haciendo.
En la Europa del siglo XVI no era habitual que una potencia conquistadora sometiera su propia expansión a semejante examen moral y jurídico.
Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda y muchos otros participaron en un debate extraordinariamente complejo sobre la naturaleza de los indígenas, los derechos de los pueblos, la legitimidad de la guerra y los límites del poder imperial.
En concreto, Francisco de Vitoria es considerado el padre del derecho internacional de gentes, al reconocer al indígena como ser racional y dotado de dignidad y derechos.
En la propia Monarquía Hispánica existió pues, una discusión intelectual sobre si la conquista podía considerarse justa y bajo qué condiciones.
La historia de España en América fue, por tanto, una combinación de evangelización, conquista, mestizaje, explotación, legislación, resistencia, violencia, intercambio cultural y creación de nuevas sociedades.
Reducir todo aquello a una sola palabra —«genocidio», «civilización», «saqueo» o «gesta»— empobrece la historia.
La leyenda negra y la necesidad de mirar la historia completa
La llamada leyenda negra tuvo éxito porque presentaba una imagen extraordinariamente sencilla: una España fanática y cruel que habría llevado a América únicamente violencia, intolerancia y explotación. La realidad fue mucho más contradictoria.
España conquistó territorios. Hubo guerras y violencia. Se produjeron abusos gravísimos y explotación económica. Murieron innumerables indígenas, aunque las causas de la catástrofe demográfica americana fueron múltiples y las epidemias tuvieron un papel fundamental.
Pero, simultáneamente, la propia Monarquía desarrolló una legislación específica para regular la conquista, proteger a los indígenas, limitar los abusos y reconocerlos como vasallos.
Y esa legislación no fue simplemente decorativa: generó conflictos reales entre la Corona y quienes querían mantener sus privilegios.
Por eso, desmontar la leyenda negra no significa construir una leyenda rosa. No se trata de sustituir un mito negativo por otro positivo.
Se trata de recuperar una historia en la que España aparece con todas sus contradicciones: conquistadora y legisladora, imperial y mestiza, religiosa y crítica consigo misma, capaz de cometer abusos y, al mismo tiempo, capaz de discutir jurídicamente la legitimidad de esos abusos.
La Hispanidad no puede entenderse simplemente como una prolongación de la antigua Monarquía Hispánica. Es algo diferente: una comunidad cultural construida durante siglos, formada por pueblos diversos que comparten una lengua, una parte fundamental de su tradición jurídica, una historia entrelazada, una enorme herencia literaria, artística y religiosa y determinadas formas de entender la sociedad y la vida.
España no es propietaria de esa comunidad.
México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y tantos otros países no son sucursales de ninguna metrópoli.
Son naciones soberanas. Junto con las que España puede y debe desarrollar una alianza geopolítica basados en la propia defensa de los intereses de España y el resto de naciones hispanas.
En un mundo cada vez más dominado por grandes bloques geopolíticos, la fragmentación del mundo hispánico constituye una debilidad. España por sí sola tiene un peso limitado frente a las grandes potencias; México por sí solo también. Lo mismo puede decirse, en distinta escala, de Argentina, Colombia, Chile o Perú.
Pero imaginemos por un instante una comunidad hispánica capaz de coordinar posiciones diplomáticas, fortalecer el comercio entre sus miembros, desarrollar infraestructuras comunes, cooperar en materia energética, científica y tecnológica y defender conjuntamente sus intereses ante las grandes potencias.
No tendría que desaparecer ninguna soberanía. La Hispanidad podría convertirse en una de las grandes comunidades culturales y económicas del siglo XXI.
Para ello sería necesario superar tanto los complejos heredados de la leyenda negra como cualquier tentación de nostalgia imperial. España tendría que mirar a América no como una antigua colonia, sino como una comunidad de pueblos soberanos; y América tendría que mirar a España no solamente como la antigua metrópoli, sino también como parte de una historia compartida.
Porque la mejor respuesta a la leyenda negra no consiste en vivir mirando al pasado.
La Hispanidad no debería ser una nostalgia del imperio. Debería ser una propuesta de futuro.
