La Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han informado este domingo de la detención en Gipuzkoa de un menor de 17 años acusado de amenazar de muerte a Irene Montero. Los investigadores lo consideran el principal referente en España de 764, una red transnacional ultraviolenta que capta a adolescentes en internet y combina el neonazismo con el satanismo, la explotación sexual y la apología de la violencia.
El arresto se produjo el pasado 16 de julio después de varios meses de investigación conjunta. Los agentes registraron dos inmuebles vinculados al menor e intervinieron numerosos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y documentación relacionada con su actividad dentro de 764. La Sección de Menores del Tribunal de Instancia de San Sebastián acordó su internamiento preventivo en un centro especializado.
Fuentes cercanas a la investigación consultadas por el medio de comunicación 'El País' atribuyen al detenido las amenazas recibidas a comienzos de año por la eurodiputada de Podemos y la tertuliana Sarah Santaolalla. El mensaje dirigido a Montero señalaba su domicilio, donde viven sus hijos y su pareja, y anunciaba que sería asesinada allí. "Dice que me va a asesinar en mi casa", explicó la dirigente después de presentar una denuncia y solicitar protección al Ministerio del Interior.
Los investigadores también relacionan al menor con amenazas enviadas entre enero y abril contra colegios, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, centros de ocio y organismos públicos. Los mensajes anunciaban tiroteos y ataques armados y, en algunos casos, prometían retransmitir los asesinatos para que pudieran verlos otros integrantes de la red. Los ataques no se materializaron, pero obligaron a desplegar dispositivos extraordinarios de seguridad.
Del odio digital a las amenazas contra Podemos
La amenaza contra Montero llegó después de años de hostigamiento contra la dirigente y otros miembros de Podemos, incluidas las concentraciones reiteradas frente al domicilio familiar que compartía con Pablo Iglesias. Cuatro días después de hacerse pública la denuncia de la eurodiputada, Podem Catalunya alertó de amenazas contra sus sedes y del ataque sufrido por el vehículo de su coordinadora, María Pozuelo, junto a su vivienda. Los mensajes fueron vinculados entonces con otra organización neonazi relacionada con 764.
Montero situó aquella intimidación dentro de la violencia política que soportan numerosas mujeres feministas con presencia pública. Durante la manifestación del 8M mencionó expresamente a Santaolalla y aseguró que las amenazas buscaban expulsarlas de ese espacio. La investigación conocida ahora vincula al mismo menor con los mensajes dirigidos contra ambas.
La red 764 nació en Estados Unidos en 2021 y ha pasado de una pequeña comunidad virtual a una estructura internacional con presencia en varios países. Sus integrantes localizan a menores y jóvenes vulnerables en redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videojuegos, donde comienzan el contacto mediante relaciones aparentemente inofensivas antes de trasladarlos a grupos privados.
En esos espacios, los captadores recurren al chantaje, la sextorsión y la manipulación psicológica para someter a sus víctimas. Las pesquisas atribuyen al detenido su participación en comunidades donde se inducía a menores a autolesionarse y realizar actos de humillación extrema, que después eran grabados y difundidos como demostración del control ejercido sobre ellos.
El joven también está acusado de emplear técnicas de doxing y swatting contra al menos dos personas residentes en Euskadi y Cataluña. Mediante la difusión de datos privados y los falsos avisos de emergencias, los agresores buscaban provocar intervenciones policiales en los domicilios de sus víctimas, ponerlas en peligro y desviar la atención de los investigadores.
Canadá declaró a 764 entidad terrorista en diciembre y distintos organismos internacionales mantienen abiertas investigaciones por su relación con la explotación sexual infantil, las autolesiones, el maltrato animal y la violencia extrema. Los dispositivos incautados en Gipuzkoa continúan bajo análisis policial, mientras el menor permanece internado por orden judicial y la investigación sigue abierta.
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