Acabar con la pobreza en España costaría 24.000 millones al año: Andalucía necesitaría el mayor esfuerzo y País Vasco el menor

Un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas alerta de que casi uno de cada cinco españoles sigue en riesgo de pobreza pese a la mejora registrada en la última década

06 de mayo de 2026 a las 14:04h
Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo. Eduardo Parra / Europa Press
Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo. Eduardo Parra / Europa Press

Eliminar la pobreza en España requeriría una inversión anual de 24.000 millones de euros, el equivalente al 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB), según revela el informe ‘Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios’, elaborado por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El estudio, presentado este miércoles, analiza la evolución de la pobreza y la exclusión social entre 2015 y 2025 a partir de datos de la Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras fuentes oficiales.

Aunque el informe destaca una mejora en la última década, las cifras continúan siendo elevadas. La tasa de población en riesgo de pobreza se redujo un 12% desde 2015 y el número de personas en riesgo de pobreza extrema o exclusión descendió un 28%. Sin embargo, en 2025 todavía el 19,5% de la población española vive con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana, mientras que un 8% se encuentra en situación de exclusión severa, con ingresos por debajo del 40% de la mediana nacional.

El trabajo, dirigido por la economista Carmen Herrero y desarrollado junto a los investigadores Antonio Villar y Carlos Albert, pone además el foco en un fenómeno creciente: la pobreza laboral. Según el análisis, tener empleo ya no garantiza escapar de la vulnerabilidad económica. Un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España tiene trabajo, una situación especialmente grave en territorios turísticos y con elevada temporalidad laboral. En Islas Baleares, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores pobres alcanza el 40%.

Las diferencias territoriales son especialmente llamativas. Mientras que acabar con la pobreza en Andalucía exigiría destinar el 3,9% de su PIB, en el País Vasco bastaría con un 0,6%. El informe también sitúa a Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunidad Valenciana (26%) y Castilla-La Mancha (25,9%) entre las comunidades con mayor proporción de población en riesgo de pobreza. En el lado opuesto aparecen País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%), Navarra (12,3%) y Comunidad de Madrid (12,7%).

El estudio también evidencia fuertes diferencias en la renta media de las personas pobres según la comunidad autónoma. A nivel nacional, quienes se encuentran en riesgo de pobreza disponen de una renta media anual de 4.869 euros. Sin embargo, en Navarra baja hasta los 4.128 euros y en Baleares hasta los 4.362, mientras que en Galicia asciende a 5.498 y en Extremadura alcanza los 5.325. En el caso de las personas en exclusión severa, la renta media española es de apenas 2.849 euros anuales.

El informe subraya además el impacto desigual de la pobreza según sexo y edad. Las mujeres presentan actualmente mayores tasas de vulnerabilidad que los hombres, una tendencia que se ha invertido respecto a 2015. En aquel año, el 21,8% de las mujeres estaba en riesgo de pobreza frente al 22,5% de los hombres; en 2025 la situación cambió y afecta al 20,3% de las mujeres frente al 18,6% de los hombres. Los jóvenes y los trabajadores temporales o con salarios bajos continúan siendo algunos de los colectivos más expuestos.

En términos generacionales, las personas mayores de 65 años siguen registrando menores niveles de pobreza que los jóvenes, aunque esa diferencia comienza a estrecharse. El estudio detecta que en algunas regiones como Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, la menor incidencia de pobreza ya no se concentra entre los jubilados, sino entre la población en edad laboral, lo que refleja cambios estructurales en el mercado de trabajo y en la composición social de la vulnerabilidad.

Los autores del informe concluyen que España necesita reforzar sus mecanismos de protección social y mejorar la coordinación entre administraciones públicas para combatir la pobreza de manera más eficaz. Además de incrementar los recursos destinados a ayudas sociales, el Ivie y la Fundación Ramón Areces advierten de la necesidad de facilitar el acceso a las prestaciones y adaptar las políticas públicas a las diferencias económicas y sociales de cada comunidad autónoma.

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El periodista de ElConstitucional.es Daniel Martínez
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