El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer decreto anticrisis para contener el impacto económico de la guerra de Irán. El paquete llega apenas unas horas antes de que vencieran varias de las ayudas desplegadas durante los últimos meses y mantiene durante el último trimestre del año buena parte de la protección destinada a hogares, autónomos y sectores especialmente expuestos al encarecimiento de la energía.
La decisión coincide con un nuevo repunte de la inflación. El IPC adelantado de septiembre se ha situado en el 4,9%, seis décimas por encima del dato de agosto y en su nivel más alto desde febrero de 2023. La subida de los combustibles y del resto de productos energéticos explica buena parte del incremento, mientras la inflación subyacente permanece en el 3,1%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que las medidas adoptadas desde marzo han permitido amortiguar aproximadamente la mitad del encarecimiento de la gasolina y el diésel.
El principal efecto inmediato estará en la factura del gas. El Gobierno limitará al 35% el peso de su cotización internacional en el cálculo de la Tarifa de Último Recurso, la conocida TUR, a la que están acogidos más de tres millones de consumidores. Con este cambio, la tarifa regulada subirá alrededor de un 15% en octubre, frente al incremento superior al 45% que habría registrado sin la intervención pública.
También se fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027. Su precio actual es de 18,84 euros, por lo que podrá encarecerse 71 céntimos, pero quedará protegido frente a las oscilaciones más fuertes de los mercados internacionales.
Rebajas en los carburantes y ayudas a los sectores más expuestos
La gasolina y el diésel mantendrán una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre. El decreto incorpora además una cláusula que permitirá recuperar descuentos de hasta 20 céntimos si la evolución de los precios vuelve a tensionarse durante los próximos meses.
El transporte profesional contará con un sistema específico. Los vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos recibirán cinco céntimos adicionales por litro en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre. También habrá ayudas directas para transportistas que quedan fuera de ese mecanismo, entre ellos determinados titulares de autorizaciones, autobuses urbanos y taxis adaptados.
El apoyo se extiende al transporte marítimo y al ferrocarril de mercancías, que recibirá 15.000 euros por cada locomotora diésel. En el campo se mantiene la bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrícola, mientras las empresas armadoras conservarán las compensaciones destinadas a absorber el aumento del combustible y garantizar la actividad pesquera.
El decreto deja preparada otra barrera de protección para las facturas de la electricidad y el gas. Si la inflación eléctrica de septiembre supera en un 15% la del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz bajará del 21% al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad pasará del 5,1% al 0,5%. La reducción alcanzaría a contratos de hasta diez kilovatios y a los beneficiarios del bono social, además de aplicarse al gas natural, los pellets, las briquetas y la leña.
Estas medidas se suman al escudo para hogares vulnerables que ya quedó garantizado hasta finales de 2026. Los descuentos del bono social eléctrico se mantienen en el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos, la ayuda mínima del bono térmico continúa en 50 euros y seguirá prohibido cortar el agua, la luz o el gas a las familias protegidas.
El paquete eleva además las reservas mínimas de gas natural licuado de 16,5 a 21 días, duplica las sanciones por infracciones en el sector de los hidrocarburos y encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un estudio sobre la formación de los precios energéticos y su traslado a los consumidores. Los tres decretos aprobados desde marzo movilizan ya más de 12.000 millones de euros.
La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tendrá que ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. Las empresas que reciban las ayudas mantendrán la prohibición de despedir por causas vinculadas a la guerra y deberán contar con un Plan de Movilidad Sostenible para sus trabajadores.
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