Ya hay sentencia para Kiko Matamoros y su exmujer Makoke. Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha condenado al exmatrimonio a un año y nueve meses de cárcel por un delito de ocultación de bienes a Hacienda. Sin embargo, al no superar los dos años, los condenados no deberán entrar en prisión. Además, ambos deberán pagar a la Agencia Tributaria 405.000 euros.
Según el auto, ambos habrían participado en una estrategia para ocultar bienes y evitar que la Agencia Tributaria pudiera ejecutar el cobro de la deuda del colaborador. Con este objetivo de aparentar la “inexistencia de recursos e ingresos”, hay que prestar especial atención a la vivienda situada en Pozuelo de Alarcón, valorada en 1,3 millones de euros, que figuraba a nombre de Makoke, aunque habría quedado demostrado durante el juicio que los pagos de la hipoteca y los gastos corrientes de la vivienda los habría realizado Matamoros.
Tras quedar probado que el chalé, valorado actualmente en más de dos millones de euros, era financiado y mantenido por el colaborador, este mismo asegura a 'ElConstitucional.es', que incia un nuevo procedimiento civil para que la casa que actualmente es la vivienda actual de Makoke se reconozca como bien suyo, sirviendo así de garantía de pago con la Fiscalía. De salir a subasta el inmueble, Kiko Matamoros podría “quedar limpio” de su deuda con la Agencia Tributaria.
En conversaciones con este medio, el colaborador asegura haberlo pasado francamente mal durante estos años, pero confía en que la justicia vuelva a darle la razón. “Ya tienen un pie fuera”, subraya en referencia a la casa en Pozuelo. De la misma manera, reconoce estar satisfecho con la sentencia: “Se ha demostrado documentalmente que no ha pagado ni una cuota de la hipoteca. Todo el dinero salía de mis cuentas”. En conversaciones con La Razón, Matamoros también ha señalado que la sentencia le parece “justa y equitativa”. Por otro lado, ha explicado que a Makoke no se le ha aplicado el atenuante de confesión “porque se vio abocada al reconocimiento de los hechos”.
Tras conocer el nuevo procedimiento que iniciará Matamoros, nos ponemos en contacto con Ari Margiotta, del despacho MHM Legal, que nos recuerda que “desde abril de 2025, antes de presentar una demanda civil, es necesario realizar un intento previo de solución extrajudicial del conflicto. Esto suele realizarse mediante un requerimiento formal —habitualmente un burofax— en el que se plantea una reclamación y/o una propuesta de negociación”. De esta manera, Matamoros debería enviar un burofax a Makoke, que tendría 30 días para contestar: “Si tras ese requerimiento no se alcanza un acuerdo en el plazo legal establecido, que generalmente es de 30 días, la parte interesada puede interponer la demanda ante los tribunales”.
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