Ser celíaco en España: una enfermedad que también castiga el bolsillo con casi 1.000 euros extra al año

La alimentación sin gluten sigue suponiendo un importante sobrecoste para miles de familias españolas, mientras las ayudas públicas continúan siendo escasas o inexistentes en gran parte del país

19 de junio de 2026 a las 15:35h
Ser celíaco en España: una enfermedad que también castiga el bolsillo con casi 1.000 euros extra al año
Ser celíaco en España: una enfermedad que también castiga el bolsillo con casi 1.000 euros extra al año

Seguir una dieta sin gluten no es una moda ni una elección para las personas diagnosticadas de enfermedad celíaca. Es el único tratamiento posible. Sin embargo, cumplir con esa prescripción médica sigue teniendo un importante impacto económico que apenas ocupa espacio en el debate político y social.

Los últimos informes de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) revelan que una persona celíaca debe asumir un gasto adicional cercano a los 1.000 euros al año para poder alimentarse de forma segura. Según el estudio correspondiente a 2026, el sobrecoste medio alcanza los 996 euros anuales, una cifra que apenas ha variado en los últimos años y que continúa suponiendo una carga económica para miles de familias.

La diferencia se encuentra principalmente en productos básicos como el pan, la pasta, las harinas o el pan rallado. Aunque muchos alimentos son naturalmente libres de gluten, los productos específicos destinados a sustituirlos presentan precios muy superiores a sus equivalentes convencionales. Algunos artículos llegan incluso a duplicar o triplicar su coste.

Para una familia con varios miembros diagnosticados, la situación puede convertirse en un auténtico problema económico. El sobrecoste ronda los 83 euros mensuales por persona, una cantidad que se suma al incremento generalizado de los precios de la alimentación registrado en los últimos años.

Las asociaciones de pacientes denuncian desde hace años que la celiaquía continúa siendo una de las pocas enfermedades crónicas cuyo tratamiento debe ser financiado íntegramente por quienes la padecen. Mientras otros tratamientos médicos están cubiertos por el sistema sanitario, la dieta sin gluten recae exclusivamente sobre las familias afectadas.

A ello se suma la desigualdad territorial. Algunas administraciones ofrecen ayudas puntuales o subvenciones específicas, pero la mayoría de comunidades autónomas carecen de programas estables de apoyo económico para las personas celíacas. En España no existe actualmente una prestación estatal que compense el sobrecoste alimentario derivado de la enfermedad.

Más allá del precio, los afectados también denuncian dificultades para encontrar productos aptos, problemas de etiquetado y limitaciones a la hora de comer fuera de casa o viajar. La propia FACE ha advertido en varias ocasiones sobre las barreras que siguen encontrando las personas celíacas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Mientras el precio de la cesta de la compra ocupa titulares cada semana, las asociaciones reclaman que se visibilice una realidad que afecta a cientos de miles de personas en España: para quienes tienen celiaquía, alimentarse no solo es una necesidad médica, sino también un gasto extra que sigue sin encontrar respuesta en la agenda política.

A pesar de que la situación en Andalucía parece haber experimentado un avance con la entrada en vigor de la deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para personas celíacas y familias con miembros diagnosticados, la medida tiene un alcance limitado en términos económicos. Se trata del primer reconocimiento fiscal específico de esta realidad en la comunidad y beneficiará a miles de contribuyentes, pero su impacto real sobre el gasto estructural es reducido. Desde la Federación Andaluza de Asociaciones de Celíacos (FACA) se ha valorado positivamente la iniciativa, aunque con reservas. La organización ha recordado que el sobrecoste medio de la dieta sin gluten ronda los 1.000 euros anuales por persona, por lo que la deducción apenas cubriría en torno a un mes de ese gasto adicional. En consecuencia, más del 90% del coste anual seguiría recayendo sobre las familias, lo que mantiene abierta la demanda de medidas más amplias y estructurales.

La reivindicación del colectivo va más allá de las deducciones fiscales. Muchas asociaciones reclaman ayudas directas, una reducción del IVA de los productos específicos sin gluten o un modelo similar al de otros países europeos donde existen subvenciones periódicas para compensar el encarecimiento de la alimentación. Mientras tanto, miles de familias continúan afrontando un gasto extra que no depende de una elección personal, sino de una necesidad médica permanente.

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El periodista Luis Corpas, de ElConstitucional.es
Luis Corpas

Periodista de ElConstitucional.es

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