Las dos extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias a comienzos de año han llevado sus acusaciones directamente ante un juez. Rebeca y Laura, nombres ficticios utilizados para proteger sus identidades, presentaron este jueves una querella contra el cantante ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, integrada en la Audiencia Nacional.
El escrito solicita que se investiguen presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, contra la libertad sexual y los derechos de las trabajadoras, lesiones y trato degradante. Los hechos denunciados se sitúan en 2021, cuando ambas trabajaban en régimen interno en propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas.
Según Women's Link, la organización que las acompaña jurídicamente, las mujeres sostienen que el cantante habría aprovechado su posición de poder y la vulnerabilidad laboral de ambas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias. Allí, relatan, vivieron bajo un clima constante de intimidación, con condiciones laborales forzadas y degradantes y episodios continuados de acoso y violencia sexual.
La presentación de la querella todavía no supone que exista una investigación judicial abierta contra Iglesias. El órgano al que corresponda el asunto deberá examinar la documentación, resolver si la justicia española tiene jurisdicción y decidir si admite la acción. Las dos mujeres también han solicitado medidas específicas de protección durante el procedimiento.
Del archivo de la Fiscalía a la querella
Rebeca y Laura denunciaron los mismos hechos en enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares, tomó declaración a las mujeres ya archivó el expediente pocos días después al considerar que carecía de competencia para investigar unas conductas presuntamente cometidas en el extranjero.
Aquella decisión tuvo carácter procesal y dejó sin examinar el fondo de las acusaciones. El archivo de la Fiscalía tampoco vincula automáticamente al juez que reciba la nueva querella, que deberá realizar su propio análisis sobre la jurisdicción española y los argumentos aportados por las denunciantes.
El nuevo escrito mantiene el relato de presunta explotación laboral y violencia sexual e incorpora el posible delito de trato degradante. La representación legal de las mujeres ha añadido una extensa relación de resoluciones judiciales y tratados internacionales para defender que el caso puede investigarse en España.
El principal apoyo jurídico de la querella se encuentra en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Women's Link sostiene que esta norma permite perseguir determinados delitos cometidos fuera del país cuando el presunto responsable tiene nacionalidad española, los hechos también están castigados en el lugar donde ocurrieron y todavía no han sido juzgados allí. Julio Iglesias es español y, según las abogadas, las conductas relatadas serían igualmente delictivas en República Dominicana y Bahamas.
La Fiscalía aplicó en enero una interpretación más restrictiva. Señaló que las denunciantes son extranjeras, no residen en España y situaron todos los hechos fuera del territorio nacional. También indicó que Iglesias tampoco se encontraba en el país y que las autoridades dominicanas y bahameñas no habían renunciado a ejercer su propia jurisdicción. La competencia de los tribunales españoles será así el primer gran obstáculo que deberá superar la querella.
Tres años de investigación y una petición de protección
Las acusaciones salieron a la luz después de una investigación periodística desarrollada durante tres años por 'elDiario.es' y 'Univision Noticias'. Los periodistas entrevistaron a 15 personas que habían trabajado en distintas propiedades de Julio Iglesias entre finales de los años noventa y 2023, además de revisar mensajes, fotografías, registros de llamadas, documentos laborales, visados e informes médicos.
Rebeca y Laura describieron un entorno de aislamiento y control mientras trabajaban como empleada doméstica y fisioterapeuta. Sus relatos incluyen presuntas agresiones sexuales, vejaciones físicas y verbales, extensas jornadas laborales y restricciones para abandonar las residencias. También denunciaron la realización de reconocimientos ginecológicos y pruebas de embarazo y enfermedades de transmisión sexual a trabajadoras del servicio doméstico.
Women's Link considera que la relación laboral, la condición de internas y la distancia respecto a sus países de origen pudieron agravar su vulnerabilidad. La organización ha pedido que puedan participar en el proceso con seguridad y sin quedar expuestas públicamente. Las medidas de protección solicitadas forman parte central de la nueva estrategia judicial.
Las dos mujeres han acompañado la querella con un mensaje dirigido a otras posibles víctimas. Laura espera "que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos", mientras Rebeca ha pedido a quienes trabajan en las propiedades del cantante "que recuerden que él no es invencible".
Julio Iglesias rechazó públicamente las acusaciones cuando se conocieron en enero y aseguró que eran falsas. Su defensa solicitó entonces el archivo por falta de jurisdicción y cuestionó el daño causado a su reputación. El cantante mantiene plenamente su presunción de inocencia mientras el tribunal decide si abre una investigación.
La Sección de Instrucción deberá resolver ahora si admite la querella, reconoce la competencia de la jurisdicción española y concede las medidas de protección reclamadas por Rebeca y Laura.
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