Este miércoles el Tribunal Supremo valorará si va a llevar a cabo la paralización de la regulación extraordinaria de personas migrantes propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. En este contexto, la Abogacía del Estado ha solicitado al alto tribunal, que rechace suspender el proceso, después de las peticiones del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, del partido de ultraderecha, Vox, y por las asociaciones, Hazte Oír, Reconciliación y Verdad Histórica, y Libertad y Justicia.
Desde el servicio jurídico del Estado –a través de un escrito recogido por ‘EFE’– han considerado que la “suspensión de la norma dejaría sin efecto útil a la misma, dañando gravemente el interés general”. Asimismo, han trasladado: “La concesión de una autorización de residencia no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios”.
“La obtención de la autorización permitirá, en cambio, el acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo. Ello no solo contribuirá de manera efectiva a su integración social, sino que además comportará un incremento de las cotizaciones sociales derivado de su incorporación al mercado laboral”, explica el escrito recogido por el medio mencionado.
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