Hay pueblos en los que el alcalde y el empresario son la misma persona, solo que con diferentes firmas. Tíjola, un municipio de unos tres mil habitantes en la comarca del Almanzora almeriense, es uno de esos pueblos. Su regidor desde 2019, José Juan Martínez Pérez, llegó al cargo bajo las siglas de Ciudadanos, se pasó al Partido Popular antes de las elecciones de 2023, obtuvo mayoría absoluta en esos comicios y desde entonces firma las resoluciones de adjudicación de contratos públicos que benefician, directa o indirectamente, a las empresas que él mismo controla o que gestionan su mujer y un amigo de confianza como testaferros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleva tiempo investigando ese círculo. El 25 de junio de 2026, Martínez declaró ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería como uno de los 43 investigados en el Caso Mascarillas de la Diputación Provincial, el mayor escándalo de corrupción institucional que ha conocido la provincia en décadas.
De Ciudadanos al PP: el mismo alcalde, distinto carné
Martínez ganó las elecciones municipales de mayo de 2019 como candidato de Ciudadanos y tomó posesión de la alcaldía con el apoyo del PP. Gobernó cuatro años con esa combinación hasta que, antes de los comicios de 2023, se afilió al Partido Popular. El salto fue presentado como una incorporación de talento por parte del PP provincial, que en pocas semanas absorbió a varios alcaldes naranjas de la comarca del Almanzora. En mayo de 2023, ya con las siglas populares, Martínez arrasó: ocho concejales sobre nueve posibles, mayoría absoluta que le dejó las manos libres para gobernar sin fiscalización efectiva. Ese mismo año asumió el cargo de diputado provincial en la Diputación de Almería, donde ocupó la delegación del Área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos bajo la presidencia de Javier Aureliano García, el dirigente del PP que dimitió en noviembre de 2025 tras ser detenido por presuntas adjudicaciones irregulares. Los dos cargos —alcalde y diputado provincial— convirtieron a Martínez en un nodo central en la captación y distribución de fondos públicos.
La arquitectura del negocio: AGUAEMA gana, HIDAMA trabaja
Martínez es el propietario y administrador real de un grupo de sociedades que operan bajo la denominación comercial HIDAMA: Hijos de David Martínez SL, constituida en el año 2000, e Hijos de David Martínez Angulo SA, fundada en 1985, ambas dedicadas a la fabricación e instalación de productos metálicos. También controla Inversiones y Promociones Tágilis SL, sociedad constructora que en marzo de 2017 transfirió formalmente a su entonces pareja, Eloísa Fernández Ruiz —con quien se casó en octubre de 2021—, con el propósito de poder contratar con el ayuntamiento sin incurrir en prohibición legal. Martínez permaneció como apoderado de Tágilis hasta noviembre de 2020. El entramado lo completan Luck Of Ten SL, sociedad patrimonial de alquiler inmobiliario cuyos socios son Martínez y su mujer, y Constijola SL, empresa constructora que Martínez dirige de facto pero en la que no figura como socio ni administrador. El 11 de julio de 2023, en una operación simultánea registrada en el Registro Mercantil, Martínez cesó como administrador de todas sus empresas en un solo día y colocó al frente de todas ellas a las mismas dos personas: su mujer Eloísa Fernández y Diego Faggioli Ujaldón, trabajador de la empresa y amigo de la familia.
El ayuntamiento de Tíjola no puede adjudicar contratos directamente a las empresas del alcalde. La solución ha sido sistemática: los contratos mayores se adjudican a AGUAEMA SL (NIF B04038204), empresa local del sector de la construcción, que a continuación subcontrata a HIDAMA todas las partidas de carpintería metálica. La prueba documental está en una etiqueta de suministro pegada al interior del edificio de la antigua lonja de abastos de Tíjola, hoy reconvertida en biblioteca y espacio cultural: el vidrio fue pedido el 25 de octubre de 2021 por "104023-HIJOS DE DAVID MARTINEZ" con la referencia "SN-Pedido 725-AGUAEMA-PLAZA". Los operarios que aparecen en imágenes tomadas durante los trabajos llevan uniforme de Hijos de David Martínez.
El patrón se repite en cuatro obras de gran envergadura. La reforma integral del antiguo mercado de abastos —adjudicada a AGUAEMA por 473.905 euros, con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al 80%— incluyó toda la carpintería metálica ejecutada por HIDAMA. El contrato de emergencia para reparar el acceso oeste al municipio tras la DANA de septiembre de 2019 fue adjudicado a AGUAEMA por 378.397 euros mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin licitación abierta, e incluyó la construcción de una pasarela peatonal de hierro y cuatrocientos metros de barandilla fabricados e instalados por HIDAMA. El complejo deportivo del paraje Al Moroc fue adjudicado en 2022 a la UTE formada por AGUAEMA y Transformaciones y Embalses Parra por 3.324.937 euros, con vallados, ventanas, puertas y barandas también ejecutadas por HIDAMA. Y el depósito de agua de La Estación de Tíjola, cuya parte metálica superior fue construida e instalada por HIDAMA en el marco de un contrato adjudicado a AGUAEMA que no aparece publicado en la plataforma de contratación del sector público. La suma de contratos adjudicados a AGUAEMA con subcontratación acreditada o presumible a las empresas del alcalde supera los cuatro millones de euros. En varios expedientes solo se presentó una única oferta: la de la propia AGUAEMA.
Para los contratos menores —la carpintería del día a día municipal: barandas, ventanas, mobiliario urbano, puertas de vestuarios— el sistema tiene también su protocolo. El ayuntamiento de Tíjola adjudica a dos empresas locales cuya actividad principal nada tiene que ver con la carpintería metálica: Ortigosa Martínez SL, dedicada a materiales de construcción, y Ceral Cerámicas del Almanzora SL, vendedora de cerámica. Ambas actúan como pantallas: reciben el contrato y presentan la factura al ayuntamiento cobrando su comisión, mientras HIDAMA ejecuta el trabajo real. Entre los contratos documentados figuran el mobiliario urbano del municipio, la barandilla de la Plaza de las Nieves en 2023, la carpintería interior del colegio Sagrado Corazón ese mismo año, las puertas de los vestuarios de la piscina municipal en 2022 y varias actuaciones de 2025. Al menos una de estas obras ni siquiera aparece en la relación trimestral de contratos menores publicada por el ayuntamiento.
Hay un caso que ilustra la impunidad con que opera este sistema. El 30 de mayo de 2025, el ayuntamiento de Tíjola publicó en Facebook un vídeo en el que aparecía ya instalada una estructura metálica en la Plaza Virgen del Socorro; el mismo vídeo fue compartido en la cuenta personal del alcalde. El contrato para esa estructura fue adjudicado formalmente el 5 de junio de 2025, cinco días después de la publicación. La obra se ejecutó antes de que existiera contrato que la amparara. Junto a este entramado opera Antonio Fernández Lorente, fontanero local nombrado encargado de obras del ayuntamiento al llegar Martínez a la alcaldía. En 2019, bajo el nombre de su sobrino Javier Fernández López, se constituyó la sociedad Instalaciones y Suministros Fernández SL, que desde entonces acumula contratos municipales. El más reciente es el de suministro de materiales de fontanería por 100.274 euros adjudicado en febrero de 2024 por cuatro años prorrogables. En la valoración, el alcalde asignó a esta empresa 25 puntos sobre 25 en los criterios evaluables mediante juicio de valor —los únicos subjetivos—, frente a los 5 puntos del único competidor, Saltoki Valencia SL, que ofertó además un precio más bajo.
El alcalde le compró los terrenos a su padre
El escándalo más difícil de justificar está en los cimientos del complejo deportivo. El ayuntamiento adquirió terrenos en el paraje Al Moroc por 300.000 euros —seis euros el metro cuadrado— mediante concurso al que solo se presentó un licitador. El problema no es el precio: es a quién se le pagó. Los propietarios de esos terrenos eran tres: Trans Frio Higueral SL, Inversiones y Promociones Tágilis SL —la empresa vinculada al alcalde— y Juan Martínez Jiménez, padre de José Juan Martínez Pérez. El anuncio oficial de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público solo menciona a Trans Frio Higueral como adjudicatario, ocultando los otros dos vendedores. Los terrenos están catalogados por la Junta de Andalucía como zona inundable, en la confluencia del río Almanzora y el río Bacares. El complejo fue inaugurado en diciembre de 2024. Cuatro meses después se hundió una extensa zona, afectando a parte de la pista de atletismo.
El Caso Mascarillas: de las mascarillas a las obras
Lo que empezó como un presunto fraude en la compra de material sanitario en la Diputación de Almería al inicio de la pandemia —un contrato adjudicado en abril de 2020 con un sobrecoste de un millón de euros— derivó en una investigación de mucho mayor alcance. La UCO de la Guardia Civil documentó presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras en la Diputación entre 2016 y 2021, comisiones de entre el 10% y el 50%, empresas pantalla y blanqueo de capitales. El expresidente de la institución, Javier Aureliano García, dimitió en noviembre de 2025 tras ser detenido. La UCO halló sobres con dinero en efectivo vinculados a García en el registro a su hermana y constató que ninguna cuota de su hipoteca había sido abonada por él. El exvicepresidente Óscar Liria fue arrestado en junio de 2021 con 26.750 euros en efectivo en su domicilio. El también exvicepresidente Fernando Giménez se llevaba presuntamente el 10% de las comisiones. El número de investigados ascendía en marzo de 2026 a 43 personas y entidades.
José Juan Martínez Pérez figura entre ellos. Formaba parte del equipo de Gobierno de García en la Diputación como delegado del Área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos. La UCO investiga su actividad empresarial en relación con las adjudicaciones del ente provincial, en las que aparecen vinculadas Tágilis, Hijos de David Martínez Angulo y Constijola. El 25 de junio de 2026, Martínez declaró ante la jueza como investigado. Continúa en el cargo de alcalde de Tíjola y de diputado provincial del PP.
Tíjola tiene 3.000 habitantes y un presupuesto municipal que no se publica con la transparencia que exige la ley. En los últimos seis años, las obras públicas del municipio han pasado por un circuito cerrado: AGUAEMA adjudicataria, HIDAMA ejecutora, el alcalde firmante. Su padre vendió los terrenos del complejo deportivo, su mujer administra las empresas, su fontanero de confianza acumula contratos de suministro, y dos empresas ajenas al oficio presentan facturas de carpintería metálica que otros fabrican. El 11 de julio de 2023, Martínez borró su nombre de todos los registros mercantiles en un solo día. Cuatro meses después se hundió la pista de atletismo. Y en junio de 2026, el mismo alcalde que firmó todos esos contratos declaró ante la jueza que investiga la corrupción institucional más grave de la historia de Almería. Cambió de partido. No cambió de método.
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