Cayetana Álvarez de Toledo ha llevado este martes a Murcia sus acusaciones contra Pedro Sánchez por el censo electoral y ha emplazado al Tribunal Constitucional a que "no sea cómplice de las maniobras de Sánchez contra la democracia". La diputada del PP ha vinculado la controversia sobre el voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' con un supuesto intento de "pucherazo" y ha reclamado una participación masiva en las elecciones del 29 de noviembre.
Sus declaraciones se han producido con su posible incorporación como número dos de Alberto Núñez Feijóo por Madrid todavía pendiente de confirmación. El líder popular ha dado esta mañana pistas que apuntan a ella, aunque la parlamentaria ha evitado dar por cerrado su puesto en la candidatura.
Álvarez de Toledo ha participado en un diálogo en el Real Casino de Murcia con la alcaldesa, Rebeca Pérez, moderado por el secretario general del PP regional, José Miguel Luengo, y al que también ha asistido Fernando López Miras. Allí ha presentado las elecciones como una elección moral. "España tiene que elegir entre delincuencia o decencia", ha afirmado, antes de defender una "revolución de la decencia".
La diputada ha descrito los años de Gobierno de Sánchez como "la era de la indecencia", encadenando referencias a "cloacas", "saunas", "mordidas", "mafias" y "narcos". También ha acusado al presidente de fomentar la división y ha asegurado que "la estrategia del odio de Sánchez ya ha fracasado".
Las acusaciones sobre el censo
El ataque más directo a las garantías electorales ha llegado al abordar la ley de nietos. "Sánchez empezó dando un pucherazo en su propio partido y ahora ha hecho maniobras para tratar de dar otro pero esta vez contra la democracia española, contra todos los españoles", ha sostenido. A continuación, ha pedido convertir esas sospechas en movilización electoral. "Cuantas más sospechas hay sobre las maniobras de Sánchez, más fuerte, más decidido, y más masivo tiene que ser nuestro voto", ha declarado.
La controversia judicial afecta al voto exterior de personas que adquirieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática y la instrucción que la desarrolla. El Supremo mantuvo el 12 de octubre la suspensión cautelar que afecta a 163.020 personas inscritas en el censo de residentes ausentes, con la salvedad de quienes acrediten el exilio de sus ascendientes en los términos exigidos por el tribunal. La resolución mantiene las medidas provisionales mientras continúa el procedimiento sobre el fondo del asunto.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurrió esa suspensión ante el Constitucional el pasado viernes y solicitó medidas cautelarísimas para proteger el derecho al sufragio de los afectados en el 29N. El debate que debe abordar el tribunal incluye, por tanto, las garantías de un derecho fundamental de ciudadanos españoles que residen en el extranjero.
Desde el PSOE murciano, Miguel Ortega ha reprochado a Álvarez de Toledo que cuestione el sistema electoral sin aportar pruebas. Le ha reclamado que "vaya a los tribunales" si tiene indicios de una maniobra para alterar las elecciones y ha defendido el voto de los afectados. "Si los nietos del franquismo pueden votar, los nietos del exilio también", ha respondido.
Vox y el "Estado fuerte"
Preguntada por las conversaciones entre el PP y la ultraderecha Vox para el Senado, Álvarez de Toledo ha explicado que ella no participa en esas negociaciones. Ha añadido que su partido "siempre antepone el interés de España a cualquier interés partidista o personal" y ha presentado la salida de Sánchez de la Moncloa como "una emergencia ética" y "una urgencia ética nacional".
Los contactos entre ambas formaciones han sido confirmados este martes por Feijóo. El dirigente popular ha planteado compensar a Vox con senadores de designación autonómica si renuncia a presentar candidatos en determinadas circunscripciones. Las conversaciones se producen después del acuerdo entre el PSOE y fuerzas de Frente Amplio para concurrir juntos al Senado y disputar al PP su mayoría absoluta.
En su defensa del proyecto popular, Álvarez de Toledo ha prometido que, con Feijóo, "España tendrá un Estado fuerte que garantice el orden y la libertad", porque "no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad". Ha enumerado entre sus objetivos defender la soberanía nacional, ordenar la inmigración, apoyar a las clases medias, promover vivienda para los jóvenes y proteger las pensiones.
Sobre su propio lugar en ese proyecto, la diputada ha calificado de "especulaciones mediáticas" las informaciones que la sitúan como número dos por Madrid. Feijóo había señalado en la COPE que su acompañante sería una mujer que votó contra la amnistía y que pidió la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, dos referencias que apuntan a Álvarez de Toledo.
