El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido a 13 grandes fondos e inmobiliarias de la obligación de aceptar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler en zonas tensionadas, una medida que podría afectar a más de 100.000 viviendas en toda España.
Según ha señalado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, estas compañías estarían rechazando la ampliación de contratos pese a lo establecido en la Ley de Vivienda. Desde Consumo subrayan que la normativa es clara y que los grandes tenedores deben facilitar estas prórrogas cuando el inquilino lo solicite y se cumplan los requisitos legales.
“El objetivo es proteger a los inquilinos y evitar subidas abusivas en zonas con precios especialmente tensionados”, señalan desde el Ministerio, que recuerdan que la legislación vigente contempla mecanismos específicos para garantizar la estabilidad residencial. En este sentido, advierten de que no aplicar estas prórrogas podría suponer incumplimientos legales.
El aviso del Gobierno pone el foco en grandes propietarios con un volumen significativo de viviendas, que concentran buena parte del mercado del alquiler en determinadas ciudades. Desde Consumo insisten en que estas prácticas afectan directamente a miles de familias que podrían verse obligadas a abandonar sus viviendas o asumir incrementos de renta.
Además, el Ministerio no descarta la adopción de medidas adicionales si persisten estas conductas. “Estamos vigilando la situación y actuaremos en defensa de los derechos de los inquilinos”, apuntan las mismas fuentes, que recalcan que la ley debe cumplirse “en todos sus términos”.
