Este miércoles 16 de septiembre, se debatirá la convalidación o derogación, en el Congreso de los Diputados, del decreto ley de 309 millones de euros para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la crisis migratoria de Ceuta después de la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos a finales de julio. El texto está en vigor desde el 2 de septiembre pero tendrá que ser convalidado por la Cámara Baja.
El paquete de medidas movilizado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta se articula en torno a cuatro grandes partidas: 118 millones de euros para acogida de menores y atención humanitaria, 90 millones para reforzar la seguridad, 80 millones para apoyar a empresas y trabajadores y 21 millones para servicios esenciales como sanidad, educación, Justicia y abastecimiento de agua.
80 millones para empresas y trabajadores
La partida destinada al tejido empresarial incluye 36,6 millones de euros en ayudas directas, gestionadas por la Agencia Tributaria, que podrán beneficiar a unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Los trabajadores por cuenta propia recibirán 5.000 euros, mientras que las compañías podrán acceder a ayudas de entre 1.000 y 150.000 euros, en función de su facturación. Las solicitudes podrán presentarse desde el 14 de septiembre y el Gobierno prevé comenzar los pagos a principios de octubre.
El paquete contempla además 14 millones para el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como bonos al consumo y descuentos en el transporte para no residentes. A ello se suma un millón para el Plan Ceuta Exporta, que desarrollará el ICEX, y otro millón destinado a promocionar internacionalmente la ciudad como destino turístico.
También se habilitará una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros para facilitar el acceso de las empresas a crédito y financiación.
En el ámbito laboral, las empresas afectadas podrán acogerse a un régimen específico de ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre, con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores afectados entre septiembre y diciembre. Los autónomos cuya actividad se haya visto perjudicada podrán acceder asimismo a una prestación extraordinaria por cese de actividad durante un máximo de cuatro meses.
El decreto eleva además de forma permanente del 50% al 75% las bonificaciones de las cotizaciones empresariales para determinados trabajadores con contrato indefinido o de sustitución en Ceuta y Melilla, e incorpora nuevos sectores, entre ellos la construcción. El SEPE añadirá 650.000 euros para programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.
Bonificaciones fiscales y apoyo al puerto
Entre las medidas estructurales figura también el aumento del 50% al 60% de la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes en Ceuta y Melilla, además de una mejora de las deducciones para autónomos, entre ellas las correspondientes a gastos de difícil justificación. El Gobierno calcula que estas medidas supondrán un apoyo presupuestario conjunto de unos 100 millones de euros anuales para los empresarios de ambas ciudades.
El puerto de Ceuta recibirá, por su parte, 4,25 millones de euros anuales durante cinco años, entre 2027 y 2031.
21 millones para servicios esenciales
La partida destinada a los servicios públicos contempla 3,5 millones de euros para incorporar 100 profesionales sanitarios del Ingesa a la atención primaria y hospitalaria.
Educación recibirá 3,2 millones de euros para reforzar la seguridad de los centros y financiar actuaciones de acompañamiento psicosocial a la comunidad educativa. En Justicia se invertirán 4,5 millones para reforzar la plantilla de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, además de financiar la asistencia jurídica gratuita.
El paquete incorpora asimismo 2 millones de euros de subvención directa a la ciudad de Ceuta, a los que se suman los más de 7 millones ya aprobados para la planta desalinizadora.
90 millones para reforzar la seguridad
La partida de seguridad asciende a 90 millones de euros. De esta cantidad, 74 millones se destinarán al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, mientras que 7,1 millones irán a la Policía Nacional y 8 millones a la Guardia Civil en forma de incentivos extraordinarios al rendimiento.
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