El Congreso reprueba por tercera vez al ministro Marlaska y censura su gestión de la crisis de Ceuta

La moción del PP, aprobada por apartados, reclama a Sánchez el cese del ministro del Interior, un refuerzo permanente de la seguridad en la ciudad autónoma y aclaraciones de Rabat sobre la entrada masiva de finales de julio

16 de septiembre de 2026 a las 20:44h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su salida del Congreso de los Diputados esta mañana. Jesús Hellín / Europa Press
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su salida del Congreso de los Diputados esta mañana. Jesús Hellín / Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido este miércoles su tercera reprobación parlamentaria desde que asumió el cargo. La moción impulsada por el Partido Popular ha salido adelante en el Congreso e incluye una petición expresa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que proceda a su cese por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.

La iniciativa acusa al Ministerio del Interior de una "evidente desprotección de las fronteras españolas", del "abandono de Ceuta" y de haber incurrido en contradicciones sobre los avisos y alertas recibidos antes de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

El apartado relativo a la reprobación ha prosperado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. PSOE, Sumar, ERC y PNV se han pronunciado en contra, mientras Podemos, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria y la diputada de Compromís Àgueda Micó han optado por la abstención.

La resolución supone un nuevo revés político para Marlaska, aunque carece de efectos ejecutivos. La decisión sobre su continuidad corresponde a Sánchez, que mantiene por el momento su confianza en el ministro. Como ya avanzó 'ElConstitucional.es', el PP había convertido esta votación en una nueva ofensiva parlamentaria contra el responsable de Interior.

Más efectivos y explicaciones de Marruecos

La Cámara ha respaldado también el refuerzo inmediato y permanente de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta, junto con la presencia de las Fuerzas Armadas mientras resulte necesaria. El texto reclama más efectivos, medios materiales, alojamientos y dietas, además de dispositivos especiales en calles, centros educativos y recorridos habituales de escolares, mujeres y menores.

Otro de los puntos aprobados insta al Gobierno a acelerar la identificación y la tramitación de los expedientes de devolución, retorno o asilo de las personas que entraron de forma irregular. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, la moción pide determinar su edad, confirmar su identidad y localizar a sus familias antes de valorar un eventual retorno, atendiendo a su interés superior y a las garantías previstas en la legislación.

El Congreso también solicita llamar a consultas al embajador de España en Marruecos y convocar nuevamente a la embajadora marroquí en Madrid. La iniciativa reclama al Ejecutivo que aclare si las autoridades del país vecino "permitieron, consintieron o facilitaron" la llegada de decenas de miles de personas a territorio español.

Sánchez ha defendido hasta ahora que el Gobierno carece de pruebas sólidas para concluir que Marruecos organizó la entrada masiva, aunque reconoció que los agentes marroquíes permitieron los cruces durante unas diez horas. Rabat ha rechazado cualquier implicación y ha atribuido lo ocurrido a las redes sociales, las mafias y una interpretación equivocada de una resolución judicial.

La Cámara ha tumbado, en cambio, la moción presentada por la ultraderecha Vox. La ultraderecha pretendía responsabilizar al Gobierno de los delitos que puedan cometer los migrantes, desplegar a la Armada en la frontera marítima y suspender el Tratado de Amistad con Marruecos. El PP se ha abstenido ante este texto.

La reprobación de Marlaska ha coincidido con la convalidación del decreto del Gobierno que moviliza 309 millones de euros para Ceuta. La norma ha obtenido 304 votos favorables, con Vox como único partido en contra y la abstención de Junts. El paquete incluye 118 millones para acogida y atención humanitaria, 90 millones para seguridad, 80 millones para empresas y trabajadores y otros 21 millones para reforzar los servicios esenciales.

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Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
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