El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la iniciativa con la que Vox pretendía forzar el retorno a Marruecos de todos los menores migrantes llegados a Ceuta y paralizar su traslado a otras comunidades autónomas. El Partido Popular ha respaldado la propuesta de la ultraderecha, mientras el resto de los grupos ha votado en contra.
La proposición no de ley, que carecía de carácter vinculante, reclamaba aplicar el acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 como vía para devolver a los menores a su país de origen. Vox también exigía detener inmediatamente cualquier reubicación en la Península mientras continuaran las pruebas de edad y los expedientes de repatriación.
La diputada ultra Blanca Armario defendió durante el debate que España carece de "ningún deber moral" de acoger a estos niños y adolescentes. "Marruecos tiene capacidad suficiente y adecuada", afirmó antes de acusar al Gobierno de repartirlos por el territorio en beneficio de las organizaciones sociales que participan en su atención.
La iniciativa ha quedado desbaratada por una mayoría parlamentaria que ha advertido de su falta de encaje con las garantías jurídicas que protegen a los menores. PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, Podemos y Coalición Canaria han coincidido en rechazar una propuesta que presentaba el retorno como una decisión general aplicable a todos los niños que permanecen en Ceuta.
El acuerdo exige estudiar cada caso
El acuerdo bilateral contempla la posibilidad de favorecer el regreso de los menores con sus familias o su entrega a una institución de tutela marroquí. El mismo texto obliga a que cualquier decisión respete la legislación española, la Convención sobre los Derechos del Niño y el interés superior de cada menor.
España y Marruecos deben alcanzar además un acuerdo previo sobre los casos que pueden ser objeto de retorno. Las autoridades tienen que identificar al menor, localizar a su familia y comprobar que contará con una recepción adecuada. El documento también exige proporcionar en España la misma protección reconocida a los menores nacionales mientras se tramita su situación.
Esa regulación impide utilizar el acuerdo como una orden automática de devolución. El Defensor del Pueblo ya advirtió de que cada procedimiento requiere escuchar al menor, solicitar informes a los servicios de protección y al Ministerio Fiscal y estudiar las condiciones familiares que encontrará en el país de origen.
La diputada socialista María Carmen Castilla ha acusado a Vox de utilizar la infancia para alimentar su "política del miedo" y de incluir en su iniciativa "falsedades" y un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico. "El acuerdo no es un botón de devolver a todos", respondió durante el debate.
Sumar ha sido todavía más contundente. Su diputado Nahuel González ha calificado la propuesta de "racista" y ha recordado las palabras pronunciadas por José María Figaredo, dirigente de Vox, cuando pidió "cazar" uno a uno a los migrantes que permanecían en Ceuta. "Hoy ya es una realidad. Hay niños perseguidos y agredidos en las calles", ha denunciado.
El PNV ha cuestionado que Vox presente su texto como una ayuda a Ceuta mientras bloquea el traslado de menores a otros territorios. Coalición Canaria también ha censurado el "desprecio absoluto" hacia las comunidades situadas en la frontera sur y ha definido la apelación genérica al acuerdo con Marruecos como un "brindis al sol".
El PP se alinea con Vox contra los traslados
El Partido Popular ha votado junto a la ultraderecha después de reclamar durante las últimas semanas que Marruecos asuma la protección de los menores. La diputada Ana Alós ha sostenido que su distribución entre las comunidades autónomas puede favorecer que sean utilizados nuevamente como instrumento de presión en la frontera.
Alós también ha acusado al Gobierno de convertir a las autonomías en "la ventanilla" de una política migratoria estatal. Su intervención ha terminado con nuevas sospechas sobre la relación de Pedro Sánchez con Rabat. "¿Qué le deben? ¿Qué temen de Marruecos para semejante sumisión?", ha preguntado desde la tribuna.
El Gobierno ha comenzado esta semana a tramitar los expedientes individuales de los más de 2.000 menores ya filiados y atendidos en Ceuta. La primera opción será la reagrupación con sus familias cuando pueda acreditarse su identidad, exista una recepción segura en Marruecos y el retorno responda a su interés superior.
Los menores que carezcan de una red familiar adecuada, necesiten protección internacional o no puedan regresar con garantías serán trasladados a la Península. El Ejecutivo considera esta reubicación imprescindible para aliviar unos servicios de acogida desbordados y atender también a los cientos de niños que todavía permanecen en las calles de la ciudad autónoma.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el próximo miércoles ofrecerá los primeros datos sobre los expedientes. El comité de situación deberá determinar entonces cuántos menores pueden reunirse con sus familias en Marruecos y cuántos tendrán que ser acogidos en otras comunidades autónomas.
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