El PP y Junts han evitado este miércoles aclarar si permitirán que continúe en vigor el decreto con 309 millones de euros para Ceuta, mientras la ultraderecha Vox ha confirmado su voto en contra y ha despreciado el paquete como un reparto de "limosnas". La posición final de los dos primeros partidos decidirá si las ayudas sobreviven a su paso por el Congreso o si el Gobierno debe buscar otra vía para recuperarlas.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido la convalidación ante el Pleno para impedir que la incertidumbre económica se sume a las dificultades que ya soporta la ciudad autónoma. El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre y sus medidas se encuentran en vigor, pero la Constitución obliga a someterlo al Congreso en un plazo máximo de 30 días.
Su derogación haría decaer el instrumento que sostiene buena parte de las ayudas y obligaría al Ejecutivo a reconstruirlas mediante otra norma. La votación afecta, entre otras medidas, a los 5.000 euros previstos para cada autónomo, las subvenciones de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, las exenciones en las cotizaciones sociales y los refuerzos de los servicios públicos.
Cuerpo ha pedido a los grupos que separen sus críticas sobre la gestión de la crisis del apoyo inmediato que necesitan los ceutíes. "No podemos permitir que a la incertidumbre que viven se añada también la incertidumbre económica", ha defendido desde la tribuna.
Las ayudas que quedan pendientes del Congreso
El plan aprobado por el Gobierno moviliza una cantidad equivalente al 16% del producto interior bruto de Ceuta durante los últimos cuatro meses de 2026. El dinero se divide en cuatro grandes bloques con 118 millones para acogida humanitaria y atención a menores, 90 millones para seguridad, 80 millones para empresas y trabajadores y otros 21 millones para servicios esenciales.
Dentro del apoyo económico se incluyen 36,6 millones en ayudas directas destinadas a unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Las solicitudes comenzaron a tramitarse el pasado 14 de septiembre y el Ejecutivo esperaba realizar los primeros pagos a principios de octubre. También se contemplan 14 millones para el comercio y el turismo mediante bonos de consumo y descuentos en el transporte.
A ello se suma una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial de hasta 50 millones de euros, situada al margen del importe global del decreto, para facilitar financiación a las empresas. El texto incorpora igualmente prestaciones extraordinarias por cese de actividad, aplazamientos de pagos a la Seguridad Social y una exención del 100% de las cotizaciones para las compañías afectadas que recurran a un expediente de regulación temporal de empleo.
El paquete reserva además fondos para incorporar 100 profesionales sanitarios, reforzar la seguridad de los centros educativos y ampliar las plantillas de jueces, fiscales, letrados y funcionarios. Los 90 millones del apartado de seguridad incluyen incentivos extraordinarios para la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de recursos para las Fuerzas Armadas.
Vox confirma su rechazo y PP y Junts guardan su voto
El diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha acusado al Gobierno de utilizar el decreto para "esparcir propaganda" y ha sostenido que "no pueden tapar su incompetencia con dinero". También ha puesto en duda la ejecución posterior de las medidas y ha comparado el plan con las ayudas aprobadas para La Palma y los municipios afectados por la DANA.
El dirigente popular ha reclamado garantías para recuperar la normalidad y evitar otra entrada masiva, aunque ha terminado su intervención sin anunciar qué hará el PP en la votación. Carlos Cuerpo le ha reprochado que la crítica política pueda acabar colocando "palos en las ruedas" a unas medidas solicitadas por asociaciones empresariales y agentes sociales de Ceuta.
Junts ha mantenido la misma incógnita. Su diputado Josep Maria Cruset ha definido el decreto como "la factura de un fracaso político" y ha acusado al Gobierno de recurrir al Boletín Oficial del Estado después de no haber prevenido la crisis. También ha exigido que sus consecuencias migratorias no sean trasladadas a Cataluña, pero ha abandonado la tribuna sin desvelar el voto de su formación.
La ultraderecha Vox sí ha anunciado que rechazará el paquete. El diputado ultra José María Figaredo ha calificado las ayudas de "migajas" y ha reclamado al Ejecutivo que se deje de "repartir limosnas". Su grupo sostiene que la única respuesta válida pasa por expulsar a Marruecos a quienes entraron irregularmente y rechaza destinar recursos a la acogida humanitaria.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya había cuestionado durante la sesión de control que Vox proclame que "Ceuta no se vende" mientras se dispone a votar contra cualquier partida destinada a la ciudad. "No apoyan ni un solo céntimo para Ceuta", ha respondido después de que su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, acusara al Gobierno de pretender "comprar el silencio" de los ceutíes.
PSOE y Sumar respaldarán la convalidación, al igual que EH Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria, aunque estos grupos han reclamado que las ayudas lleguen con rapidez y mayor atención a la clase trabajadora. El desenlace sigue dependiendo de PP y Junts. Su voto decidirá si el paquete continúa vigente o si las empresas, autónomos y servicios públicos de Ceuta quedan pendientes de una nueva norma.
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