El Gobierno afronta este miércoles una de las votaciones más importantes desde que comenzó la crisis migratoria de Ceuta. El Congreso decidirá si mantiene en vigor el plan de choque de 309 millones de euros aprobado para reforzar la seguridad, los servicios públicos, la acogida y el tejido económico de la ciudad autónoma.
La convalidación del Real Decreto-ley 22/2026 llegará después de la sesión de control, que comenzará a las nueve de la mañana y volverá a colocar la gestión de Ceuta en el centro del debate político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que le preguntará si considera que "se ha degradado la imagen de España".
El orden del día del Congreso incluye además dos preguntas del PP al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el regreso de Ceuta a la normalidad y su actuación durante la crisis. Sumar preguntará por la protección de los menores y la ultraderecha Vox interpelará al Ejecutivo sobre sus planes para la ciudad.
La Moncloa llegará a ese doble examen parlamentario con un mensaje asentado sobre los avances operativos y las ayudas ya activadas. El Ejecutivo admite que la situación continúa siendo complicada, aunque sostiene que los retornos, los procedimientos administrativos, la ampliación de plazas y la recuperación de la actividad cotidiana han comenzado a ofrecer resultados.
Retornos, ayudas y menores
El último balance presentado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sitúa en 5.482 los retornos voluntarios a Marruecos realizados desde el 10 de agosto. A ellos se suman 307 expulsiones y cerca de un centenar de personas que han desistido de solicitar protección internacional.
Las autoridades han iniciado 1.822 expedientes correspondientes a adultos y atienden actualmente a 4.160 personas en plazas temporales. El Gobierno trabaja con una previsión de hasta 10.000 puestos de acogida para retirar los asentamientos de las calles y playas, completar las identificaciones y resolver cada situación administrativa.
"Cuanto antes estén en recursos, antes podrán ser devueltos", explicó Torres durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El responsable del mando único considera que una amplia parte de los adultos carecerá de derecho a protección internacional, aunque cada expediente deberá tramitarse de forma individual.
El paso más delicado afecta a los niños y adolescentes. Los primeros diez procedimientos comenzaron el lunes después de garantizar la presencia de abogados durante las entrevistas. Cada caso deberá comprobar la identidad, localizar a la familia y acreditar que cualquier reagrupación se realiza con seguridad.
Ceuta tutela ya a 2.048 menores, entre ellos 1.612 llegados durante las jornadas del 30 y 31 de julio. Otros 300 permanecen en instalaciones dependientes del Gobierno central y Torres calcula que todavía quedan entre 700 y 1.000 sin identificar en las calles. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reclamado a Feijóo que facilite la colaboración de las comunidades gobernadas por el PP para aliviar la presión sobre la ciudad.
La norma que llega este miércoles al Congreso moviliza una cantidad equivalente al 16% del producto interior bruto de Ceuta. De los 309 millones, 118 se destinan a acogida y atención humanitaria, 90 a seguridad, 80 a empresas y trabajadores y 21 al refuerzo de servicios esenciales como sanidad, educación, Justicia y abastecimiento de agua.
El decreto contempla ayudas de 5.000 euros para los autónomos y de hasta 150.000 para las empresas, bonificaciones fiscales, expedientes de regulación temporal de empleo con exenciones en las cotizaciones y medidas para el comercio y el turismo. También incorpora una línea adicional de 50 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La aplicación ya ha comenzado. Hacienda ha recibido 408 solicitudes de ayudas directas durante los dos primeros días y prevé realizar los primeros pagos a comienzos de octubre. Cerca de 2.000 migrantes han sido vacunados, unas 300 mujeres serán trasladadas a instalaciones con mejores condiciones y la asistencia escolar ha alcanzado el 90,43%, un porcentaje próximo al de una jornada ordinaria.
Robles y Marlaska ante la ofensiva del PP
El debate llegará al Congreso después de otra jornada de fuerte tensión en el Senado. El PP utilizó este martes su mayoría absoluta para aprobar un plan propio sobre Ceuta, respaldado por la ultraderecha Vox y UPN, que reclama acelerar los retornos, reforzar la frontera, ampliar las capacidades de las Fuerzas Armadas y mantener una información parlamentaria permanente. La moción tiene carácter político y carece de efectos obligatorios para el Ejecutivo.
Las críticas más duras se concentraron sobre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. El senador popular Fernando Martínez-Maíllo exigió a la ministra de Defensa que eligiera entre Sánchez y España y le pidió que abandonara el Gobierno o contribuyera a "desenmascararlo".
Robles respondió ofreciendo su comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso junto a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro. "Vamos en cualquier momento a la Comisión", aseguró antes de acusar al PP de actuar con deslealtad y utilizar la crisis para golpear al Gobierno.
Marlaska también rechazó las peticiones de dimisión lanzadas desde la bancada popular. "Seguiré aquí", contestó el ministro, que recordó el despliegue de más de 1.600 agentes y defendió que ningún servicio de información nacional o extranjero anticipó la dimensión que acabaría teniendo la entrada masiva.
Los documentos publicados durante las últimas semanas reflejan avisos sobre convocatorias difundidas en redes sociales y sobre un posible "salto" a la frontera. El Ejecutivo sostiene que aquellas comunicaciones carecían de información suficiente para prever que decenas de miles de personas intentarían cruzar en cuestión de horas. La oposición considera que esos mensajes debieron provocar un refuerzo preventivo mucho mayor.
Bruselas exige rapidez y mira a Marruecos
La presión política también ha llegado al Parlamento Europeo. El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha defendido que todas las personas que entraron irregularmente y carezcan de derecho a permanecer sean retornadas "rápidamente" a Marruecos. También ha reclamado mejorar los mecanismos de alerta temprana, reforzar el control de las redes y ampliar las capacidades de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
Brunner ha reconocido al mismo tiempo la respuesta de las autoridades españolas y la cooperación posterior de Rabat. El comisario ha destacado que la mayoría de quienes cruzaron regresaron a Marruecos en las primeras horas y que ninguna persona alcanzó el espacio Schengen, cuya integridad permaneció protegida durante la crisis.
El Partido Popular Europeo (PPE), principal grupo de la Eurocámara, ha elevado la presión sobre Marruecos. Su propuesta de resolución reclama que Rabat cumpla sus compromisos de vigilancia fronteriza, cooperación migratoria y readmisión, además de considerar incompatible con su condición de socio cualquier cuestionamiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Algunas voces 'populares' han planteado consecuencias para el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, aunque el borrador todavía no propone expresamente su suspensión.
Rabat ha tratado de fijar su posición antes de la votación mediante una carta remitida a parte de los eurodiputados españoles. La misión diplomática marroquí rechaza cualquier responsabilidad deliberada y promete readmitir a ciudadanos marroquíes, menores y nacionales de terceros países. La ejecución de ese compromiso continúa pendiente de los procedimientos y garantías exigidos por la legislación española y europea.
Los socialistas han reclamado una respuesta comunitaria basada en la solidaridad y el respaldo a España como responsable de una frontera exterior. Su líder en la Eurocámara, Iratxe García, ha defendido que "Ceuta es España y Ceuta es Europa" y ha advertido de que los retornos de menores deberán respetar su derecho a una evaluación individual y a una recepción segura.
El pulso europeo se ha extendido a la decisión de Italia de prolongar otros quince días sus controles fronterizos con España. Madrid ha aplicado la misma medida de forma recíproca y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado la actuación del Gobierno de Giorgia Meloni de "absurda, inútil y una vergüenza".
Brunner viajará este jueves a Madrid para reunirse con Torres, Marlaska y Saiz, además de mantener un encuentro con Feijóo. Ese mismo día, el Parlamento Europeo votará su resolución sobre Ceuta, la actuación de Marruecos y la respuesta común para proteger las fronteras exteriores de la Unión.
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