El Gobierno ha respondido este martes desde el Senado a la ofensiva de la oposición por la crisis de Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ofrecido acudir al Congreso junto a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado los gritos de dimisión del Partido Popular con un mensaje rotundo. "Seguiré aquí", ha afirmado.
Ceuta ha ocupado buena parte de una sesión de control especialmente bronca. El PP ha acusado al Ejecutivo de desatender las advertencias previas a la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, ocultar informes y mantener una "guerra interna" entre Defensa e Interior. Los ministros han reivindicado el despliegue realizado, los retornos y el trabajo de los servidores públicos, al tiempo que han reprochado a la derecha su estrategia de confrontación.
La crisis fronteriza también ha atravesado las preguntas dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. A ese choque se han sumado las explicaciones de Marlaska sobre el polémico documento de Interior que clasificó a periodistas y una dura interpelación a Félix Bolaños por la llamada 'ley de nietos'.
Robles ofrece explicaciones y Marlaska rechaza dimitir
El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha pedido a Robles que eligiera entre Pedro Sánchez y España y la ha emplazado a abandonar el Gobierno o ayudar a "desenmascarar" sus supuestas mentiras. También ha reclamado la comparecencia de Casteleiro para conocer los informes que permanecen bajo secreto.
La respuesta de Robles ha comenzado con una ironía. "Yo no sé por qué no se cansan ustedes de darme consejos, si saben que no les hago ningún caso", ha contestado. Acto seguido, ha expresado su "cariño, solidaridad y orgullo" por los ceutíes y ha pedido respeto para las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal público que continúa trabajando en la ciudad.
La ministra ha confirmado después su disposición a explicar la actuación de los servicios de inteligencia. "Por lo que a mí respecta y por parte de la directora del CNI, vamos en cualquier momento a la comisión", ha anunciado. Ya en los pasillos del Senado, ha añadido que Casteleiro tiene "especial interés" en acudir y que comparecerá cuando la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso la convoque.
🎙️ "Mi orgullo, solidaridad y cariño con los hombres y mujeres de #Ceuta, que representan lo mejor de España. Estamos con ellos en momentos complicados y difíciles".
— Ministerio Defensa (@Defensagob) September 15, 2026
Margarita Robles, hoy en el @Senadoesp. pic.twitter.com/kpGDcGgZJk
La oferta llega después de semanas de controversia por los avisos que recibió la Delegación del Gobierno en Ceuta. Los documentos conocidos reflejan comunicaciones del CNI sobre un posible "salto", mientras Marlaska mantiene que ningún servicio de información anticipó una entrada de la dimensión que finalmente se produjo. El PP ha utilizado esa diferencia para alimentar la tesis de un enfrentamiento dentro del Consejo de Ministros.
Robles ha rechazado esa lectura y ha acusado a los populares de actuar con "deslealtad" durante agosto. "Ustedes querían venir simplemente a atacar al Gobierno", ha asegurado antes de reclamar "un poco más de sentido de Estado". Para la titular de Defensa, cuestionar indiscriminadamente a los organismos que participaron en la respuesta acaba dañando a las propias instituciones.
El choque ha subido todavía más de tono cuando la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha enumerado diez motivos para exigir la dimisión de Marlaska. Le ha reprochado la gestión de Ceuta, los avisos previos, la actuación ante los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate y la elaboración del documento sobre periodistas. "No le faltan razones para dimitir, le falta dignidad", ha lanzado entre gritos de "dimisión" desde la bancada popular.
Los senadores socialistas y los ministros presentes han respondido con aplausos. Marlaska ha asegurado que continuará en el cargo porque rechaza una forma de hacer política basada, según sus palabras, en "mentir y llamar a la confrontación". También ha reiterado que personalmente se sentiría "subjetivamente inseguro" en Ceuta, aunque ha defendido que el Gobierno debe evitar alimentar la xenofobia y el enfrentamiento social.
El titular de Interior ha explicado que hasta el 29 de julio se habían contabilizado alrededor de 1.020 entradas irregulares a nado y que Marruecos había impedido más de 3.000 intentos. A su juicio, esos datos no permitían anticipar la llegada masiva de los dos días siguientes. Tras la crisis, el Ministerio movilizó más de 1.600 agentes para reforzar la seguridad y recuperar la normalidad.
Marlaska ha diferenciado los avisos operativos habituales de una alerta capaz de anticipar el volumen finalmente registrado. "Para nosotros una alerta es que entren, por ejemplo, 300 o 400 personas en un día", ha explicado. Su defensa ha vuelto a chocar con los documentos conocidos y con la interpretación del PP, que considera que el Gobierno dispuso de tiempo suficiente para reforzar la frontera.
El senador de la ultraderecha Vox Javier Alonso ha acusado al Ejecutivo de actuar como "cooperador necesario" de una "invasión" y ha hablado de traición, chantajes y "secretos inconfesables" con Marruecos. Marlaska ha contestado que ese vocabulario responde a un discurso "bélico" y de "máxima irresponsabilidad". "Nos preocupa Ceuta y la necesidad de volver a la normalidad", ha remachado.
Marlaska, ministro del Interior, en la sesión de Control al Gobierno en el Senado: "Dejo que geolocalicen mi móvil para que vean dónde he estado cada minuto del mes de agosto (...) Tenemos una situación absolutamente compleja en Ceuta que estamos abordando". #Canal24Horas pic.twitter.com/PwRmJyIDOQ
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 15, 2026
Albares también ha defendido la actuación del Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que el 90% de las personas retornadas regresó durante las primeras 48 horas y ha destacado las medidas planteadas para reforzar el vínculo de Ceuta y Melilla con la Unión Europea. Entre ellas ha citado un paquete próximo a 115 millones de euros, una mayor presencia de Frontex, la entrada de ambas ciudades en el Comité de las Regiones y su incorporación a la unión aduanera con un régimen específico.
"Mucha palabrería con Ceuta", ha reprochado Albares al PP antes de acusar a sus gobiernos autonómicos de cerrar la puerta a la acogida. "Si no arriman el hombro, por lo menos no estorben", ha concluido.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha protagonizado otro enfrentamiento después de que la senadora popular Miriam Bravo acusara al Gobierno de trasladar menores migrantes contra su voluntad. Rego ha respondido que el PP mantiene un "bloqueo sistemático" en las políticas de acogida y ha recordado su rechazo a la distribución prevista por el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
La ministra también ha acusado a los 'populares' de sostener un discurso "racista y criminalizador" contra la infancia migrante y de promover devoluciones colectivas sin las garantías exigidas. Según ha explicado, cada expediente debe tramitarse individualmente y atender al interés superior del menor.
Marlaska responde por el documento sobre periodistas
La senadora del PP Marimar Blanco ha centrado su pregunta en el documento elaborado por la Oficina de Comunicación de Interior que recogía información sobre cerca de 300 periodistas y tertulianos, incluidos comentarios sobre su orientación ideológica. "Cuando un ministerio se dedica a señalar a periodistas, se convierte en la Stasi de Marlaska", ha denunciado antes de exigirle que dimitiera "de una puñetera vez".
Marlaska ha reconocido que el informe fue confeccionado en febrero de 2024 con una finalidad interna y consultiva. El ministro ha asegurado que pretendía conocer los temas de interés de los profesionales y mejorar la comunicación del departamento, pero su contenido se apartó del encargo original. "Nunca se utilizó", ha recalcado después de recordar que Interior ha pedido disculpas a quienes se sintieron afectados.
El ministro ha defendido su compromiso con la libertad de prensa y ha acusado al PP de aplicar un criterio distinto cuando las presiones proceden de la Comunidad de Madrid. Marlaska ha recordado que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso "amenazó textualmente a periodistas de una forma indubitada y acreditada" y ha reprochado a los populares que inviten a sus actos a un "agitador social y poco periodista".
Las explicaciones tampoco han convencido a los senadores catalanes. Eduard Pujol, de Junts, ha advertido de que "una democracia necesita periodistas críticos y libres", una afirmación que Marlaska ha compartido. El titular de Interior ha defendido que la libertad de información protege especialmente a quienes resultan incómodos para el poder.
El debate se ha extendido a las actuaciones policiales contra aficionados que portaban esteladas. Marlaska ha subrayado que cualquier bandera o símbolo legal puede exhibirse y ha informado de que existe un expediente por una intervención en Elche que él mismo consideró desproporcionada. También ha señalado que la Policía puede actuar cuando existe desobediencia, se ocupa una salida de emergencia o se producen llamamientos al odio y a la violencia.
Bolaños carga contra el PP por la 'ley de nietos'
El último gran choque ha enfrentado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. El dirigente popular ha acusado al Gobierno de ampliar irregularmente el acceso a la nacionalidad mediante una instrucción administrativa y de convertir la reparación a los descendientes del exilio en una "operación de ingeniería electoral".
Bolaños ha replicado recordando que la medida procede de la Ley de Memoria Democrática y busca reparar a las familias que abandonaron España durante la Guerra Civil y la dictadura. También ha citado el compromiso asumido por Alberto Núñez Feijóo en 2022 para promover una ley de nacionalidad destinada a los nietos de españoles residentes en el exterior y el apoyo recogido en el programa electoral del PP de 2023.
El ministro ha acusado a los populares de dejarse arrastrar por Vox y ha defendido que los nuevos españoles puedan participar en las elecciones. Según los datos expuestos por Bolaños, la participación habitual en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ronda el 10%, lo que reduciría a unas 40.000 personas el voto efectivo entre los cerca de 400.000 afectados por la disputa jurídica.
Bolaños ha añadido que el voto exterior únicamente modificó un escaño en las elecciones generales de 2023, que pasó del PSOE al PP en Madrid, y que no alteró el reparto de diputados en las autonómicas celebradas durante 2026. También ha pedido al Tribunal Supremo que resuelva el fondo del asunto antes de las elecciones previstas en 2027 para evitar que ciudadanos que ya votaron en anteriores convocatorias queden excluidos del censo.
La discusión ha incluido un dardo directo contra la dirección madrileña del PP. "Son la cúspide del Partido Popular de Madrid, el ático, podríamos decir", ha ironizado Bolaños en referencia a la polémica operación inmobiliaria del Gobierno de Ayuso. Serrano ha terminado su intervención advirtiendo al ministro de posibles consecuencias judiciales y mencionando varias cárceles madrileñas.
Bolaños ha respondido acusando al PP de adoptar un "estilo matón" y amenazar al adversario político con la prisión. El ministro ha cerrado su intervención reiterando que los descendientes de los exiliados deben conservar los mismos derechos que el resto de españoles.
El cara a cara entre el Gobierno y la oposición continuará este miércoles en el Congreso de los Diputados. La sesión de control trasladará al hemiciclo de la Cámara Baja una ofensiva política que ha vuelto a situar Ceuta, la actuación de los servicios de inteligencia y las acusaciones cruzadas sobre la calidad democrática en el centro del debate parlamentario.
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