Mientras la ultraderecha de VOX consolida espacio electoral con un discurso basado en la confrontación entre un “nosotros” —presentado como víctima— y un “ellos” —donde el migrante es señalado como culpable—, el Gobierno de Pedro Sánchez dará este martes luz verde a la regularización de cerca de 500.000 personas.
La medida tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y será aprobada mediante real decreto, evitando así su paso por una mayoría parlamentaria siempre incierta. Los equipos técnicos del Ejecutivo ultiman durante el fin de semana los ajustes finales del texto.
El Consejo de Estado —el supremo órgano consultivo del Gobierno cuyas funciones principales incluyen dictaminar sobre asuntos sometidos por el Ejecutivo— ha avalado el planteamiento, aunque introduce matices que el Gobierno incorporará para mejorar su aplicación y seguridad jurídica.
De los antecedentes penales a la protección internacional
Más allá de la regularización extraordinaria —un mecanismo utilizado anteriormente por gobiernos tanto del PP como del PSOE—, la legislación vigente contempla también la Protección Internacional para quienes acrediten riesgo en su país de origen.
En este punto, el Consejo de Estado aclara que no se podrá acceder simultáneamente a ambas vías. En caso de concurrencia, el permiso de asilo se mantendrá vigente hasta que se resuelva favorablemente la autorización de residencia y trabajo.
Uno de los focos clave está en la acreditación de antecedentes penales. El borrador inicial permitía sustituir la certificación oficial por una declaración responsable en caso de dificultad para obtenerla. Sin embargo, el órgano consultivo eleva el listón: exige una acreditación rigurosa y advierte de que, “en ausencia de esta documentación, el procedimiento quedará suspendido”.
También introduce precisión sobre el concepto de vulnerabilidad, que deberá quedar claramente definido. En principio, se circunscribe a personas llegadas a España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten al menos cinco meses en situación administrativa irregular.
Gobierno frente a PP y VOX: choque político y batalla por el relato migratorio
La regularización forma parte de la tradición política reciente en España. José María Aznar impulsó procesos que afectaron a cerca de 500.000 personas, y José Luis Rodríguez Zapatero amplió esa cifra hasta las 700.000. Ni se produjo entonces un colapso del sistema ni emergió una amenaza vinculada al terrorismo derivada de esas decisiones.
Sin embargo, el contexto político actual dibuja un bloque claramente enfrentado. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono en foros europeos, advirtiendo de que la medida podría “exportar un problema migratorio” al conjunto de la Unión Europea, en línea con el discurso que viene sosteniendo VOX.
En paralelo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado su intención de recurrir el proceso, denunciando una regularización “sin control” y alertando de su impacto en los servicios públicos.
El posicionamiento presenta, no obstante, contradicciones. Mientras la Comunidad de Madrid continúa externalizando servicios sanitarios —con contratos relevantes adjudicados a grupos privados como Quirónsalud—, se advierte de un supuesto riesgo de colapso. Al mismo tiempo, se mantiene una política de acogida favorable hacia determinados colectivos, como los ciudadanos venezolanos, en contraste con el rechazo general a la regularización.
La convergencia entre PP y VOX en materia migratoria se ha explicitado en iniciativas recientes. El pasado mes de marzo, la comisión mixta de Seguridad Nacional aprobó con sus votos una ponencia para estudiar la posible relación entre migración y terrorismo, consolidando un marco discursivo compartido.
Una semana marcada por la migración
La ausencia de Pedro Sánchez, de viaje oficial en China, reducirá el voltaje inmediato de la sesión de control en el Congreso. Sin embargo, el debate migratorio se consolida como eje central de la agenda política esta próxima semana.
El Gobierno busca marcar perfil y fijar posición en un terreno donde ya no solo se debate gestión, sino relato. Y donde cada movimiento empieza a medirse, sin disimulo, en clave electoral.
