Las relaciones están rotas. A día de hoy no existe interlocución entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts.
“¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?”. Es la frase que Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, dirigió a Pedro Sánchez el pasado miércoles durante la sesión de control al Gobierno, en una nueva muestra —fiel al estilo de los de Puigdemont— de que, por ahora, nada ha cambiado.
Sin embargo, y pese a asumir que no cuentan con los siete votos independentistas para las próximas votaciones, en el Ejecutivo “no temen” una moción de censura que en distintos momentos ha planeado sobre el debate político.
Conviene recordar que los mismos votos que en noviembre de 2023 permitieron la investidura de Pedro Sánchez podrían hoy provocar su caída. Pero la formación catalana no contempla “regalar” ese escenario al PP de Alberto Núñez Feijóo.
La propia Nogueras sostiene que el PSOE “incumple sistemáticamente su palabra” y que Sánchez “no es de fiar”, lo que, a su juicio, explica la ruptura total de las relaciones. Aun así, tampoco un eventual Gobierno del PP con VOX encaja en los intereses estratégicos de Junts.
Recomponer tras el verano
Fuentes de la máxima solvencia del PSOE consultadas por ElConstitucional sitúan un cambio de rumbo a partir del próximo curso político —el último de la legislatura—, con la sentencia del TJUE sobre la amnistía y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la mesa. Ambas resoluciones, aseguran, podrían avalar la vuelta de Carles Puigdemont a España en línea con el criterio europeo.
Con Puigdemont de regreso, explican estas fuentes, el escenario sería “completamente distinto”. El expresident recuperaría su estatus institucional, con los recursos y la proyección política necesarios para operar desde Cataluña, culminando así el objetivo que persigue desde su salida a Bruselas en octubre de 2017.
En ese contexto, el Gobierno prevé propiciar un encuentro cara a cara entre Sánchez y Puigdemont para restablecer las relaciones con Junts, hoy rotas. En La Moncloa confían además en poder capitalizar políticamente las decisiones adoptadas: la ley de amnistía, clave para facilitar el regreso, o los avances en materia lingüística, una de las principales exigencias de Junts.
A partir de ahí, el Ejecutivo espera que la relación vuelva a una lógica de pragmatismo y que la formación independentista abandone el bloqueo sistemático que, en estos momentos, está traduciéndose en derrotas parlamentarias para el Gobierno.
De momento, Junts vuelve a ser decisivo
Antes de que la cortesía parlamentaria reduzca la actividad en el Congreso por el ciclo electoral andaluz —durante las dos primeras semanas de mayo no habrá pleno—, la Cámara volverá a evidenciar una realidad: las derechas suman más. Al menos de momento.
El pleno derogará previsiblemente este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, además de limitar al 2 % las actualizaciones anuales de renta. Junts ha reiterado su rechazo, alineándose con PP y VOX, que ni siquiera han abierto la puerta a negociar el texto.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 confirman que será el ministro Pablo Bustinduy quien defienda el decreto.
A esta previsible derrota se suma la incertidumbre sobre la iniciativa de ERC para crear un consorcio de inversiones para Cataluña, pactado con el Govern de Salvador Illa. Los apoyos para iniciar su tramitación no están garantizados. El organismo, diseñado para activar proyectos y asegurar que la ejecución de la inversión estatal en Cataluña supere el 90 %, tampoco cuenta con el visto bueno de Junts.
Así, una vez más, Junts aprieta pero no ahoga. No facilita, pero tampoco tumba. Un equilibrio inestable que hoy bloquea al Gobierno, pero que en La Moncloa dan por transitorio: la apuesta estratégica pasa por el verano judicial. Si se cumple el guion que manejan las fuentes consultadas, la política volverá a moverse en otoño. Y con ella, las mayorías.
